José Israel Ramírez Navarro
Expediente 1254/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/03/2021
Partes del expediente
- José Israel Ramírez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que en sesiones de treinta de enero, así como de seis y trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó las Propuestas de medidas que deben adaptarse del 1 al 9, del 10 al 15 y del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, en las cuales determinó adoptar medidas especiales durante el periodo del uno al nueve, del diez al quince; y, del dieciséis al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; y, que dicho plazo ha transcurrido, motivo por el cual se reanudan los términos y los plazos procesales conforme a las disposiciones 2 y 32 del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por consiguiente, se provee: Del estado procesal que guardan los autos y como se advierte de la certificación de cuenta, mediante proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, se reservó el acuerdo correspondiente al oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite la resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno dentro del recurso de queja 220/2020 de la que se advierte que el citado tribunal resolvió: "ÚNICO. En la materia del recurso, es fundada la queja." Por tanto, se acusa el recibo correspondiente vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, en acatamiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de mérito, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se deja insubsistente el auto de cuatro de marzo de dos mil veinte únicamente en la parte en que se admitió a trámite la demanda respecto del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que por DJ Global Trade, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal María del Pilar de Mucha Mendiola, reclama de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente, la determinación, facturación, desglose y cobro del Derecho de Alumbrado Público, respecto a los números de servicio 257160501040 y 257091005612 para el ejercicio fiscal dos mil veinte. De lo anterior, este juzgado de Distrito advierte que respecto de los citados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales transcritos, en su conjunto, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean ordenados, dictados o ejecutados por autoridad, ni contra sus omisiones. Además, destaca que tiene el carácter de autoridad, la que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/201112, consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo expuesto, se pueden advertir que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes circunstancias: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. 4. Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad de los afectados. De tal suerte que, para que un ente sea considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deberá ejercer actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general, y para ser considerados como actos de autoridad deben situarse por encima del particular que está obligado a obedecer los actos, es decir, cuando la norma general les permite actuar en una relación de supra a subordinación con relación a otro particular, es decir, en los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, cuando en el actuar de un ente, falte alguna de las características que se mencionaron, se concluye que no se está en presencia de actos de autoridad, o de actos de particulares equivalentes a los de una autoridad. En ese contexto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste será improcedente contra actos de particulares que no ejerzan actos de autoridad o equivalentes a los de una autoridad; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Además, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel y existe bilateralidad. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. Así las cosas, para determinar si los actos reclamados a las entidades responsables son o no impugnables a través del juicio constitucional, debe analizarse si los mismos fueron emitidos en una relación supra a subordinación o de igualdad, frente a la hoy quejosa, actuando como entes de derecho público o privado. En la especie, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente, la determinación, facturación, desglose y cobro del Derecho de Alumbrado Público, respecto a los números de servicio 257160501040 y 257091005612 para el ejercicio fiscal dos mil veinte. De la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª. XLII/2015, se advierte que en ella se ha definido criterio en el sentido de que, acorde al contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto, el criterio a que se hace referencia, aparece publicado con el rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].". En tal sentido, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente, no es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación, facturación, desglose y cobro del Derecho de Alumbrado Público, respecto a los números de servicio 257160501040 y 257091005612 para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que la parte quejosa reclama en esta vía, toda vez que el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, lo que supone que se recurra a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular a esos efectos. Por tanto, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio, es decir a un mero acto de naturaleza comercial; por lo que la determinación, facturación, desglose y cobro del Derecho de Alumbrado Público, respecto a los números de servicio 257160501040 y 257091005612 para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no genera que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes. Bajo esa línea de pensamiento se estima pertinente destacar que los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1,049 del Código de Comercio, mencionados en el criterio transcrito, disponen: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código". "Artículo 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales". De conformidad con los dispositivos en comento, son actos de comercio los realizados por las empresas de abastecimientos y suministros, así como cualquier otra de naturaleza análoga y que las controversias derivadas de los actos comerciales, deben ventilarse a través de los juicios mercantiles. Por su parte, el artículo 2 de la actual Ley de la Comisión Federal de Electricidad dispone que esa dependencia es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, la cual, acorde con el numeral 5 de ese ordenamiento tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Luego, del contenido de los dispositivos aludidos es dable colegir que la Comisión Federal de Electricidad es el organismo encargado, entre otras cosas, de abastecer la energía eléctrica. En ese orden, los actos derivados de los contratos celebrados con los particulares con motivo de la prestación del suministro de energía eléctrica, e incluso la negativa a proporcionar tal servicio que debería regirse por un contrato de ese tipo, tienen una naturaleza mercantil y, acorde al contenido de la fracción XXV del artículo 75 del Código de Comercio, las controversias vinculadas con tales actuaciones deben dilucidarse a través de los juicios mercantiles, lo que lleva a considerar que la Comisión Federal de Electricidad no puede ser considerada como una autoridad para efectos del amparo y, por ende, acorde al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo indirecto resultaría improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017,de la Décima Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I , visible en la página 336, de rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL" En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del acto reclamado de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el primer párrafo de la fracción II del diverso 5º, interpretado en sentido contrario, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las anotaciones correspondientes respecto a la referida autoridad. En otro contexto, de conformidad a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado referida, para el acceso al expediente electrónico y que se notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales del presente juicio de amparo, dado que el usuario "MromanoMP" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la mencionada fiscal esté en posibilidad de acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente dentro del presente juicio de amparo. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a través de su Presidenta, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente y designa delegada. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegada a la persona que cita en el oficio que se acuerda. Ahora, de las constancias que remitió en su informe justificado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a través de su Presidenta, se advierte que mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-3/305/2019, dicha junta señaló fecha para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación y señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio de origen; lo que se corrobora con las constancias remitidas, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso José Israel Ramírez Navaro, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de señalar fecha para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación y de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio D-3/305/2019 de su índice; y, la referida junta laboral, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló las diez horas del veintidós de marzo de dos mil veintiuno para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor José Israel Ramírez Navaro -quejoso- y señaló las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral de origen, lo que se acredita con las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que la junta responsable señaló fecha para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor y señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio de origen, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ....En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ....Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno
- Incidental
V I S T O S los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1254/2020, promovido por********************, en contra de los actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. ..... Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e. ÚNICO. En términos del considerando tercero de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva solicitada por********************, en contra de los actos reclamados de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de de Puebla. Notifíquese. ....
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