José Iván Martínez Galicia y Otros.
Expediente 484/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Iván Martínez Galicia y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual, por una parte, acusa recibo del oficio 2404, por el que se le remitió la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 484/2018, promovida por José Iván Martínez Galicia y Samuel Flores Hernández, al haberse declarado incompetente este juzgado; y por otra, que aceptó la competencia declinada, quedando registrada con el número 1165/2018. Ahora, como de autos se advierte que en el presente juicio de amparo, no existen pendientes actuaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se hace el conocimiento de las partes, que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por José Iván Martínez Galicia y Samuel Flores Hernández, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, Oaxaca; que hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- "Lo constituye la orden de traslado de los internos JOSÉ IVÁN MARTÍNEZ GALICIA Y SAMUEL FLORES HERNÁNDEZ al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, siendo que los mismos nos encontramos sujetos a la jurisdicción y competencia del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ello en virtud de que a la presente fecha aún no se resuelve un procedimiento identificado con el número de causa 186/2010, que nos instruye el Juzgado de referencia, como probables responsables en la comisión de los delitos de "EVASIÓN DE PRESOS Y/O DE REO" y "LESIONES", de las cuales a la presente fecha ha prescrito su persecución". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 484/2018. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la determinación reclamada consiste en el traslado físico y material que sufrieron los quejosos José Iván Martínez Galicia y Samuel Flores Hernández, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, del Centro de Penitenciario de Tehuantepec, Oaxaca, al Centro Federal de Reinserción Social Número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; además, que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad manifestaron que se encuentran recluidos actualmente en el Centro Federal de Reinserción Social Número 13 "CPS OAXACA), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer este asunto y se determina que corresponde a un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dado que es en esa jurisdicción donde se materializó la ejecución del acto reclamado y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca, resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Cobra aplicación a las consideraciones anteriores, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, con registro 169343, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVIII, Julio de 2008, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno" (lo destacado es propio). Asimismo, se comparte el criterio sustentado en la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". No representa obstáculo, que en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de amparo lo es el Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno; también lo es que el Alto Tribunal reconoció que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario, situación que se actualiza en el caso, dado que los directos quejosos reconocieron expresamente que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social Número 13 "CPS OAXACA), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, únicamente tiene cabida cuando todavía no se han consumado o culminado las etapas del procedimiento de traslado de reos; es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentran pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; empero, cuando se ha materializado el traslado de la persona en comento al nuevo centro de readaptación se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es patente que la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, subsiste a pesar de que el procedimiento de ejecución de la orden de traslado sea de tracto sucesivo, si tal mandamiento ya se ha materializado con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario, dado que se trata, en ese caso, de un acto ya ejecutado. Sobre tales premisas, es dable concluir que será competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclame una orden de traslado materializada, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se agotó el tercer momento de la ejecución de la orden relativa; es decir, cuando se haya dado el ingreso del reo al nuevo centro de reclusión, pues con esta etapa finaliza dicha ejecución. Por tanto, si la autoridad responsable agotó el tercer momento de la ejecución de la orden de traslado reclamada; es decir, por el cual se ingresaron a los ahora quejosos al nuevo centro de reclusión; esto es, al Centro Federal de Reinserción Social Número 13 "CPS OAXACA), con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, es incontrovertible que con esta etapa culminó la ejecución de la referida orden. Al respecto, se comparte el criterio sostenido en la tesis I.15º.A.1.A (10ª), con registro 2000066, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de dos mil doce, página cuatro mil trescientos once, Décima Época, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." (Lo Resaltado es propio de este juzgado) En las relatadas condiciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito, en turno, en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, así como las cuatro copias simples que se exhibieron de la misma, y, solicítese al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Déjese copia certificada de la demanda de garantías en sustitución de la original. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Ernesto Antonio López Verdín y Brenda Coral Garnica Atemiz, dado que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparecen registradas cédulas profesionales a su favor que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. III-B-Penal
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