José Ivan Bustos García

Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
621/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • José Ivan Bustos García
  • Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos de Alto Impacto en esta ciudad y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa José Iván Bustos García, hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Por ende, una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto IX-621/2020, promovido por José Iván Bustos García, por su propio derecho, contra los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos); y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, José Iván Bustos García, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos), de quien reclamó los siguientes actos: "IV. ACTO RECLAMADO .la negativa de la devolución que el suscrito le hiciera mediante escrito dentro de la carpeta de investigación número MOR/053/32881/2020, NUC 1003202028517, presentado de fecha 14 de septiembre del año 2020 del vehículo de mi propiedad de la marca NISSAN, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT con número de placas para circular PFB706, del estado de Michoacán, así como también se reclama de la autoridad responsable antes mencionada la negativa a darme acceso a la carpeta de investigación antes citada así como la negativa a expedirme copias de todos y cada uno de los registros de la carpeta de investigación ya referida." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose la misma con el número de amparo IX-621/2020; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto negativo de una autoridad administrativa con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, su ampliación y las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La negativa a devolverle el vehículo que dice es de su propiedad, de la marca NISSAN, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT con placas de circulación PFB706, del Estado de Michoacán, el cual se encuentra afecto en la carpeta de investigación MOR/053/32881/2020, con número único de caso 1003202028517. La negativa a darle acceso a la carpeta de investigación antes citada. Así como la negativa a expedirle copias de todos y cada uno de los registros de la carpeta de investigación. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige el juicio de garantías, debe en principio de analizarse si de las constancias aportadas al sumario constitucional, deriva la certeza o la inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, deberán estudiarse de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta el juzgador se actualicen en el particular, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la Ley de la Materia; es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien, del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que, los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Tiene aplicación a lo precedente la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Como anteriormente se precisó, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el quejoso a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos), entre otros, consisten en la omisión de darle acceso a la carpeta de investigación MOR/053/32881/2020, con número único de caso 1003202028517, así como la negativa a expedirle copias de todos y cada uno de los registros de la carpeta de investigación. Por su parte, la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos), al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye manifestando que al quejoso se le ha dado acceso al expediente y que no ha tenido interés en obtener copias, ya que no ha acudido ante dicha Institución a solicitarlas, pues al efecto indicó lo siguiente: ".También agrego que al ya comparecer el C. José Iván Bustos ante esta Fiscalía ni presentar copias cotejadas de la unidad en comento se le comentó que podría tener acceso a los registros de investigación pero él mismo hasta la fecha no ha tenido interés en obtener copias toda vez que no ha acudido ante la suscrita a solicitarlas. . Al Acto reclamado de la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación MOR/053/32881/2020, caso único 1003202028517; y Negativa de expedirle copia del registro de la citada carpeta de investigación, he de manifestar que hasta que el C. José Iván Bustos García acreditó su personalidad y su interés sobre los accesos a los registros se le dio el acceso, pero como ya lo mencione hasta el momento no ha tenido interés de acercarse a la suscrita para tal efecto." Dicha autoridad responsable aportó como prueba de su parte, diversas actuaciones de la carpeta de investigación MOR/053/32881/2020, caso único 1003202028517; las cuales, constituyen un indicio que se encuentra corroborado con el informe justificado respectivo. En otro orden de ideas, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar las negativas de los actos atribuidos a las responsables debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados, y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/308, que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en la página 77, del tomo 80, agosto de 1994, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". A mayor abundamiento, dado que el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 78 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, es inconcuso que lo reclamado en sede constitucional debe corresponder a actos actuales, reales o inminentes. En el caso se advierte que el quejoso no aportó prueba alguna tendiente a probar el acto reclamado, pues no presentó ninguna que demuestre, en primer lugar, que se le haya negado el acceso al expediente, ni que se le hubiere rechazado alguna petición de copias de todos y cada uno de los registros de la citada carpeta de investigación. Ello púes únicamente exhibió copia simple del cuaderno de antecedentes número 00317/2020, de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el que se le negó el señalamiento de hora y fecha para la audiencia, respecto a la petición formalizada por el aquí quejoso, a fin de que le fuera devuelto el vehículo que dice ser de su propiedad y que se encuentra afecto en la carpeta de investigación MOR/053/32881/2020, caso único 1003202028517 (foja 22 de autos). Por tanto, tomando en consideración que el quejoso no aportó documento alguno, para desvirtuar fehacientemente la negativa de los actos referidos y, por ende, acreditar la existencia del acto que le reclama a la citada autoridad responsable; es dable concluir que los actos referidos sobre la negativa a autorizar el acceso a la carpeta de investigación y de copias, motivo de la presente litis constitucional, no existen. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284, Sexta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, del tomo VI, materia común, 1917-2000 que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos), en cuanto a la negativa de devolverle el vehículo que defiende el quejoso en esta instancia constitucional, pues así se advierte del informe con justificación que rindió, en el sentido de que se le negó la devolución del vehículo que solicitaba, dado que ya había sido devuelto a Yuritzi Samantha Fabela Molina, la que, dijo, había acreditado la propiedad con documentos que le fueron expedidos por la Secretaría de Finanzas. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación número MOR/053/32881/2020, caso único 1003202028517, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, de oficio, se advierte la actualización en forma indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto Constitucional y las porciones normativas transcritas se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con las acotaciones respectivas a dichos conceptos; por otra parte, se indica que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, la acción Constitucional únicamente procede cuando se ejerce con base en un interés jurídico. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia de mérito se basa en el principio general para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia de un agravio personal y directo, el cual debe justificar la parte quejosa en el proceso Constitucional, pues sólo así legitimará su interés jurídico para tales fines. De tal forma, la improcedencia se actualiza cuando el acto o actos de autoridad reclamados no lesionan los derechos subjetivos legítimamente tutelados en favor de la parte quejosa. En efecto, con relación a ese tema, se reitera, el interés para acudir al juicio de amparo deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; preceptos conforme a los cuales se fija la procedencia de la acción Constitucional contra actos de autoridad provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, la porción normativa Constitucional prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual, el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos humanos; y, el numeral citado de la Ley de Amparo exige la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, sólo está legitimado para instar la acción Constitucional el titular de un derecho humano que, estima, se lesiona mediante la emisión del acto o actos de autoridad; por ende, se establece como presupuesto lógico, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, lo cual constituye el interés jurídico previsto por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo; en la intelección de que el mismo debe acreditarse fehacientemente, de manera que no se infiera con base en presunciones. Con relación al tema de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; y, 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a página 1598, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, establecieron criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: a) El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En ese contexto, aun cuando el artículo 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo alude a un interés legítimo individual o colectivo para acudir al juicio de amparo, es decir, se hace especial distingo entre los actos derivados de procedimientos judiciales, para los cuales se exige contar con un interés jurídico; y, los demás actos, para cuya impugnación basta con justificar el interés legítimo de quien acude a la instancia Constitucional. En el caso concreto, de las constancias que la autoridad responsable mencionada adjuntó a su informe justificado y, las que de oficio se requirieron, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación número MOR/053/32881/2020, número único de caso 1003202028517, de su índice, se aprecian los antecedentes siguientes: Denuncia. Mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil veinte, ante la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Contra Robo de Vehículos, de la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, comparecieron Armando Flores Barrera y Esperanza Moran Valadez, elementos de la Policía Michoacán, adscritos a la Comisaria de Distrito Región Morelia, quienes manifestaron que al hacer un recorrido de vigilancia el día cuatro de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las 20:52 horas, al ir circulando por la Avenida Nocupétaro, a la altura de la colonia Industrial, una persona del sexo femenino les hizo señas y detuvieron su marcha, para lo cual les señaló un vehículo, el cual era de su propiedad y que se lo habían robado con anterioridad siendo este de la marca nissan, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT con placas de circulación PFB706, del Estado de Michoacán, para lo cual se ostentó propietaria de dicho bien mueble; y, los elementos policiacos aseguraron el automotor correspondiente (fojas 155 y 156 de autos). Orden de investigación. Atento a lo anterior, la citada Agente del Ministerio Público radicó la denuncia con la carpeta de investigación número MOR/053/32881/2020, número único de caso 1003202028517, de su índice, y en lo relevante, ordenó el inicio de la investigación a la Policía Ministerial (foja 157 ibídem). Atento a lo anterior, mediante comparecencia ministerial de seis de agosto de dos mil veinte, Yuritzi Samantha Fabela Molina, manifestó, en lo relevante, los hechos de cómo estimó le fue robado el vehículo de su propiedad marca nissan, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT con placas de circulación PFB706, del Estado de Michoacán; y, en esa misma fecha se realizó el acuerdo de devolución de vehículo (fojas 160 y 173 ibídem). Diversa comparecencia de Yuritzi Samantha Fabela Molina, de diez de agosto de dos mil veinte, en la que presenta diversas documentales (copia de factura, tarjeta de circulación, refrendo de 2019, y reporte vehicular individual) relativas a la propiedad del vehículo afecto a la carpeta de investigación (foja 166 a 172 ibídem). Comparecencia de Rommel Servín Aguilar, el día trece de agosto de dos mil veinte, ante la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Contra Robo de Vehículos, de la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (fojas 178 y 179 ibídem). Escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veinte, ante la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Contra Robo de Vehículos, de la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, por José Iván Bustos García, mediante el cual solicita la devolución del vehículo que dice es de su propiedad y que identifica como: marca nissan, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT con placas de circulación PFB706, del Estado de Michoacán (foja 184 ibídem). Acta de entrevista a José Iván Bustos García, llevada a cabo el catorce de septiembre de dos mil veinte, por parte de la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Contra Robo de Vehículos, de la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (fojas 187 a 189 ibídem). Establecido lo anterior, previo a exponer las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que, el presente asunto, en principio, tiene su origen en el derecho de petición ejercido por la ahora quejosa ante la citada autoridad ministerial, a través del cual, solicitó la devolución del multicitado vehículo; derecho humano previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de contenido siguiente: "[.] Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por los gobernados, lo cual implica que la autoridad está obligada a contestar lo solicitado, es decir, a emitir un acto positivo. 2. La respuesta debe ser congruente con lo solicitado por los gobernados, de tal forma que conozca el fondo de la contestación recaída a su solicitud; y, 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición de los gobernados en breve término, es decir, la autoridad está obligada a notificar en breve término la respuesta recaída a la petición formulada por los gobernados. Así, cuando se examina el cumplimiento al derecho de petición, consagrado por ese precepto Constitucional, es indispensable analizar que la respuesta sea congruente con lo solicitado, así como la notificación de dicha contestación. Con base en lo anterior, se advierte que, en el caso concreto, se cumplió con lo establecido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo saber en breve término al peticionario, lo cual aconteció en el caso concreto, de conformidad con lo narrado líneas precedentes. En ese orden de ideas, si bien, se reitera, la materia del presente juicio Constitucional tiene su génesis en un acto inherente al ejercicio del derecho de petición respecto a la devolución del vehículo que constituye la materia del hecho delictuoso que originó la carpeta de investigación natural, el juicio de amparo se promovió en contra de la respuesta dada por la representación social, conforme a la cual negó la devolución del citado bien mueble. Por tanto, como dicho aspecto se relaciona inescindiblemente con el tema de la propiedad del vehículo y, por tanto, solicitó la restitución del bien, es decir, la posesión de éste, es inconcuso que, a través del presente juicio de amparo la parte quejosa pretende tutelar el derecho de posesión -originaria, por considerar ser la legitima propietaria del vehículo condigno-, razón por la cual, está conminada, como presupuesto básico de procedencia del juicio de amparo, a justificar, en principio, que la posesión condigna se justifique con base en alguna figura jurídica o, precepto legal. Esto es, su interés jurídico. En efecto, con relación al tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/1991, estableció que la única posesión objeto de tutela en el juicio de amparo, es la ejercida como manifestación de un derecho, es decir, siempre y cuando el poder de hecho detentado sobre el bien tenga una causa u origen que faculte a quien se queja, a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias. Consideraciones que quedaron plasmadas y son aplicables por analogía en la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". Ahora, de acuerdo con el criterio del citado Alto Tribunal, para el caso concreto de quien pretende impugnar una desposesión, se reitera, es necesario contar con título apto para tales fines; lo anterior, porque uno de los efectos de la determinación condigna, en el caso concreto, es que en la carpeta de investigación de la cual deriva el acto reclamado, se despoje lícitamente de la posesión a quien ejerce sobre el mueble un poder de hecho. Por lo cual, es necesario demostrar en el juicio de amparo que en dicha carpeta de investigación o, durante la tramitación del juicio de amparo, la parte quejosa tiene la titularidad de ese derecho subjetivo, verbigracia, posesión originaria derivada de la propiedad; lo anterior, porque la falta de demostración del título fehaciente y confiable implica que la posesión no es susceptible de ser tutelada a través del juicio de amparo. Establecido lo anterior, en el caso justiciable, se reitera, la parte quejosa indica genéricamente que el bien mueble multicitado es de su propiedad y para tales fines, adjuntó la factura MU9146, de fecha once de septiembre de dos mil trece, a nombre de Mayra Nelly Baltazar Rangel, en la que se hace constar la compraventa del vehículo marca NISSAN, con número de serie 3N1CN7AD4EK423904, modelo 2014, color negro, tipo versa advance AT, con clave vehicular 0044705 (foja13); así como diversos comprobantes fiscales relativos al pago del refrendo anual de calcomanía y uno de canje de placas, todas a nombre de Mayra Nelly Baltazar Rangel (fojas 14 a 17) y, un recibo de pago de tenencia del año dos mil trece (foja 20). De ahí que las indicadas en segundo y tercer lugar sean irrelevantes para acreditar el interés jurídico En el mismo sentido, la primera documental es insuficiente para acreditar su interés jurídico, de manera fehaciente, pues de la citada factura que exhibe, si bien existe un endoso a su favor; cabe referir que la firma que calza el mismo, no se advierte a quien pertenezca virtud que no refiere el nombre de quien funge como endosante, de ahí que no existe certeza sobre que la persona que le endoso la factura, sea la propietaria del vehículo automotor. Incluso, aunque aparece el endoso que se realizó a favor de Yuritzi Samantha Fabela Molina, y el sello de la Administración de Rentas, del tres de diciembre de dos mil diecinueve; ello solo dota de veracidad dicho endoso a favor de la tercera interesada, no así en beneficio del quejoso. Aunado a lo anterior, la factura correspondiente carece de fecha cierta, ya que no se advierte que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, o la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, la fecha en que se entregó a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuyo caso ese documento no podrá oponerse a terceros ajenos a él. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se pretende justificar el interés jurídico sólo con la exhibición de documentos privados, es necesario que sean de fecha cierta para ser jurídicamente oponibles a terceros ajenos a éstos pues, de no ser así, sólo surten efectos entre las mismas partes suscriptoras, debido a que su eficacia jurídica frente a terceros no depende de si son reconocidos por los propios suscriptores, o de si fueron objetados en el juicio de amparo, sino que surge exclusivamente del requisito indispensable de fecha cierta, adquirido a través de alguna de las hipótesis mencionadas para conferirle esa calidad probatoria. Pues, su falta de objeción, solo implica que dicho documento surta efectos entre quienes lo celebraron. Por ello, ante la incertidumbre respecto de la propiedad del vehículo y, por tanto, la posesión originaria que pretende tutelar la parte quejosa a través del presente juicio de amparo, es inconcuso que, en el caso concreto, la parte quejosa soslayó justificar fehacientemente su interés jurídico con relación al bien mueble multicitado, a efecto de que sea dable establecer su tutela a través del presente juicio de amparo indirecto. Finalmente, la carta responsiva que obra en autos (foja 180), no constituye un acto traslativo de dominio a favor del quejoso; y no fue firmado por quien aparece como propietaria en la factura exhibida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 7/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 9, que dice: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Asimismo, en lo conducente por analogía, la Tesis II.3o.A.111 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Administrativa, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1812, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA PERSONA QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE EMBARGARON BIENES MUEBLES QUE RECLAMA COMO DE SU PROPIEDAD, DEBE ACREDITARLO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE FACTURAS DE FECHA CIERTA, SI ES QUE FUERON ENDOSADAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Si la autoridad administrativa decreta el embargo de bienes muebles y la persona que se ostenta como tercero extraño en el procedimiento de origen reclama su propiedad mediante el amparo indirecto, promovido conforme a la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en congruencia con la jurisprudencia P./J. 7/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 9, de rubro: "FACTURAS 'ENDOSADAS' A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL 'ENDOSO' ES DE FECHA CIERTA.", debe acreditar su interés jurídico para acudir al juicio constitucional mediante la exhibición de facturas de fecha cierta, si es que fueron endosadas, pues en la jurisprudencia citada se precisa que la falta de esa característica impide que el endoso surta efectos contra terceros, pues sólo produce derechos y obligaciones entre las partes." De igual forma, la jurisprudencia número 28, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (Actualización 2002), de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Finalmente, sirve de orientación, la tesis III.2o.P.14 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 2289, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común-Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de contenido siguiente: "VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO LO CONSTITUYE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO POR LA QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DE UN INMUEBLE ASEGURADO, POR LO QUE PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA DICHA NEGATIVA ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO QUE TIENE RESPECTO DE ESE BIEN. Para ejercer la acción de amparo y proteger el derecho de petición en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de un bien, es innecesario acreditar la propiedad o posesión de éste, pues basta la solicitud que por escrito, en forma pacífica y respetuosa se haya hecho a la autoridad respectiva, así como la falta de respuesta o bien que ésta sea incongruente; sin embargo, cuando se trata de la acción constitucional intentada contra la respuesta del Ministerio Público por la que niega la devolución de un inmueble asegurado, lo cual notifica al quejoso, ello constituye la materia de fondo de dicha solicitud y no una violación al derecho de petición, por lo que para promover el amparo contra dicha negativa es necesario que acredite el interés jurídico que tiene respecto de ese bien." En tales circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es improcedente analizar los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados, que son aspectos que no pueden analizarse en este amparo, ante el sobreseimiento decretado. Apoya lo así expuesto, la jurisprudencia número 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". No se atenderán los alegatos formulados en autos, toda vez que no son materia de la litis Constitucional y, por ello, no existe el deber de atender las argumentaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." (Registro: 205449, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Página 14) Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número IX-621/2020, promovido por José Iván Bustos García, contra actos que reclama de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos del Alto Impacto (Robo de Vehículos), por las razones anotadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el engrose del mismo. Doy fe.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 621/2020 promovido por José Ivan Bustos García contra actos del Agente del Ministerio público adscrito a la Fiscalía para la Atención Especializada a Delitos de alto impacto (robo de vehículos), con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesada Yuritzi Samantha Fabela Molina, quien se encuentra debidamente emplazada, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para la Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto (Robo de Vehículos). EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIA: Se hace constar que en este asunto obran las documentales que el quejoso exhibió con su escrito de demanda, así como las que presentó mediante escrito presentado ante este juzgado el catorce de abril de dos mil veintiuno; también obran las documentales que la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para la Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto (Robo de Vehículos), con sede en esta ciudad, remitió en apoyo de su informe justificado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍACon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO Con vista a las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto (Unidad contra robo de vehículos), a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el treinta de mayo de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, glósese el legajo de copias certificadas que ahora remite la autoridad para que obren como legalmente correspondan, sin perjuicio de hacer relación de esa documental al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.eeg Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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