José Isidro Hernández Villafan
Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Isidro Hernández Villafan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, transcurrió del diecinueve al veintiuno de julio de dos mil veintiuno, sin que éstas realizaran manifestación alguna al respecto; por tanto, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO Mediante resolución de engrose veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió al quejoso A.K.H.D. y J.D.H.D., por conducto de José Isidro Hernández Villafán, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos reclamados a la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tehuacán, Puebla, Rosa María Ramírez Palafox, consistente en el requerimiento contenido en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno emitido dentro de la carpeta de investigación 1170/2020/DGM/TEPEA, consistente en que el quejoso presente a sus menores hijos con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., a fin de que sean valorados por el médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tepeaca, Puebla, para los efectos siguientes: **** En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de mérito. ARCHIVO Por lo anterior, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. VALORACIÓN DOCUMENTAL Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: 1. Expediente principal. En virtud de que el expediente del juicio principal: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Se declara que es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del citado artículo 18 del Acuerdo General, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 2. Incidente de suspensión. Glósese el original al expediente del juicio principal y el duplicado resguárdese por separado. El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se concedió la suspensión definitiva, por lo que debe conservarse por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, será destruido una vez que transcurran seis meses a esta fecha y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DATOS PERSONALES Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Intégrese el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con un anexo, recibido vía correo electrónico; visto su contenido, téngasele informando que en su carácter de superior jerárquico conminó a la Agente del Ministerio Público Investigador de Tepeaca de Negrete, Puebla, para que dé cabal cumplimiento al fallo en ejecución dentro del presente juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el oficio de la Agente del Ministerio Público Investigador de Tepeaca de Negrete, Puebla, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.
- Principal
Atento al estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte en la sentencia pronunciada, en su primer resultando que el presente asunto se promovió contra actos: ".del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tehuacán, Puebla, por considerar que violenta los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales." De ahí, en la parte considerativa en su punto tercero se estableció que: ".TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tehuacán, Puebla, por así manifestarlo al rendir su informe justificado." Luego, en el resolutivo primero, se determinó: ".La Justicia de la Unión ampara y protege a los menores con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., por conducto de José Isidro Hernández Villafán, respecto al acto reclamado a la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tehuacán, Puebla, consistente en el requerimiento contenido en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno emitido dentro de la carpeta de investigación 1170/2020/DGM/TEPEA, para que se presenten a fin de que sean valorados por el médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tepeaca, Puebla; en los términos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta sentencia." Determinación que al causar ejecutoria se requirió cumplimiento a la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tehuacán, Puebla; sin embargo, la citada agente del Ministerio Público no fue señalada por el quejoso como autoridad responsable dentro del presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 74, párrafo último, de la Ley de Amparo, se aclara, oficiosamente, la sentencia ejecutoriada, para quedar en los términos siguiente: R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnado al día siguiente hábil a este juzgado federal, José Isidro Hernández Villafán, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D. demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA, por considerar que violenta los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Dicho acto lo hizo consistir en el requerimiento de presentar a los menores con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D. a fin de que sean valorados por el médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tepeaca, Puebla, contenido en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno dentro de la carpeta de investigación 1170/2020/DGM/TEPEA. Segundo. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno este juzgado federal ordenó que con la demanda se formara y registrara el juicio de amparo 58/2021, admitiéndola a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado la tiene para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción, además se reclaman actos de naturaleza penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran el presente juicio se advierte que el quejoso reclama en esta vía constitucional: El requerimiento contenido en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno emitido dentro de la carpeta de investigación 1170/2020/DGM/TEPEA, consistente en que el quejoso presente a sus menores hijos con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D. a fin de que sean valorados por el médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tepeaca, Puebla. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación referida que acompañó a su informe. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse causa de improcedencia que analizar, se pasa al estudio sistemático de los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Los conceptos de violación son fundados, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción II, de la ley de Amparo, al tratarse de un juicio de amparo promovido por menores de edad. El acto reclamado transgrede los artículos 1, párrafo tercero, y 4, párrafo noveno, constitucionales, que disponen: "Art. 1o.- . (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Art. 4o.- . (REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Tales preceptos constriñen a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y a velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar plenamente sus derechos. A este principio también se alude, en múltiples ocasiones, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por su importancia en la solución de este asunto, se citan los siguientes preceptos de la misma: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. .." Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. . Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; . Del Derecho de Prioridad Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; . Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Por otra parte, uno de los instrumentos de carácter internacional suscrito por nuestro país y a cuyo cumplimiento se encuentra vinculado, al consagrar derechos humanos, es la Convención Sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3.I, establece: Artículo 3. I. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será el interés superior del niño. Mientras que, en el ámbito local, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, en lo que interesa, dispone: "Artículo 2. Las autoridades estatales y municipales, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General y en esta Ley, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de Tratados Internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. ." "Artículo 3. Son principios rectores de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: I. El interés superior de la niñez; ." "DEL DERECHO DE PRIORIDAD ARTÍCULO 14. Las niñas, niños y adolescentes, tienen prioridad en el ejercicio de todos los derechos establecidos en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos vigentes, especialmente para: I. Otorgarles protección y auxilio en cualquier circunstancia, con la oportunidad necesaria; ." De acuerdo con este marco normativo, el interés superior de la niñez se establece como un principio al que debe atenderse en forma preponderante en toda relación que involucre a cualquier órgano del Estado con niños, niñas y adolescentes; constituye una guía para regular su actuación, tanto en la ejecución de actos, como en la elaboración de normas que lo involucren o, de alguna forma, se refieran a ellos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte, así como en todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas; de ahí, dijo, constituye un concepto triple, esto es, un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y, una norma de procedimiento; lo anterior se ilustra con la tesis siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." Entonces, cualquier actividad estatal que repercuta o incida en la esfera de derechos de un menor, debe atender, como un concepto rector, a su interés superior. Por tanto, ningún órgano del Estado está excluido de dar prioridad a los intereses de los menores (niños, niñas y adolescentes), evaluando las posibles repercusiones y afectación que puede generar en ellos el despliegue de sus facultades o atribuciones legales y, aun, en el cumplimiento de las obligaciones su cargo, como parte del poder público, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Ahora bien, en el caso se tiene certeza de la emisión de un acto que incide en la persona de los menores quejosos: se trata de la orden para presentarse ante la agente del Ministerio Público responsable, a través de su padre, emitida el veinte de enero de este año. Tal determinación se contiene en el citatorio que en lo que interesa establece: ". Con fundamento en lo establecido por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90, 91, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada En Investigación De Delitos De Violencia De Género Contra Las Mujeres Sede Tepeaca, sitio en ., el día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno en punto de las 11:00 once horas, para hacer de su conocimiento los hechos a que se refiere la carpeta de investigación al rubro marcado, así como los derechos que le asisten y declare como imputado; así mismo deberá presentar a los menores . ambos de apellidos . a fin de sean valorados por el médico adscrito a esta dependencia. Debiendo presentarse para tal efecto con identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y acompañarse de abogado con cedula profesional, en caso de no contar con abogado particular, se le asignará al defensor público, para lo cual deberá comparecer dos o tres días antes para contactarlo en la oficina de la defensoría pública de este distrito judicial, así mismo debido a la alerta sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se solicita el uso obligatorio de cubrebocas, durante toda la diligencia y estancia dentro de las oficinas que ocupa la presente autoridad ministerial. ." Cabe destacar que la minoría de edad de los quejosos está acreditada, porque su madre, María Fernanda Durán Hernández, anexó sus respectivas actas de nacimiento, de las que se desprenden que, a la data de la emisión del acto reclamado, tenían tres y cinco años, respectivamente. De ahí que, en términos de los ordenamientos antes citados, ambos tienen la calidad de niños, pues son menores de doce años. Ahora bien, la autoridad responsable al emitir la determinación reclamada, incumplió las obligaciones a su cargo de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de tales menores, así como a velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos. Es así, porque constituye una cita carente de contenido, porque únicamente refirió que José Isidro Hernández Villafán, debía presentar a sus menores hijos con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D. a fin de que sean valorados por el médico adscrito a esa dependencia, sin establecer los motivos y razones del porque es necesaria esa diligencia. Es decir, tomando en consideración que, la citación deriva de una carpeta de investigación instaurada contra el quejoso José Isidro Hernández Villafán con motivo de una denuncia por parte de la tercera interesada, en la que refirió diversos hechos que a su parecer constituyen los ilícitos de sustracción y tráfico de menores o robo de infante, despojo, robo e incumplimiento en las obligaciones alimentarias para la denunciante y sus menores hijos, la autoridad responsable debió exponer las razones para ordenar el desahogo de una diligencia que consiste en la valoración médica de los menores. Ello con el fin de justificar la pertinencia de esa pericial, esto es que exista una relación lógica o jurídica entre el posible resultado de esa diligencia y, el o los hechos denunciados. En efecto, para que el fiscal ordene una diligencia, en especial que involucre menores de edad, debe justificar que ésta cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad. Entendiéndose como el primero de los principios -pertinencia- que tenga relación inmediata con los hechos denunciados, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias, ociosas y carentes de objeto. Y, el segundo principio, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que esa diligencia pericial sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho denunciado y que se pretende demostrar. Pues, de lo contrario, el desahogo de esa pericial provocaría en los menores citados una posible afectación emocional, psicológica y moral irreparable, transgrediendo así el principio del interés superior de la niñez. Aunado, a que también se incurriría en una mayor dilación en la integración de la carpeta de investigación en perjuicio tanto de la parte agraviada, como del imputado. Máxime que la responsable no especificó de qué se tratará la valoración médica que mencionó; cuál es su objeto, esto es, lo que se pretende conseguir o acreditar con ella. Por tanto, el acto reclamado resulta ilegal, pues el fiscal responsable no expuso los motivos del porqué ordenó la diligencia referida consistente en una valoración médica de los menores. Aunado a lo anterior, en caso de que a consideración del fiscal existieran razones y motivos suficientes para ordenar el desahogo de ese examen médico, por considerar que la pericial es pertinente e idónea para la investigación de los hechos denunciado en la carpeta de investigación de origen, debe también, especificar la forma y mecánica del desahogo de esa diligencia, lo que en el caso tampoco aconteció. Lo anterior, en virtud que la orden reclamada implica el traslado de los menores a la oficina de la responsable, empero nada se dijo para evidenciar lo indispensable de su presencia en ese lugar en la fecha y hora que fijó. Esto, porque no razonó, tomando en consideración su minoría de edad, la posible afectación emocional, psicológica, moral, o de algún otro tipo, que pudiera derivar de su traslado y presencia en esa oficina, pues es evidente que este constituye un entorno ajeno al en que ordinariamente se desenvuelven, es decir, no puede considerarse es un ambiente propicio en el que deban estar, ni permanecer, por tiempo prolongado, al tratarse de un lugar en el que se desarrollan actividades de índole laboral por personas mayores de edad y en el que se atiende al público en general. Aunado a la existencia de alerta mundial sanitaria derivada del virus COVID-19, lo que conlleva a tomar diversas medidas de seguridad sanitarias, tales como: no salir de casa, salvo para actividades esenciales y guardar sana distancia. Bajo esta óptica, la responsable debía ponderar en el acto reclamado la conveniencia de efectuar adecuaciones procesales, esto es, analizar la pertinencia del traslado y presentación de los menores en su oficina, frente a la posibilidad de que ella y el personal necesario se trasladaran a su domicilio a efecto de desahogar tales diligencias en un entorno y ambiente conocido y que resulta natural a los menores, lo que, lógicamente, incidiría en forma mínima en su ánimo y su percepción, al encontrarse en su propio espacio y entorno físico, inclusive, cerca de sus familiares; de ahí que la responsable no realizó un análisis sobre la idoneidad de esa media, sobre una diversa, como la indicada. Esto, atendiendo a que la actividad de investigación de los delitos de que es titular el representante social no la excluye de la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los menores quejosos, pues, como se indicó, esta obligación es inherente a todas las autoridades; por lo que, en el despliegue de sus atribuciones, está constreñida a su respeto irrestricto, en la medida que el cumplimiento de dicho mandato y su contenido, podría generar en los menores alguna afectación, que la responsable debe evitar, en tanto que no es común ni ordinario que en sus actividades y desenvolvimiento diario los menores quejosos interactúen con autoridades, ni en oficinas de entidades de gobierno, lo que podría propiciarles ansiedad, angustia, incertidumbre, inclusive, temor; de ahí que es la autoridad quien está obligada a ajustarse, en la mayor medida posible, a la forma de vida de aquellos, para no generarles cualquiera de tales afectaciones y, por el contrario, propiciar todas las condiciones para que su intervención sea mínima, tanto física como emocional y psicológicamente, y que se lleve a cabo en un entorno o ambiente de confianza para los menores que, por tanto, genere su participación voluntaria, bajo el cobijo, inclusive de sus seres allegados, con los que guarda vínculos familiares y de afecto. Todo ello, a fin de que las condiciones de desahogo de la o las diligencias ministeriales, la evaluación por el médico a que se refirió no les causen secuelas negativas o alguna experiencia traumática. Por lo que la responsable debe garantizar que tal evaluación se lleve a cabo por personal especializado en la práctica profesional con menores de edad y, de esta forma, garantizar que su desahogo no les propiciará experiencias desagradables. Es así, porque al tratarse de una actuación que conlleva que menores de edad se sujeten a evaluación médica, es inconcuso que su práctica incidirá tanto en su anatomía, como en su ámbito mental y en su percepción emocional, circunstancia por la cual la responsable debe valorar, de forma íntegra, cualquier posible afectación que pueda surgir con motivo de tales diligencias; de ahí que la necesidad de tal evaluación debe someterse a escrutinio, que debe ser en sentido estricto. De forma que la determinación reclamada, de cuyo contenido no se advierte que se hubiera realizado la evaluación de la medida adoptada, frente a los derechos de los menores, esto es, un examen sobre su necesidad e idoneidad, incumple los preceptos constitucionales antes transcritos, al no apegarse al mínimo respeto, garantía y protección que toda autoridad está constreñida a brindar a los menores de edad en el goce de sus derechos humanos, pues la responsable ejerció su imperio, sin atender al principio que subyace en las relaciones de las autoridades con menores de edad, consistente en la salvaguarda de su interés superior. A mayor abundamiento, la responsable tampoco precisó cómo se desarrollará la valoración médica; quién o quiénes intervendrán en su desahogo, esto es, si correrá a cargo de un profesionista o se tratará de un grupo interdisciplinario; así mismo, quién representará a las menores durante su práctica, pues, si bien se ordenó su cita a través de su padre, no se valoró la conveniencia o posibilidad de que esté presente también su madre, o únicamente uno de ellos o, en su caso, ambos. En tanto que, en la forma en que se emitió dicha orden, se advierte que se citó al padre de los menores en la misma fecha y hora para hacerle saber sus derechos como imputado y, de estimarlo conveniente, para que declare con relación a los hechos. Conforme a lo cual, se concluye que tanto esa comparecencia -del padre- como la práctica de la evaluación médica -en la persona de los menores-, se llevarán a cabo en forma simultánea, de ahí que ni siquiera su padre, a cargo de quien correría su presentación, estaría presente al momento de su desahogo, pues él estaría oyendo la imputación en su contra y, en su caso, declarando; lo que es ajeno al más elemental respeto de los derechos humanos de los menores, en tanto que tal determinación, por su solo dictado, no garantiza la presencia de quienes ejercen la patria potestad respecto a ellos, ni de algún otro familiar, en los actos que se pretenden desahogar, e implica que interactúen solos, frente a personas desconocidas para ellos y, en un entorno extraño al que les es habitual. Ante la franca violación de la autoridad responsable a los artículos 1, párrafo tercero, y 4, párrafo noveno, constitucionales, se concede el amparo a los menores quejosos con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno emitido en la carpeta de investigación CDI-1170/2020/FDGM/TEPEA, únicamente, en la parte que ordenó la presencia de los menores con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., en su oficina, en la fecha y hora ahí indicadas. 2. En caso de insistir en la presencia de los menores quejosos, emita la determinación correspondiente, debidamente fundada y motivada, y en la cual cumpla su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los menores quejosos, y atienda al principio de interés superior del menor; por tanto: a) En primer término, razone la idoneidad y pertinencia de la diligencia ordenada consistente en la valoración médica de los menores con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., tomando en consideración los hechos narrados y denunciado por la tercera interesada. b) En caso que considere que esa diligencia pericial sí es pertinente para la integración de la carpeta de investigación, precise la necesidad, idoneidad y pertinencia de la presentación de las menores en su oficina, frente a la posibilidad de que sea dicha autoridad y demás personal que deba intervenir en la práctica de las diligencias que indique, quienes se trasladen a su domicilio, a fin de que la misma se lleve a cabo en un entorno conocido y propicio para las quejosas. c) Evalúe y garantice que las diligencias que practicará, tomando en consideración la minoría de edad de los quejosos, no les generará alguna afectación emocional, psicológica, moral, o de algún otro tipo, en tanto que se trata de examinar su anatomía. d) Indique, con un lenguaje sencillo y con la extensión suficiente que permita su comprensión, en qué consistirá la evaluación médica, las periciales o cualquier otra diligencia a desahogar; cuál es su objeto; cómo se desarrollarán; quién o quiénes intervendrán en su desahogo; quién representará a las menores durante su práctica; su duración; el momento en que se practicará, de forma que no incida en otras actividades de los menores; etcétera; es decir, todo aquello que genere certeza y pleno conocimiento sobre su práctica. e) Se tomen las medidas de prevención que se han establecido por los distintos órganos del Estado, las cuales se basan en el distanciamiento social, para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARSCoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad. f) Notifique tal determinación oportunamente al representante o representantes de los menores quejosos -para que esté presente en su desahogo-, y a fin de que esté o estén en aptitud de prepararlas para ello. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, conforme a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los menores con iniciales A.K.H.D. y J.D.H.D., por conducto de José Isidro Hernández Villafán, respecto al acto reclamado a la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LAFISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA, consistente en el requerimiento contenido en el citatorio de veinte de enero de dos mil veintiuno emitido dentro de la carpeta de investigación 1170/2020/DGM/TEPEA, para que se presenten a fin de que sean valorados por el médico adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres con sede en Tepeaca, Puebla; en los términos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta sentencia." Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Núm. de Registro: 197248 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 94/97 Página: 6 ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 4/96." Precisado lo anterior, y tomando en consideración que la autoridad responsable señalada en el presente asunto ya está notificada de la sentencia pronunciada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y prevéngase a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LAFISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA, el contenido del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a través del cual causó ejecutoria la sentencia pronunciada en este asunto y dé cumplimiento al fallo en ejecución dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de cien VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, tercer párrafo y 194 de la ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable denominada AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LAFISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA, ordene a ésta a cumplir sin demora la ejecutoria de mérito; apercibido que de no demostrar que dio la orden para dar cumplimiento a la misma se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se ordena notificar a las partes en forma personal el contenido del presente proveído. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada, electrónicamente al quejoso y al agente del ministerio público federal adscrita a este juzgado. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Jeanette Wendolyne Espinosa Flores, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Atento al estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se aprecia que la imposibilidad que se ha tenido para notificar el oficio: 11798/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES SEDE TEPEACA, PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE) En esas condiciones, reexpídase el mencionado oficio dirigido a la autoridad señalada como responsable para hacer de su conocimiento la sentencia emitida en el presente asunto.
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