Jose Israel Ortega Garcia
Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Jose Israel Ortega Garcia
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado con la firma electrónica del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 1120/2023, promovido por ********************e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto.****************************************En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.****************************************Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 19, fracción I, inciso b), del capítulo sexto, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de la emisión de este proveído.****************************************Notifíquese.*
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 376/2023 (número de orden 810/2023), enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificara al directo quejoso el auto de veintidós de agosto del presente año, en su lugar de reclusión y notificara a las autoridades responsables de los oficios 19267/2023 y 19268/2023; por tanto, téngase a dichas partes procesales por debidamente notificadas del referido auto y comunicaciones oficiales con fecha veintidós de agosto del presente año; sin que haya lugar a acusar recibo en virtud de que éste se genera de manera automática al momento del envío.****************************************Dese de baja la notificación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Israel Ortega García, por propio derecho, contra actos del Titular del Centro Federal de Reinserción Social 14 "CPS Durango", residente en esa ciudad y otra autoridad. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1120/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígasele a los Actuarios, que deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial "C", responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Ahora bien, en atención al contenido de la demanda que se atiende, la suscrita advierte que carece de competencia para conocer de la acción de amparo que se ejercita por este medio, en virtud de las consideraciones siguientes: Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley concede a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia. Así, de la demanda se advierte que la autoridad responsable y los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Al titular del Centro Federal "CPS 14 Durango". Al Titular del área de Servicios Médicos, tales son: Médico General. Médico Odontólogo. Médico Optometrista. Médico Nutriólogo. IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades responsables reclamo la falta de atención médica y darme el diagnostico correspondiente en la realización de unas radiografías de tórax, que se me fueron tomadas en el mes de enero del año dos mil veintitrés. Así también se le atribuye la omisión de seguir el trámite correspondiente de darme una interconsulta con el médico psiquiatra para ser canalizado y se me proporcione el medicamento idóneo para contrarrestar la crisis de ansiedad, insomnio y estrés; asimismo para que se me hagan los estudios correspondientes para el diagnóstico exacto de faringitis crónica. Consulta que se me proporcionó en la fecha 22 de septiembre del año 2022, por la doctora C. María Cecilia Flores C. (SIC.)" Asimismo, bajo protesta de decir verdad el aquí quejoso, manifiesta se encuentra privado de su libertad y recluido en el Centro Federal "CPS 14 Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango. En esa tesitura, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente incompetente para conocer de la presente Litis constitucional, misma que corresponde es a un Juzgado de Distrito en la Laguna, en Turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones. En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En efecto, por cuestión de competencia debe atenderse al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, que estatuye: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material o no del acto reclamado. Así, lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se hayan realizado o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación con la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. En tales circunstancias, se debe tener presente que el quejoso José Israel Ortega García, señaló que se encuentra recluido en el "Centro Federal "CPS 14 Durango"; por tanto, es factible deducir que el acto reclamado, tiene su ejecución material en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, por lo que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de mérito. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, y atendiendo a que el presente asunto versa sobre un acto que lleva implícita una ejecución material, por lo que se declina la competencia del presente asunto a los Juzgado de Distrito en la Laguna, en Turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 254, registro digital: 2021191, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, resulta pertinente establecer que el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En consecuencia, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de proporcionar atención médica inmediata y urgente en favor José Israel Ortega García, consistente en la omisión de brindarle la atención medica que requiere y darle el diagnostico de los padecimientos que le resulten, así como el tratamiento médico que amerite el interno; y que bajo protesta de decir verdad manifiesta se encuentra en el "Centro Federal "CPS 14 Durango". Por tal motivo y considerando la urgencia que el caso amerita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126, 131 y 147, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad le proporcionen la atención médica y suministren los medicamentos necesarios para su garantizar su derecho constitucional a la salud, debiendo practicar las valoraciones médicas necesarias que en su caso requiera; debiendo las responsables informar a este juzgado federal, el estado de salud del quejoso José Israel Ortega García. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, registro digital: 2020430 de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". A fin de tener la certeza de que se dé cumplimiento a este mandato materia de la suspensión quedan apercibidas las responsables que deberán informar dentro de las veinticuatro horas a este juzgado federal sobre las medidas decretadas, en caso de no hacerlo se dará vista al representante social federal, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social 14 "CPS Durango", domicilio del cual se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en la Laguna, en Turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso, el presente auto; además, para que haga constar el estado que guarda la integridad física del peticionario del amparo. Asimismo, ordene al Actuario de su adscripción, notificar los oficios que se generen con motivo del presente acuerdo dirigidos a las autoridades responsables, para que estén en aptitud de cumplir de forma inmediata con la suspensión de plano; y remita las constancias de notificación respectivas. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario. Notifíquese; y personalmente por exhorto al quejoso en el centro de reclusión.
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