José Israel Mendoza Mendoza

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • José Israel Mendoza Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo del año en curso). Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó tomo por separado. Notifíquese. EDC

  2. Principal

    MESA IX.-Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 464/2021-L-278-AT-IX, deducido del presente asunto, por el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplazara al presente juicio a la parte tercera interesada Geo Edificaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones que expone. En consecuencia, ténganse por recibidas las constancias de mérito, sin necesidad de acusar el recibo correspondiente dada hechas por el Juzgado oficiante; asimismo, dese de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. A lo anterior, este juzgado se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sea devuelto el diverso exhorto girado al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. HRM

  3. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 46/2022-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En esas condiciones, de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, los citados artículos disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos transcritos se observa que la ley de la materia, impone al Juez de Distrito la obligación de examinar, dentro del plazo de veinticuatro horas, con detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, registro 180663, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial innominado como interdicto de recuperar la posesión, en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, dentro del contradictorio natural. Respecto de dicho acto este órgano jurisdiccional advierte que se actualizan dos causas de improcedencia como se explicará a continuación. De inicio se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En ese sentido, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente, cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. De esa manera, en el caso, se advierte que el acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial innominado como interdicto de recuperar la posesión, del índice del juzgado responsable, en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, en el juicio de origen, únicamente, tiene efectos intraprocesales. Lo anterior es así, toda vez que el referido acto reclamado solo trae como consecuencia que se continúe el curso legal del procedimiento, en la etapa de pruebas en que se encuentra, y que, las pruebas admitidas sean desahogadas, a fin de que su resultado se incorpore al acervo probatorio que debe considerar el juez primario al momento de dictar sentencia definitiva, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo. En otros términos, el acto reclamado no produce una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales del aquí quejoso en la medida que las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado pueden quedar reparadas de manera total con el dictado de una sentencia definitiva favorable a sus intereses, pues, en ese caso la determinación procesal consistente en la admisión de pruebas, no habrá trascendido en modo alguno a su esfera de derechos. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado podrán reclamarse cuando se impugne la sentencia definitiva, si es que ésta resulta desfavorables a los intereses de la parte quejosa. Apoya lo anterior y por analogía se cita la jurisprudencia 2a./J. 24/2006, registro 175524 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso. Lo resaltado es propio. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación en la esfera jurídica de la parte quejosa, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, la segunda causa de improcedencia que en criterio de este órgano jurisdiccional se actualiza, consiste en que aun cuando se llegará hipotéticamente a considerar que el acto reclamado constituyera un acto de imposible reparación, lo cierto es que el quejoso debía agotar el medio de defensa ordinario previsto en la legislación que rige el acto, como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, obliga a agotar los recursos ordinarios de forma previa a instaurar el juicio de amparo, esto es, la obligación que tienen los justiciables de agotar el principio de definitividad. A efecto de explicar la causa de improcedencia señalada con antelación, resulta pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Conforme al artículo trascrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del juicio o procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En la inteligencia de que, para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del juicio o procedimiento, en la ley que rija al acto reclamado, que tenga por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. De modo que, si la parte quejosa no agota el medio de defensa ordinario establecido en la ley, se infiere que no da cabal cumplimiento al principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio de amparo. En relación con lo expuesto, en el caso conviene invocar el contenido del artículo 652 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, preceptos que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 652. Sentencia del interdicto. La sentencia se ejecutará, si así se solicita, sin necesidad de caución. Los autos no se remitirán al Tribunal sino hasta que se haya verificado la ejecución salvo que las partes de conformidad lo acuerden. En caso de no probarse las circunstancias expresadas en la demanda se condenará al actor en las costas. Sea cual fuere la sentencia, contendrá siempre la expresión de que se dicta reservando su derecho al que lo tenga para proponer la demanda de propiedad o de posesión definitiva. Los autos y sentencias que se dicten en los interdictos, serán apelables en el efecto devolutivo, salvo disposición en contrario." De las transcripciones precedentes, se advierte que la legislación procesal civil en el artículo 652, establece el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, para combatir los autos y sentencias que se dicten dentro de los procedimientos de interdictos por parte de los órganos jurisdiccionales en primera instancia. En ese sentido, el acto controvertido por la parte quejosa, debió reclamarse mediante el recurso de apelación, pues el código procesal civil establece de forma específica, la procedencia de dicho recurso contra los autos y sentencias que se dicten dentro del contradictorio natural. Así, se concluye que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación, contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual la responsable admitió pruebas de la parte actora. Se insiste en que la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación, porque a través de dicho medio de impugnación el tribunal de alzada podía analizar a la luz de los agravios respectivos, confirmar, revocar o en su caso, modificar total o parcialmente, lo determinado por el órgano jurisdiccional en primera instancia. Entonces, el justiciable previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido ante la responsable, y al no hacerlo así incumplió con el principio de definitividad que exige, el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido jurisprudencialmente, que con independencia de que el acto reclamado en un juicio de amparo pudiera tener la calidad de acto de imposible reparación ello no exime al justiciable de agotar el principio de definitividad. Por su aplicabilidad, se cita la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), registro 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al actualizarse también la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por José Israel Mendoza Mendoza, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados únicamente en los mismos términos a las diversas personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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