José Isaías Guzmán Guevara

Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
53/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • José Isaías Guzmán Guevara
  • Juez Décimo Especializado En Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil diecinueve. Causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

     Se pretende apersonar tercera interesada. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por *** promoviendo por propio derecho, mediante el cual pretende apersonarse como tercera interesada en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración el estado procesal de autos del que se advierte que mediante proveído del veintinueve de enero del año en curso, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso ***, en consecuencia, dígasele al promovente que pno ha lugar a tenerlo por apersonado al presente juicio constitucional, en virtud de que no se admitió a trámite la demanda de amparo. No obstante lo anterior, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autoriza a la persona que refiere para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Se desecha demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta signado por ***************, mediante el cual pretende dar cumplimiento al proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, y al efecto señala que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho dentro del juicio ejecutivo mercantil 772/2010, del índice del juzgado responsable, el siete de enero del presente año. Ahora bien, es oportuno aclarar que aun cuando el quejoso no dio cabal cumplimiento al requerimiento señalado en proveído del veintidós de enero del año en curso, en el sentido de señalar si es su deseo reclamar la notificación relativa a la resolución que constituye el acto que reclama, lo cierto es que de cualquier forma la demanda de amparo promovida en su contra resulta improcedente en atención a las consideraciones siguientes: Sobre el particular, es pertinente traer a colación que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. ... Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio. En este contexto, si bien la parte quejosa no reclama de manera destacada la ilegal notificación de la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la cual versa respecto de la actualización de la planilla de liquidación de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 772/2010, del índice del Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil de Puebla, Puebla, lo cierto es que a pesar de ello el promovente debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Para corroborar tal aserto, resulta oportuno tener presente lo previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente. El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase, se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 del Código de Comercio. En ese orden, la legislación mercantil prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa debió promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de la resolución que reclama, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de derechos inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: ... Igualmente es aplicable la Jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2005, que dice: ... En este contexto, aún en la hipótesis concebida de que la parte quejosa hubiere reclamado de manera destacada la notificación, a través de la cual se hizo de su conocimiento el contenido de la resolución emitida en el juicio ejecutivo mercantil 772/2010, relativa a la actualización de la planilla de liquidación, es incuestionable que estaba en condiciones de impugnar esa actuación a través del incidente de nulidad de notificaciones, en términos de lo dispuesto por la legislación mercantil. Se afirma lo anterior, dado que el citado incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitida la resolución, a fin de que se practique de nueva cuenta la comunicación judicial conforme a derecho, por ende, debe agotarse dicho incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 77/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 111 de rubro y texto siguientes: ... Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... Máxime, que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL; en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizarse tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que ésta se ordenó, por lo que se corrobora que debió agotar previamente el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente. Además de que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al incidente de actualización de liquidación de sentencia relativo, puesto que compareció al juicio mercantil de origen, en el que hizo valer las defensas que consideró oportunas e incluso promovió incidente de nulidad contra la notificación de la sentencia definitiva, por lo que quedó vinculada al procedimiento y debe someterse a las mismas reglas que las demás partes -lo que puede poner de manifiesto que conocía de ese medio de defensa-. De esa manera, al no haber interpuesto el medio de defensa ordinario contemplado para combatir la notificación practicada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dicha notificación no puede ser materia de estudio en el presente asunto y, por tanto, debe considerarse firme. A partir de lo anterior, puede sostenerse que si la parte quejosa no combatió la notificación relativa a la resolución del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, resulta palmario que respecto del diverso acto consistente en la resolución interlocutoria reclamada, se actualiza la causa de inejercitabilidad consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV, pues, se insiste, al quedar firme la notificación de la resolución reclamada es que este órgano jurisdiccional debe de contemplar esa fecha para el computo de la promoción del juicio constitucional. A ese respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. (.). Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Del primer numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ... Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos, puesto que las consideración expuestas párrafos que preceden ponen en evidencia que no agotó el incidente de nulidad para verificar la legalidad de la notificación practicada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, para conocer el plazo con que contaba la parte quejosa para promover la demanda de amparo en contra de la interlocutoria reclamada, se debe determinar a partir de cuándo surtió efectos la notificación realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (foja 554 del testimonio del juicio de origen) En esa tesitura, para estar en condiciones de establecer el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar la interlocutoria reclamada, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 1075 del Código de Comercio, que prevé cuándo surten sus efectos las notificaciones personales en los juicios mercantiles, el cual dispone lo siguiente: Artículo 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido. De la transcripción anterior, se advierte que en los juicios mercantiles las notificaciones practicadas por boletín judicial que no es más que las listas que se publican en los tribunales, las cuales surten sus efectos al día siguiente en que se hayan practicado, por tanto, el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco de mayo al catorce de junio del dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días veintiséis y veintisiete de mayo, dos, tres, nueve y diez de junio, por haber correspondido a días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como lo pone de manifiesto el siguiente cuadro: Mayo 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 21 22 23 Día en que se notificó el acto reclamado 24 Día en que surtió efectos 25 Día 1 26 (Inhábil) 27 (Inhábil) 28 Día 2 29 Día 3 30 Día 4 31 Día 5 Junio 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 6 2 (Inhábil) 3 (Inhábil) 4 Día 7 5 Día 8 6 Día 9 7 Día 10 8 Día 11 9 (Inhábil) 10 (Inhábil) 11 Día 12 12 Día 13 13 Día 14 14 Día 15 15 17 18 En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el catorce de enero del dos mil diecinueve -según se advierte de la papeleta correspondiente-, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. Por lo anteriormente expuesto, es que al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación federal, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida. En consecuencia, dese de baja el presente asunto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Cumple requerimiento autoridad. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo de lo Civil de Puebla, Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veintiuno de enero de dos mil diecinueve y al efecto remite copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 772/2010 de su índice, constancias que serán tomadas en consideración al momento de proveer acerca de la admisión de la demanda. Por otro lado, tomando en consideración el volumen de la documental en comento, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese y Cúmplase.

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