José Israel Reséndiz Villa
Expediente 1030/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2019
Partes del expediente
- José Israel Reséndiz Villa
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, DE LOS QUE SE ADVIERTE.., HA CAUSADO ESTADO..., ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO ENTERAMENTE CONCLUIDO..., EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN..., PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA, EL DOCUMENTO QUE EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA EXHIBIÓ...
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Querétaro, Querétaro, a nueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la comparecencia que antecede, mediante la cual el promovente JOSÉ ISRAEL RESÉNDIZ VILLA, ratificó el escrito presentado en oficialía de partes el cinco de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, en atención a tal escrito se tiene por cumplida la prevención formulada en auto de veinticinco de julio del año en curso; en consecuencia, se provee: En principio, se debe analizar si existe o no, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto, es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En el caso a estudio, los actos reclamados esencialmente, se hacen consistir en: 1. El auto de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dentro del expediente 1150/1998, donde se le tuvo al solicitante del amparo exhibiendo copia certificada de la escritura que lo acredita como nuevo dueño del bien inmueble subastado, ubicado en camino vecinal a las afueras de Villa Guerrero, atrás del panteón de la comunidad (Lado Norte Panteón), en Cadereyta de Montes, Querétaro , y ordenó poner en posesión real y material de éste al adjudicatario J. Artemio y/o Artemio González Ramos, mediante exhorto remitido al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cadereyta, Querétaro, sin ser oído y vencido en el juicio de origen. En atención a lo anterior este Juzgador advierte que en relación al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Previo a exponer los motivos por los que se considera actualizada la causal de improcedencia, conviene hacer una reseña de los antecedentes que del acto reclamado señalados por el quejoso tanto en su demanda de amparo, como en su escrito aclaratorio. - En fecha diez de noviembre de mi novecientos noventa y ocho, la persona moral denominada Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, presentó demanda de juicio sumario hipotecario contra de J. Dolores Reséndiz Chávez y otros, la cual se radicó bajo el número 1150/1998, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en la que se señaló que la parte actora celebró con dicho demandado contrato de crédito simple en forma de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, respecto de diversos inmuebles entre ellos el ubicado en camino público Mintehe en Villa Guerrero, Municipio de Cadereyta de Montes Querétaro, con una superficie de 15-08-32 hectáreas (mismo que señala el quejoso corresponde al bien raíz que defiende en su demanda de amparo). - Con motivo de tal juicio con fecha cinco de julio de dos mil uno el propio quejoso José Israel Reséndiz Villa, interpuso tercería excluyente de dominio, señalando que el inmueble antes referido (el cual defiende en su demanda de amparo), es de su propiedad, en razón del contrato de compraventa celebrado entre J. Dolores Reséndiz Chávez y el quejoso, misma que se radicó con el número 578/2001, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, la cual fue resuelta mediante sentencia de diecinueve de junio de dos mil dos, en el sentido de dejar a salvo sus derechos. - También señala el quejoso que intervino en el citado juicio de origen número 1150/1998, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de J. Dolores Reséndiz Chávez, desde el diecinueve de octubre de dos mil doce hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. - En auto de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, dictado en el citado juicio 1150/1998, se señaló fecha para llevar a cabo el remate del citado bien inmueble y el veintiocho de junio del mismo año se llevó a cabo la diligencia de remate, adjudicándose tal inmueble a Artemio González Ramos, como cesionario de los derechos litigiosos dentro de tal juicio. - Con fecha primero de octubre de dos mil trece, el propio quejoso ingresó un escrito ante el Juez responsable en el que solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia, así como que no se declarara la firmeza del remate y adjudicación a favor de acreedor alguno, además de que no se ordenara tirar la escritura de adjudicación ni se ordenara la entrega del bien raíz en comento; sin embargo, en fecha diecisiete de octubre siguiente el juez responsable negó acordar de conformidad lo solicitado y aprobó el remate celebrado en autos a favor de la parte actora Artemio González Ramos. - En contra del citado auto que aprobó el remate de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, el propio quejoso promovió el diverso juicio de amparo número 2328/2013, radicado en el entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que causó ejecutoria el seis de marzo de dos mil catorce, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, como ya se señaló la demanda de amparo que nos ocupa es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Ello es así, dado que respecto de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en principio debe apuntarse que en el caso el quejoso instó la acción de control constitucional ostentándose como persona extraña a la controversia jurisdiccional génesis del acto reclamado, esto es, plantea que no se le ha emplazado al juicio natural de origen, sin embargo, este Juzgador Federal considera que dicho carácter no le resulta al justiciable, de ahí la improcedencia del juicio que se atiende. Para demostrar la causa de improcedencia apuntada conviene dejar asentadas algunas consideraciones que giran en torno a la figura de persona extraña para efectos del juicio de amparo, y para ello es prudente traer a glosa -de manera primaria- el contenido de la fracción VI del artículo 107, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [...] VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Asimismo la Jurisprudencia 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56 del tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Las reproducciones que preceden, ponen de manifiesto que acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio lo constituye aquel gobernado que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí emitidas sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido de igual forma en dicho concepto aquel gobernado que no obstante fue parte en el procedimiento de origen de modo formal pero que materialmente no fue emplazado o que lo fue incorrectamente. De ahí que puede inferirse que la posibilidad constitucional y legal de instar el juicio de amparo ostentándose el gobernado como tercero extraño lleva implícito que el juicio de garantías constituye para quien no fue tomado en cuenta para la tramitación del procedimiento de origen el último recurso, esto es, la última y suprema posibilidad que tiene de defenderse frente a los actos que se realizaron ante su ausencia formal o material; en ese sentido, tal oportunidad exige la condición de que el gobernado, que es parte material del juicio, efectivamente haya desconocido materialmente la existencia del juicio o procedimiento en donde no se le tomó en cuenta. En tal virtud, la posibilidad de acción constitucional que se prevé en la fracción VI del artículo 107, de la Ley de Amparo, exige los siguientes extremos: a). Que el gobernado no haya tenido conocimiento formal ni material de la controversia de origen respecto de la que se ostenta extraño; b). Que no se hubiese integrado a la relación procesal por ningún motivo; y, c). Que de la prosecución procesal de que se duele se hubiese culminado la misma con un acto jurídico que concretamente afecte su esfera jurídica. En consecuencia, el quejoso carece del carácter de persona extraña a juicio de origen, dado que de las constancias antes relacionadas se advierte que: - Con fecha cinco de julio de dos mil uno el propio quejoso José Israel Reséndiz Villa, interpuso tercería excluyente de dominio respecto del juicio de origen número 1150/1998, misma que se radicó con el número 578/2001, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, la cual fue resuelta mediante sentencia de diecinueve de junio de dos mil dos, en el sentido de dejar a salvo sus derechos. - El propio quejoso intervino en el citado juicio de origen número 11150/1198, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de J. Dolores Reséndiz Chávez, desde el diecinueve de octubre de dos mil doce hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. - Con fecha primero de octubre de dos mil trece, el quejoso ingresó un escrito ante el Juez responsable en el que solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural, así como que no se declarara la firmeza del remate y adjudicación a favor de acreedor alguno, además de que no se ordenara tirar la escritura de adjudicación ni se ordenara la entrega del bien raíz en comento. De lo que se obtiene que el quejoso si compareció al juicio de origen, pues hizo valer tercería excluyente de dominio, también intervino en el citado juicio 1150/1998, en su carácter de albacea de la parte demandada (sucesión a bienes de J. Dolores Reséndiz Chávez); y con fecha primero de octubre de dos mil trece, ingresó un escrito ante el Juez responsable en el que solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural, así como que no se declarara la firmeza del remate y adjudicación a favor de acreedor alguno, además de que no se ordenara tirar la escritura de adjudicación ni se ordenara la entrega del bien raíz en comento. Además, contra el auto que aprobó el remate dentro del juicio de origen el propio quejoso promovió el diverso juicio de amparo número 2328/2013-2, radicado en el entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro. De ahí, que se llega a la conclusión de que el quejoso, carece del carácter de persona extraña al procedimiento jurisdiccional génesis de los actos reclamados, toda vez que tuvo conocimiento y compareció por lo menos en tres momentos, a saber: a) Con la tercería excluyente de dominio 578/2001; b) como albacea de la parte demandada (sucesión a bienes de J. Dolores Reséndiz Chávez); y, c) A través del escrito de fecha primero de octubre de dos mil trece, en el que solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural. Lo anterior se considera así, atendiendo a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 379/2011, en el sentido de que basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de dictarse sentencia para que pierda el carácter de extraño al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 67/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004274 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página: 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." También resulta aplicable, la jurisprudencia 47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1627, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". De igual forma, el suscrito juzgador advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio se actualiza de manera notoria y manifiestas la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en el sentido de que el acto reclamado, ha sido materia de una resolución ejecutoriada en otro juicio de garantías, que impide que sea nuevamente atacado mediante la acción de amparo conforme al principio de cosa juzgada, que inspira la fracción XI, del precepto legal aludido. Por lo que, conforme al análisis sistemático de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Causa de improcedencia que tiene su razón de ser en el principio de cosa juzgada, en virtud del cual al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un juicio de garantías que ha causado ejecutoria, se produce su inacatabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo. En ese sentido, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la diversa tesis aislada I.6o.C.45 K, de la Novena Epoca, consultable en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, (Abril de 1999), cuyo dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Como se puede ver, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere las siguientes premisas: 1. Que existan por lo mínimo dos juicios de amparo. 2. Que en uno se haya dictado sentencia que ya haya causado ejecutoria, es decir, sin posibilidad alguna de ser modificada por recurso alguno y en razón de lo cual se erige como verdad legal lo establecido en dicha resolución. 3. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de garantías sean idénticos. De tal modo que si se analizaran los actos reclamados en el segundo amparo se estaría analizando indirectamente de nueva cuenta sobre los actos que ya fueron materia de estudio en el amparo cuya sentencia ya causó ejecutoria, y ante tales circunstancias se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que inspira la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente el que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo con la interposición de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo. Luego entonces, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que inspira la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue declarado legal o ilegal en sentencia de amparo anterior, que estableció cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior; pues esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada en el anterior, y la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior. En dicho sentido, deviene aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, a página 15, que refiere: "ACTOS DERIVADOS DE LOS QUE FUERON MAYORÍA DE OTRO AMPARO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA. Si la persona afectada por un acto de autoridad lo impugna en un juicio administrativo, en el que se dicta una sentencia que declara la validez de ese acto, y contra esa sentencia promueve un juicio de amparo directo, en el que se le niega la protección federal, debe estimarse que esa misma persona ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Pues en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue declarado legal en sentencia de amparo anterior, que estableció cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior. Esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada en el anterior, y la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior". A fin de demostrar que en el presente caso operó la causal de improcedencia antes referida, es necesario tomar en consideración la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró el diverso juicio de amparo número 2328/2013-2, ante el extinto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, promovido por José Israel Reséndiz Villa, en el que el acto reclamado consistió en: "el acuerdo dictado el diecisiete de octubre de dos mil trece, dentro del expediente número 1150/1998, por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, mediante el cual resolvió no suspender la ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio; así como aprobó el remate de los inmuebles ubicados en camino público Mintehe en Villa Guerrero, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, con una superficie de 15-08-32 HAS y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 346.20 linda con Vidal y Antonio Esquivel; al sur: 411.69 con camino público a Mintehe; al oriente 408.00 con Faustino Reséndiz y Severiano Velázquez y al poniente 389.00, con Pablo Reséndiz y Vidal Maqueda; asimismo, del inmueble ubicado en Villa Guerrero, Cadereyta de Montes, Querétaro, con una superficie de 1,035 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 53.00 con Francisco Martínez, al sur 50.50 metros con Miguel Ángel Maqueda, al oriente 20.20 con callejón público y al poniente 20.20 con Eustaquio Reséndiz y Julio Barrera, ordenando como consecuencia la exhibición de la escritura correspondiente a favor del adjudicatario"; juicio de amparo en el que se dictó sentencia el diecisiete de febrero de dos mil catorce, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado, la cual causó ejecutoria el seis de marzo de dos mil catorce. Lo que para el suscrito constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, razón por la cual imprimase las constancias relativas al citado juicio de amparo que se pueden obtener del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de sustentar el presente auto. En efecto, en el presente juicio se afirma que respecto del acto reclamado, consistente en el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dentro del expediente 1150/1998, donde se le tuvo al solicitante del amparo exhibiendo copia certificada de la escritura que lo acredita como nuevo dueño del bien inmueble subastado, ubicado en camino vecinal a las afueras de Villa Guerrero, atrás del panteón de la comunidad (Lado Norte Panteón), en Cadereyta de Montes, Querétaro, y ordenó poner en posesión real y material de éste al adjudicatario J. Artemio y/o Artemio González Ramos, mediante exhorto remitido al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cadereyta, Querétaro, sin ser oído y vencido en el juicio de origen; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que el presente juicio de garantías 1030/2019 y el diverso 2328/2013-2 (del índice del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro), fueron promovido por el mismo quejoso José Israel Reséndiz Villa, contra la misma autoridad ordenadora Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, siendo que en ambos juicios reclama la afectación al derecho real de propiedad del quejoso respecto del bien inmueble ubicado en en camino vecinal a las afueras de Villa Guerrero, atrás del panteón de la comunidad (Lado Norte Panteón), en Cadereyta de Montes, Querétaro, con motivo de lo actuado en el expediente 1150/1998, del índice de dicho Juzgador, sin haber sido oído y vencido en el citado juicio natural. Lo anterior, en razón de que en el citado juicio de amparo número 2328/2013-2 (del índice del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro), el aquí quejoso reclamó el acuerdo dictado el diecisiete de octubre de dos mil trece, dentro del expediente número 1150/1998, por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, mediante el cual resolvió no suspender la ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio; así como aprobó el remate de los inmuebles embargados (entre ellos el que se defiende en este juicio). Mientras que en el presente juicio de amparo 1030/2018, se reclama el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro dentro del expediente 1150/1998, donde tuvo al solicitante del amparo exhibiendo copia certificada de la escritura que lo acredita como nuevo dueño del bien inmueble subastado, ubicado en camino vecinal a las afueras de Villa Guerrero, atrás del panteón de la comunidad (Lado Norte Panteón), en Cadereyta de Montes, Querétaro, y ordenó poner en posesión real y material de éste al adjudicatario J. Artemio y/o Artemio González Ramos. De ahí, que en ambos juicios de amparo se reclama la afectación al derecho real de propiedad que el quejoso dice tener respecto del bien raíz ubicado en camino vecinal a las afueras de Villa Guerrero, atrás del panteón de la comunidad (Lado Norte Panteón), en Cadereyta de Montes, Querétaro. En ese contexto, si la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, consagra la improcedencia del juicio de garantías en el supuesto en que se configure la litispendencia, es evidente que el asunto que nos ocupa, resulta improcedente, dado que, como ya se puntualizó, la materia de este juicio (derecho real de propiedad respecto de un inmueble) ya fue objeto o materia de estudio en una ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo; esto es, el diverso 2328/2013-2 del índice del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, que se promovió contra el remate del consabido inmueble, ya que fue en tal determinación en la que se afectó el derecho real de propiedad que el quejoso dice tener respecto del bien raíz que defiende; de ahí que si ahora el quejoso reclama en el demanda de amparo origen de este juicio la determinación del juez responsable que ordenó poner en posesión del bien inmueble rematado al adjudicatario, se está ante un caso de litispendencia, precisamente porque es una consecuencia directa del remate que ya fue materia del referido juicio de amparo. De estimarse lo contrario se daría al quejoso mediante el juicio de amparo una segunda oportunidad para analizar el derecho real de propiedad que dice tener respecto del inmueble que defiende, ya que su inconstitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez. Lo anterior, es así porque como se ha señalado el proveído reclamado en este juicio por el que el juez responsable ordenó poner al adjudicatario en posesión del bien raíz que defiende, es sólo una consecuencia lógica y directa del auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, que aprobó el remate del bien inmueble controvertido en este juicio, respecto del cual el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 2328/2013-2 del índice del entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, de forma que la calidad de cosa juzgada que tiene el acto reclamado en el citado juicio de amparo 2328/2013-2, influye en el presente juicio, precisamente porque en ambos juicios se reclaman actos que afectan el derecho real de propiedad del mismo inmueble, con motivo de resoluciones dictadas en el mismo expediente fuente de los actos reclamados, el cual no puede ser analizado nuevamente, en este sumario. De ahí que lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número I.7o.A.132 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2717, tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, que a la letra señala: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Del mismo modo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones por los motivos que la integran la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, que establece: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." También apoya lo dicho la tesis de Jurisprudencia número I.6º.C J/43, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 803, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes." En esas condiciones al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XXIII, este último en relación con el numeral 107, fracciones VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, con apoyo en el diverso precepto 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por José Israel Reséndiz Villa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Juri Madrigal Paniagua, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario licenciado Orlando Feregrino Feregrino, que autoriza. Doy fe.
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...AGRÉGUESE EL ESCRITO SIGNADO POR...PRETENDE CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN.....REQUIÉRASE AL PROMOVENTE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS...REPRESENTE EN EL RECINTOA FIN DE QUE RATIFIQUE EL CONTENIDO Y LA FIRMA DEL ESCRITO...
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...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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