José Israel Alcaraz Tenorio

Expediente 1555/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1555/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • José Israel Alcaraz Tenorio

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/mzr

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto Civil y Familiar de Colima. Al efecto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió la demanda presentada por el quejoso el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de radicar la demanda presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, misma que quedó registrada con el número de expediente 16-1097-113F. En esas condiciones, si el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó acuerdo en el que admitió la demanda presentada por la quejosa, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la Novena Época, número 2ª./J.59/99, del Tomo IX, Junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, que en su parte conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto Civil y Familiar de Colima. Al efecto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende, en lo que aquí interesa, que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió la demanda presentada por el quejoso el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, la omisión de radicar la demanda presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, misma que quedó registrada con el número de expediente 16-1097-113F. En esas condiciones, si el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó acuerdo en el que admitió la demanda presentada por la quejosa, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la Novena Época, número 2ª./J.59/99, del Tomo IX, Junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. En vista de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo que se concedió a la parte quejosa para que desahogara la vista que se le dio mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, respecto al cumplimiento dado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, titular de la Mesa Quinta de esta ciudad de Colima, al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto y este Juzgado Federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia autorizada el catorce de julio pasado, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".que la autoridad investigadora proceda a la integración del acta 131/2015 y, dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia, previo desahogo de los medios de convicción que bajo su responsabilidad considere convenientes, respetando los derechos del ofendido y del inculpado, emita pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal". La que causó ejecutoria el cinco de agosto siguiente (foja 28) y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. En desahogo a tal prevención, mediante oficio 3316/2016, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, titular de la mesa Quinta de esta ciudad de Colima, informó y acreditó que mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, acató la ejecutoria de amparo siguiendo los lineamientos señalados para tal efecto, en la que, por una parte, ejercitó acción penal respecto uno de los delitos imputados, y por otra, determinó el archivo definitivo de la averiguación previa de la que emanan los actos reclamados, por inexistencia de diverso delito. Las constancias descritas merecen que se les conceda valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copias certificadas. En las relatadas condiciones, este Juzgado Federal tiene cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio constitucional, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento.

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