José Israel Román Romano
Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Israel Román Romano
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1351/2022-I. Puebla, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
--JUICIO DE AMPARO 1351/2022-I.. Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo con firma electrónica (evidencia criptográfica) de +++++++++++++++++++, quien refiere ser defensor del quejoso ++++++++++++++++, contra actos Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (así señalado en la demanda), y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, a consideración de la suscrita, se surte la causa de improcedencia prevista en los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de dichos preceptos establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. El segundo precepto establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el presente caso, pues Gonzalo Castillo Pérez, refiere promover en calidad de defensor del quejoso José Israel Román Romano, sin que manifestara tal afirmación bajo protesta de decir verdad y al manifestar como actos reclamados la posible orden de aprehensión, así como la ejecución de una orden de presentación, detención, comparecencia, aprehensión y la privación ilegal de la libertad empero, dentro de la posible carpeta de investigación; lo cual refleja que el promovente carece de la designación de defensor del quejoso con la que pretende ostentarse y hace innegable que no ha tenido intervención en alguna carpeta de investigación como defensor del directo quejoso. Ahora, si bien el artículo 14 de la Ley de Amparo, establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, requiere para ello que exista algún procedimiento en el que tenga reconocido tal carácter, lo cual no acontece en el presente asunto, pues de la lectura integral a la demanda de amparo, en ningún lado se advierte tal circunstancia, ni se observa alguna causa penal o proceso. Para verificar tal afirmación, es necesario mencionar que quien promueve y suscribe la demanda de amparo, es +++++++++++++++, pues contiene su firma electrónica (con evidencia criptográfica), quien lo hace no por derecho propio, sino como "defensor" de José Israel Román Romano; esto es, promueve este medio extraordinario de defensa en favor de persona diversa de quien manifiesta que con los actos reclamados (orden de aprehensión, así como la ejecución de la orden de presentación, detención, comparecencia, aprehensión y/o privación ilegal de la libertad) se violan los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la constitución. Lo anterior como se sostiene descarta la hipótesis contenida en el artículo 6 de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues la demanda no fue promovida en forma directa por la persona física a quien afecta el acto reclamado, esto es, José Israel Román Romano, así como tampoco se advierte que la persona que promueve (++++++++++++++++) tenga reconocido el carácter de defensor con el que se ostenta. De igual forma, respecto de dichos actos reclamados, no está acreditada la hipótesis que permiten a un tercero promover juicio de amparo en nombre del quejoso, prevista en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la disposición legal transcrita, pues respecto a la orden de aprehensión, así como la ejecución de la orden de presentación, detención, comparecencia, aprehensión, no controvierten actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro. Por el contrario, se trata de figuras previstas en la ley para llevar a cabo la presentación de una persona ante la autoridad judicial, para el inicio del procedimiento penal. De ahí que no puedan considerarse dichos actos como de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Por ende, si los actos reclamados (orden de aprehensión, así como la ejecución de la orden de presentación, detención, comparecencia, aprehensión) no son algunos de los previstos en el artículo en comento, que permiten la promoción del juicio de amparo a personas diversas en nombre de la quejosa, es evidente que la promovente no está facultada, conforme a dicho precepto, para promover la demanda en nombre de José Israel Román Romano. Conforme a lo expuesto, es evidente que Gonzalo Castillo Pérez carece de legitimación para promover juicio de amparo a nombre de José Israel Román Romano; es decir, para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; sin que el caso se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Por todo lo anterior, y al carecer de legitimación la promovente de la demanda para ejercer la acción constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 6 y 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. En relación a la solicitud para poder ser notificado por medio del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 355 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es procedente su pretensión porque proporciona el usuario "+++++++++++++++++++++" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se insiste, en que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma ++++ Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Ahora, se deja establecido que no es procedente tener dos vías como medios de notificación, toda vez que se debe dotar de seguridad jurídica a las partes en sus notificaciones, de ahí que se descarte tener como domicilio procesal el inmueble señalado en su escrito de demanda. Por otra parte, Gonzalo Castillo Pérez queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase
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