Jose Ivan Basaca Perez
Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Ivan Basaca Perez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana por medio del cual informa que se avocó al conocimiento de la incompetencia declarada por este órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo 1099/2021-5, promovido por José Iván Basaca Pérez, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Demanda. Vista la demanda promovida por José Iván Basaca Pérez, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial, con residencia en Tecate; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1099/2021-5; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama a las responsables la omisión de resolver el beneficio de la remisión parcial de la pena presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Acorde con la descripción previa del acto reclamado y tomando en consideración que José Iván Basaca Pérez, según el escrito de demanda, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", con residencia en Tecate, Baja California, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la omisión reclamada, se producirán indefectiblemente en el Centro de Reinserción Social con sede en el Municipio de Tecate, Baja California, toda vez que la omisión que reclama el aquí quejoso impacta directamente en su libertad, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al reclamarse la omisión de resolver sobre el beneficio de la remisión parcial de la pena por parte de las autoridades responsables, implica que éste continúe privado de su libertad en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido -Tecate, Baja California- y, ante ello, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en el que se encuentran el impetrante. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177673, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, página 5, de la Novena Época, registro 178232, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual modo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción XII, que a su vez remite al punto XV, establece lo siguiente: "[.] XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. De la porción trascrita se desprende que los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que comprende Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Bajo esa tesitura, es claro que la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito correspondiente, con sede en Tijuana, Baja California, donde tendrán lugar los efectos positivos del acto de omisión reclamado a la responsable. Por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana. Resulta de oportuna aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que aparece en la página 67, del tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, bajo la voz: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Exhorto. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en Centro de Reinserción Social "El Hongo 1", con residencia en Tecate, Baja California, y notifique la presente determinación al quejoso José Iván Basaca Pérez. En el entendido, que con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles. Domicilio del quejoso. Asimismo, se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que, en su caso, se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles) que puedan contener. Notifíquese personalmente al quejoso mediante exhorto.
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