José Iván Fernández Culebro

Expediente 1310/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1310/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • José Iván Fernández Culebro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 33-36), mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente la resolución ministerial de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictada dentro de la averiguación previa ******; y II. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en el mismo o diverso en sentido, pero de manera fundada y motivada, purgando los vicios formales (motivación y fundamentación) que afecten el acto reclamado y que se puntualizan en esta sentencia debiendo notificar personalmente a los quejosos tal determinación". Ahora, a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Publico de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 280 a 292), dio cumplimiento en cuanto a dejar insubsistente la resolución ministerial de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictada dentro de la averiguación previa ******; así como dictar con plenitud de jurisdicción una nueva determinación, en el mismo o diverso en sentido, pero de manera fundada y motivada y notificar personalmente a los quejosos tal determinación. Pues de las copias certificadas remitidas consistentes en el acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, se advierte que el Ministerio Público responsable estableció las causas particulares por las cuales consideró debían seguir retenidos los bienes de referencia, así como la vinculación entre el motivo de la retención con las diligencias en las cuales se encontraba relacionado. Asimismo, fundamento su resolución en numeral 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prevé la devolución de bienes asegurados. Sin embargo, en la sentencia de marras se le constriño a que estableciera cuántas y cuáles son las diligencias necesarias pendientes de realizar por las cuales debía continuar retenidos los bienes, así como la relación con los delitos investigados, es decir, la correspondencia que tuvieran tales diligencias con el esclarecimiento de los hechos, para que de ese modo se determinara su conservación, así como la temporalidad del aseguramiento. Lo anterior, toda vez que el aseguramiento de bienes dentro de la carpeta de origen fue decretado en veintinueve de noviembre de dos mil catorce, es decir, alrededor de catorce años de su aseguramiento, sin que el agente responsable de destino a los bienes asegurados a los aquí quejosos. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Agente del Publico de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las que se advierta que dictó un nuevo auto en el cual de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, precisando lo siguiente: *** Tampoco establece cuántas y cuáles son las diligencias necesarias pendientes de realizar por las cuales deba continuar retenidos los bienes, así como la relación con los delitos investigados, es decir, la correspondencia que tuvieran tales diligencias con el esclarecimiento de los hechos, para que de ese modo se determinara su conservación, ni mucho menos la temporalidad de éstas. .". Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien unidades de medida y de actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. No obstante lo anterior, en caso de que no cumplir con la ejecutoria, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la ley en la materia. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, tomo I, página 19, noviembre de 2014, número de registro electrónico 2007918, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". NOTIFÍQUESE.

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