José Isabel Vargas Silva
Expediente 1070/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Isabel Vargas Silva
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 32266/2022, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo del diverso 9153 del índice de este órgano federal. Asimismo, al haberse declarado este tribunal incompetente, para conocer del presente asunto; y, al no existir documento original que devolver, archívese como totalmente concluido, previas anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es destruible y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo, del artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido sin que la parte quejosa, haya impugnado la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por la cual este tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por José Isabel Vargas Silva, en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En tal virtud, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, remítase al Juzgado de Distrito en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, por incompetencia legal: el presente asunto, y los autos del toca penal 76/2022; a fin de que se avoque a su conocimiento, y requiérasele para que una vez radicado, lo haga del conocimiento de la autoridad señalada como responsable.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio TSJ/1SUE/388-2022, suscrito por el Titular de la Primera Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6280/2022, con el que remite el original y res copias de la demanda de amparo promovida por Óscar Benítez Velázquez, en su carácter de defensor particular de José Isabel Vargas Silva, escrito de presentación, y copia autentica de toca penal de ejecución 76/2022; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Para empezar, en el caso a estudio el suscrito estima, que este tribunal colegido carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida. Para evidenciar lo antes afirmado es importante precisar que el solicitante del amparo Óscar Benítez Velázquez, en su carácter de defensor particular de José Isabel Vargas Silva, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Primera Sala Unitaria de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como el Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 4.- ACTO RECLAMADO: Sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre de 2022 "(.)" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, la Primera Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, resolvió el recurso de apelación interpuesto por José Isabel Vargas Silva, por conducto de su defensor particular, en contra de la resolución que declaró improcedente otorgar la sustitución de la sanción privativa de libertad al quejoso, emitida el nueve de junio del año en curso, en la carpeta de ejecución 06/2021 del registro del Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Circuito Judicial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que se formó en contra del amparista por haber resultado penalmente responsable como autor material de los delitos único de violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones alimentarias; la cual la sala oficiante confirmó. En contra de la citada determinación, Óscar Benítez Velázquez, en su carácter de defensor particular de José Isabel Vargas Silva, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Ahora bien, como en la especie el acto reclamado consiste en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Magistrada titular de la Primera Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca penal de ejecución 76/2022, que confirmó la resolución que declaró improcedente otorgar la sustitución de la sanción privativa de libertad al quejoso, emitida el nueve de junio del año en curso, de la carpeta de ejecución 06/2021 del registro del Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Circuito Judicial, con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, ya que la misma se encuentra en etapa de ejecución; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio. De ahí que si la resolución reclamada no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, ENVÍESE el presente expediente y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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