José Isauro Elizondo Gasperín

Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • José Isauro Elizondo Gasperín

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecinueve de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por José Isauro Elizondo Gasperín fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 736/2021-V, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no se formaría una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto legal, la parte quejosa reclama: a) La resolución de diecisiete de agosto del año en curso, dictada en el toca civil 716/2021 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que declaró infundado su recurso de reposición interpuesto contra el auto de dos de junio reciente que desechó el recurso de apelación hecho valer en contra del proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 270/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz. Ahora bien, en los anexos de la demanda de amparo, se encuentra la constancia del auto de dos de junio del año en curso relativa al desechamiento del recurso de apelación citado. En ese tenor, de dicho documento se advierte que la parte conducente del proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez responsable dentro del expediente de origen, que impugna el promovente a través de la apelación en comento, consiste en lo siguiente: ".por cuanto hace al segundo ocurso, registrado con número de promoción dos, dígasele al ocursante, sin que haya lugar a lo solicitado en punto número uno, en virtud de que las actuaciones fueron declaradas nulas.". A su vez, se observa que la solicitud realizada por el promovente al juzgador natural, a la cual le recayó lo anterior radicó en: "Agregar al presente expediente 270/2011-II, juicio ejecutivo mercantil, cuaderno principal, a fojas correspondientes copia certificada de los documentos base de la acción, consistentes en dos pagarés por la cantidad de treinta millones de pesos cero centavos, para que obren en autos y surtan sus efectos legales correspondientes, quedando los dos pagarés originales resguardados en el Seguro de ese juzgado" En el particular, el suscrito estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que estable la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción IX, de la ley en cita, debido a que resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos del promovente. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión". De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquéllos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. Cabe precisar, que la jurisprudencia temática del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 37/2014 (10a.), integrada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en la página 39, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, determinó lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, a partir de la reforma a la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, como se advierte de su transcripción: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Del citado criterio se advierte la interpretación que el Pleno del Alto Tribunal ha realizado en relación con el texto reformado de la nueva Ley de Amparo, que en su artículo 107, fracción V, define claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", disposición con la que el legislador limitó con suma claridad los supuestos en los que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer que para que un acto dentro de juicio pueda ser calificado como irreparable, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma directa y actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan alguna afectación de naturaleza formal o adjetiva que pueda trascender o no al resultado del fallo; es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente, en relación con los actos intraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos y, por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En relación con el aspecto que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que atendiendo a la connotación que el legislador plasmó en la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguirse afirmando que son actos de imposible reparación, aquéllos que transgreden derechos adjetivos en grado predominante o superior, ya que esa interpretación surgió con motivo de un análisis derivado del texto de la Ley de Amparo anterior a la reforma publicada el dos de abril de dos mil trece, la cual dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que podía asumirse como actos de imposible reparación, lo cual a la fecha ya no acontece. El mismo criterio fue reiterado en la temática del Pleno del Máximo Tribunal en la jurisprudencia P/J 1/2016, emitida al resolver la contradicción de tesis 14/2015, publicada en la página 15, libro 29, abril de 2016, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De dicha jurisprudencia se observa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que en la Ley de Amparo vigente no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que esos criterios se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por actos de imposible reparación, lo que ya no acontece en la nueva legislación, por lo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de esos criterios, al ser incompatibles con el nuevo texto legal el cual debe ser acatado. En el caso, como se destacó, el acto reclamado consiste en la resolución de diecisiete de agosto del año en curso, dictada en el toca civil 716/2021 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que declaró infundado el recurso de reposición interpuesto por el promovente contra el auto de dos de junio reciente que desechó el recurso de apelación hecho valer en contra del proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 270/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz, en la parte conducente que determinó no ha lugar a acordar favorable su solicitud de agregar a dicho expediente de origen copia certificada de los documentos base de la acción, en virtud de la nulidad de actuaciones ahí decretada. Acto reclamado cuyo carácter es eminentemente intraprocesal, y por ende, por el momento no irroga afectación a ningún derecho sustantivo del quejoso como serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones, sino que la determinación reclamada constituye una violación adjetiva o procesal cometida dentro del procedimiento judicial, que puede desaparecer sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si obtiene resolución favorable al dictarse sentencia, de ahí que la violación que aduce no causa ningún agravio específico que haya afectado a su esfera de derechos. Pues contrario a lo que estima el promovente, la circunstancia de que se haya declarado infundada la reposición en contra del desechamiento de la apelación interpuesta en contra del auto en que se acordó no ha lugar su solicitud de agregar al expediente natural copia certificada de los documentos base de la acción con motivo de una nulidad de actuaciones, no se trata de un acto procesal que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia una afectación de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos previstos en la Carta Magna. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando causan una afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. En estos casos (los de excepción), la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, pues las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso de conformidad con el numeral 172 de la ley de la materia. Por ello, se insiste, el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, pues incluso en el caso de que el quejoso no obtuviese resolución favorable a sus intereses, estará en aptitud de combatir las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante la tramitación del citado procedimiento de apelación mediante el juicio de amparo directo que, en su caso, promueva contra la sentencia definitiva, ello en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 73, del Volumen 64, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima, de rubro y texto: "REPOSICION, RECURSO DE. RESOLUCION QUE LO DECLARA INFUNDADO. AMPARO DIRECTO. La resolución que declara infundado el recurso de reposición interpuesto contra el auto por el cual la autoridad responsable tuvo por expresados los agravios de la apelante, constituye una violación procesal catalogada en las fracciones IX y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, que debe reclamarse al interponer el amparo directo contra la sentencia definitiva, en los términos del artículo 161 de la misma ley, por no causar perjuicio irreparable que pueda ser motivo de amparo indirecto". En consecuencia, si como ya se dijo, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es un simple acto intraprocesal que no afecta ningún derecho sustantivo de la quejosa, tutelado por la Constitución o por los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; por lo cual no tiene una ejecución de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la citada norma. Robustece la consideración expresada la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medios de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Por lo tanto, al colmarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción IX, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso artículo 113 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y por autorizados en términos amplios como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Antonina Cervantes Porcayo y Ana Beatriz Silva Cervantes, toda vez que se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Montesano Villamil, María Susana Basilia Titla Ramírez, Enrique Gaspar Anguiano, Esteban de Jesús Cervantes Porcayo y Tonatiuh Elizondo García, por así solicitarlo expresamente Por otra parte, téngasele solicitando acceder y consultar de manera electrónica el juicio de amparo en que se actúa, con el usuario mcervantes107. En tales condiciones, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al autorizado de la parte quejosa con usuario mcervantes107, para que pueda acceder y consultar vía internet el juicio de amparo en que se actúa mediante el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, como lo solicita la parte promovente, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena habilitar para que se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, señalando como clave del usuario mcervantes107. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Por último, téngansele a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico indicados en el referido ocurso, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales se tendrán como medios de contacto, para comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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