Jose Ivan Garcia Vicario

Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
379/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Ivan Garcia Vicario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a la parte quejosa el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada resolución ha causado estado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo del oficio con el que habría de notificarse a la autoridad responsable el proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y dicho sentido no le causa ningún perjuicio, ni la legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Se ordena reexpedir oficio. Sin perjuicio de lo anterior se ordena girar el oficio correspondiente con transcripción del proveído emitido el diez de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que la autoridad responsable tenga conocimiento del citado fallo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, un tomo de pruebas que remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintidós. Se recibe informe. Agréguese a los autos los el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a través del cual informa que el tres de marzo de dos mil veintidós, se celebró un convenio entre las partes; asimismo, el cuatro de marzo siguiente, se tuvo por cumplido dicho convenio al haberse satisfecho las pretensiones de la parte actora y se ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 1707/2018-3C. Pruebas. En cuanto a la prueba documental que se anexó, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la -paralización injustificada o dilación del expediente laboral 1707/2018-3C, desde el diez de febrero de dos mil veinte- según la petición del quejoso, dejó de existir, ello, con motivo del convenio celebrado el tres de marzo de dos mil veintidós, mismo que se tuvo por cumplido el cuatro de marzo siguiente. Es así, porque de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, se desprende lo siguiente: 1. Que el tres de marzo de dos mil veintidós, siendo las doce horas con cuarenta minutos compareció María Alejandra Serrano Farrera, autorizada del quejoso José Iván García Vicario, así como la apoderada legal de CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de celebrar un convenio entre las partes, en la que se determinó que el quejoso por conducto de su autorizada se desistió de la acción y demanda intentada en el juicio laboral 1707/2018-3C, en contra de las empresas VANEVI, Sociedad Anónima de Capital Variable y CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable. En la que, la demandada CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, se comprometió a pagar la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, así como la cantidad de ($500.00) quinientos pesos moneda nacional, por cada día de incumplimiento del citado convenio. 2. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar la comparecencia de María Alejandra Serrano Farrera, autorizada del quejoso José Iván García Vicario, así como de la apoderada legal de CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que ésta última diera cumplimiento al convenio celebrado el tres de marzo de dos mil veintidós, por lo que, exhibió la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional. Derivado de lo anterior, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, certificó y dio fe de la entrega y recepción de la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional, a favor del aquí quejoso José Iván García Vicario, la cual fue recibida a satisfacción del mismo y se tuvo por concluido el juicio laboral 1707/2018-3C y se mandó al archivo. En tales condiciones, al haberse celebrado y resuelto la solicitud planteada por el quejoso, en el juicio laboral 1707/2018-3C; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la situación de inacción que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago constar que en cumplimiento al proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de diez de marzo de dos mil veintidós a la parte tercero interesada CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de amparo 379/2021-I por medio de lista de estrados, que dice:Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintidós. Se recibe informe. Agréguese a los autos los el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a través del cual informa que el tres de marzo de dos mil veintidós, se celebró un convenio entre las partes; asimismo, el cuatro de marzo siguiente, se tuvo por cumplido dicho convenio al haberse satisfecho las pretensiones de la parte actora y se ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 1707/2018-3C. Pruebas. En cuanto a la prueba documental que se anexó, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la -paralización injustificada o dilación del expediente laboral 1707/2018-3C, desde el diez de febrero de dos mil veinte- según la petición del quejoso, dejó de existir, ello, con motivo del convenio celebrado el tres de marzo de dos mil veintidós, mismo que se tuvo por cumplido el cuatro de marzo siguiente. Es así, porque de las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, se desprende lo siguiente: 1. Que el tres de marzo de dos mil veintidós, siendo las doce horas con cuarenta minutos compareció María Alejandra Serrano Farrera, autorizada del quejoso José Iván García Vicario, así como la apoderada legal de CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de celebrar un convenio entre las partes, en la que se determinó que el quejoso por conducto de su autorizada se desistió de la acción y demanda intentada en el juicio laboral 1707/2018-3C, en contra de las empresas VANEVI, Sociedad Anónima de Capital Variable y CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable. En la que, la demandada CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, se comprometió a pagar la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, así como la cantidad de ($500.00) quinientos pesos moneda nacional, por cada día de incumplimiento del citado convenio. 2. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar la comparecencia de María Alejandra Serrano Farrera, autorizada del quejoso José Iván García Vicario, así como de la apoderada legal de CBC Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que ésta última diera cumplimiento al convenio celebrado el tres de marzo de dos mil veintidós, por lo que, exhibió la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional. Derivado de lo anterior, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, certificó y dio fe de la entrega y recepción de la cantidad de ($25,000.00) veinticinco mil pesos moneda nacional, a favor del aquí quejoso José Iván García Vicario, la cual fue recibida a satisfacción del mismo y se tuvo por concluido el juicio laboral 1707/2018-3C y se mandó al archivo. En tales condiciones, al haberse celebrado y resuelto la solicitud planteada por el quejoso, en el juicio laboral 1707/2018-3C; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la situación de inacción que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintidós. Informe. Agréguese a los autos, el escrito firmado por María Alejandra Serrano Farrera, autorizada del quejoso, mediante al cual informa que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, señaló el siete de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de pruebas en el juicio laboral 1707/2018-3C; por lo que, considera que queda insubsistente el acto reclamado. Requerimiento autoridad. Por tanto, con la información precisada en párrafos que anteceden y al existir un indicio respecto de la posible actualización de una causal de improcedencia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles legalmente computado, remita copia certificada del juicio laboral 1707/2018-3C de su índice. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, Enero de 2006, Tomo XXIII, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 176291, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior o no informe el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización -$4,811.00 cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional-, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.

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