José Israel Rosas Velázquez

Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • José Israel Rosas Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que ********** y **********, Presidenta de Acción y Vigilancia, integrantes de la Mesa Directiva de la Organización de la Sociedad Civil, que defienden los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), denominada Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, asociación civil (PIDH), en representación de José Israel Rosas Velázquez y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión en contra el auto del veintiséis de abril pasado, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, ha quedado firme, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitiendo el testimonio de la resolución pronunciada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial (separación de juicios) 9/2023, donde en lo conducente declaró que éste juzgado debe de continuar conociendo del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones respectivas. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ***********, integrantes de la mesa directiva de la organización "Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, asociación civil", en representación de José Israel Rosas Velázquez y otros, y se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 963/2022-III del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, del que derivó la separación de juicios de que se trata. En este asunto, la parte quejosa señala como actos la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atribuye a la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y otra autoridad. En ese sentido, este juzgador advierte que actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos: Lo anterior, dado que se estima que la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que sus actos no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. De las disposiciones legales señaladas anteriormente, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte. Además, autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, con la posibilidad que bajo la Ley de Amparo, los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para mejor comprensión del concepto de autoridad, es ilustrativa la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la referida Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, página mil ochenta y nueve, con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De esos criterios, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, válidamente puede concluirse que tal concepto debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirse; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que los involucrados deben acudir ante los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se llevan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. A su vez, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, que actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, reguladas por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Derivado de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, también debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, en el presente caso, de los artículos mencionados se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente, únicamente, respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos y, por otro, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Así, el rasgo distintivo del acto de autoridad es la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, que ocasiona un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, por la existencia de una relación de supra a subordinación. Destacado todo lo anterior, se advierte que el promovente de amparo reclama de las autoridades responsables la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso José Israel Rosas Velázquez, derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de alguna autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello, porque con el acto que la parte quejosa pretende reclamar no se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del directo quejoso, ya que si bien esa resolución tiene probables violaciones que dice la parte promovente se cometieron durante la tramitación del procedimiento de origen, fueron emitidas dentro de un expediente que tiene por objeto investigar presuntivas violaciones de derechos humanos y formular opiniones o recomendaciones a fin de repararlas. Empero, tales determinaciones emitidas por visitaduría y coordinación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no tienen el carácter de imperativas ni son obligatorias para las autoridades que se dirijan; máxime que por sí solas no pueden anular, modificar o dejar sin efecto resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia correspondiente. En esas condiciones, se concluye que los actos no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que se refieren al trámite, pruebas del procedimiento natural y la resolución en que se contiene la opinión consultiva emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los cuales no modifican, crean o extinguen la situación jurídica de la parte promovente. Lo que se corrobora con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en la contradicción de tesis 183/2017, en sesión de diez de enero de dos mil dieciocho, al determinar si el desechamiento de un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por tanto, si el amparo es procedente en su contra. En esa contradicción de tesis, la Primera Sala estimó, en lo que interesa, que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para llegar a esa conclusión, la Primera Sala estudió: (i) La improcedencia del amparo contra las recomendaciones; (ii) El recurso de impugnación y el desechamiento de éste; y, (iii) Si el amparo procede contra dicho desechamiento. (i) La improcedencia del Amparo contra las recomendaciones En este primer apartado, el Máximo Tribunal estableció que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula a los Organismos de Protección de Derechos Humanos Locales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conforme a ese artículo, analizó la Primera Sala, la función de estos organismos es conocer de quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público -salvo el Poder Judicial de la Federación- y formular recomendaciones a las autoridades implicadas. Además, la CNDH es un organismo constitucionalmente autónomo, lo que significa que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios e independencia para emitir sus recomendaciones. Luego, destacó que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la naturaleza de las recomendaciones emitidas por los organismos de protección a los derechos humanos y la improcedencia del juicio de amparo en su contra, conforme a los amparos en revisión 426/2013 y 448/2015 . Por último, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia destacó que aun cuando se emita la recomendación solicitada, no puede considerarse "que sea susceptible de afectar o lesionar la esfera jurídica de los particulares, en virtud de que al no ser vinculatoria, su realización no tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, las situaciones jurídicas o fácticas preexistentes al momento en que se emitió la resolución, sino solamente recomendar a la autoridad correspondiente que sea ella la que produzca esas consecuencias" (énfasis añadido en la contradicción de tesis). En conclusión, de acuerdo con los precedentes citados, ni el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son impugnables vía amparo, porque en ambos casos, las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita. Lo anterior, es congruente con el hecho de que las recomendaciones no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque como se ha indicado reiteradamente, las recomendaciones no son vinculatorias, por lo que no pueden alterar la esfera jurídica de las personas. Además, el hecho de que se haya emitido una recomendación implica necesariamente que se le dio acceso al interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que de ninguna manera podría violar ese derecho. En conclusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que ni el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son analizables a través del juicio de amparo biinstancial. Así, se concluye que los actos reclamados no son impugnables mediante el juicio de amparo, ya que se trata de la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta, la cual fue emitida por la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como de diversos actos cometidos dentro de la tramitación de ese procedimiento, por lo que esos actos no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita y, por ende, no pueden considerarse de autoridad para efectos de la tramitación del juicio biinstancial. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis VI.3o.16 K del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 507 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, abril de 1999, Novena Época, de rubro: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues a ningún fin práctico conduciría continuar con la tramitación del juicio y que de modo alguno puedan desvirtuar la causa de improcedencia y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, pues lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que establece al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a la resolución que antecede, resulta innecesario señalar fecha para audiencia constitucional en el presente asunto. Téngase, como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica, ya que el domicilio señalado para tales efectos se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. No obstante lo anterior, por única ocasión, notifíquesele personalmente en domicilio que indica. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones encomendadas en este asunto. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisan, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitiendo el testimonio de la resolución pronunciada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial (separación de juicios) 9/2023, donde en lo conducente declaró que éste juzgado debe de continuar conociendo del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo vía interconexión, háganse las anotaciones respectivas. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ***********, integrantes de la mesa directiva de la organización "Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, asociación civil", en representación de José Israel Rosas Velázquez y otros, y se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 963/2022-III del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, del que derivó la separación de juicios de que se trata. En este asunto, la parte quejosa señala como actos la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atribuye a la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y otra autoridad. En ese sentido, este juzgador advierte que actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos: Lo anterior, dado que se estima que la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que sus actos no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. De las disposiciones legales señaladas anteriormente, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte. Además, autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, con la posibilidad que bajo la Ley de Amparo, los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para mejor comprensión del concepto de autoridad, es ilustrativa la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la referida Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, página mil ochenta y nueve, con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De esos criterios, se obtiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación existente entre gobernante y gobernado; es decir, tal calificativo puede entenderse para todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ello, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, válidamente puede concluirse que tal concepto debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirse; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Así, la nota distintiva de este tipo de relaciones es que los involucrados deben acudir ante los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se llevan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. A su vez, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, que actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, reguladas por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Derivado de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, también debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, en el presente caso, de los artículos mencionados se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente, únicamente, respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos y, por otro, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Así, el rasgo distintivo del acto de autoridad es la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, que ocasiona un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. b) Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, por la existencia de una relación de supra a subordinación. Destacado todo lo anterior, se advierte que el promovente de amparo reclama de las autoridades responsables la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso José Israel Rosas Velázquez, derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de alguna autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello, porque con el acto que la parte quejosa pretende reclamar no se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del directo quejoso, ya que si bien esa resolución tiene probables violaciones que dice la parte promovente se cometieron durante la tramitación del procedimiento de origen, fueron emitidas dentro de un expediente que tiene por objeto investigar presuntivas violaciones de derechos humanos y formular opiniones o recomendaciones a fin de repararlas. Empero, tales determinaciones emitidas por visitaduría y coordinación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no tienen el carácter de imperativas ni son obligatorias para las autoridades que se dirijan; máxime que por sí solas no pueden anular, modificar o dejar sin efecto resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia correspondiente. En esas condiciones, se concluye que los actos no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que se refieren al trámite, pruebas del procedimiento natural y la resolución en que se contiene la opinión consultiva emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los cuales no modifican, crean o extinguen la situación jurídica de la parte promovente. Lo que se corrobora con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en la contradicción de tesis 183/2017, en sesión de diez de enero de dos mil dieciocho, al determinar si el desechamiento de un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por tanto, si el amparo es procedente en su contra. En esa contradicción de tesis, la Primera Sala estimó, en lo que interesa, que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para llegar a esa conclusión, la Primera Sala estudió: (i) La improcedencia del amparo contra las recomendaciones; (ii) El recurso de impugnación y el desechamiento de éste; y, (iii) Si el amparo procede contra dicho desechamiento. (i) La improcedencia del Amparo contra las recomendaciones En este primer apartado, el Máximo Tribunal estableció que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula a los Organismos de Protección de Derechos Humanos Locales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conforme a ese artículo, analizó la Primera Sala, la función de estos organismos es conocer de quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cuando fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público -salvo el Poder Judicial de la Federación- y formular recomendaciones a las autoridades implicadas. Además, la CNDH es un organismo constitucionalmente autónomo, lo que significa que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios e independencia para emitir sus recomendaciones. Luego, destacó que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la naturaleza de las recomendaciones emitidas por los organismos de protección a los derechos humanos y la improcedencia del juicio de amparo en su contra, conforme a los amparos en revisión 426/2013 y 448/2015 . Por último, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia destacó que aun cuando se emita la recomendación solicitada, no puede considerarse "que sea susceptible de afectar o lesionar la esfera jurídica de los particulares, en virtud de que al no ser vinculatoria, su realización no tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, las situaciones jurídicas o fácticas preexistentes al momento en que se emitió la resolución, sino solamente recomendar a la autoridad correspondiente que sea ella la que produzca esas consecuencias" (énfasis añadido en la contradicción de tesis). En conclusión, de acuerdo con los precedentes citados, ni el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son impugnables vía amparo, porque en ambos casos, las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita. Lo anterior, es congruente con el hecho de que las recomendaciones no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque como se ha indicado reiteradamente, las recomendaciones no son vinculatorias, por lo que no pueden alterar la esfera jurídica de las personas. Además, el hecho de que se haya emitido una recomendación implica necesariamente que se le dio acceso al interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que de ninguna manera podría violar ese derecho. En conclusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que ni el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son analizables a través del juicio de amparo biinstancial. Así, se concluye que los actos reclamados no son impugnables mediante el juicio de amparo, ya que se trata de la opinión consultiva desfavorable emitida en perjuicio del quejoso derivada de las omisiones de tramitar la solicitud de amnistía conforme al artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no enviar la información adjunta, la cual fue emitida por la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como de diversos actos cometidos dentro de la tramitación de ese procedimiento, por lo que esos actos no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita y, por ende, no pueden considerarse de autoridad para efectos de la tramitación del juicio biinstancial. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis VI.3o.16 K del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 507 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, abril de 1999, Novena Época, de rubro: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues a ningún fin práctico conduciría continuar con la tramitación del juicio y que de modo alguno puedan desvirtuar la causa de improcedencia y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, pues lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que establece al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a la resolución que antecede, resulta innecesario señalar fecha para audiencia constitucional en el presente asunto. Téngase, como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica, ya que el domicilio señalado para tales efectos se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. No obstante lo anterior, por única ocasión, notifíquesele personalmente en domicilio que indica. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones encomendadas en este asunto. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisan, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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