José Isabel Valdez Dueñas

Expediente 940/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
940/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2016

Partes del expediente

  • José Isabel Valdez Dueñas

Actuaciones

  1. Principal

    En uno de Septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintidós de agosto del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del día veinticinco al treinta y uno de agosto de la presente anualidad.- Doy fe. En la misma fecha la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de Septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Isabel Valdez Dueñas; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el promovente José Isabel Valdez Dueñas, por el que da cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecisiete de agosto del año en curso, pues al efecto manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Del contenido de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El auto de formal prisión dictado el quince de marzo de dos mil quince, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en la causa penal 4/2013, instruida por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de José Raygoza Lara. Ahora, como se desprende del inciso c) de la cuenta secretarial, es un hecho notorio para la suscrita que en este Juzgado se tramitó el juicio de garantías 158/2015-8, promovido por José Isabel Valdez Dueñas, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Juicio en el que consta la notificación del auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil quince, emitido en la causa penal 4/2013. Por tanto, glósese, copia certificada de las constancias mencionadas que obran en el referido juicio de amparo 158/2015-8, para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, el escrito aclaratorio, así como las constancias certificadas del juicio 158/2015-8, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por José Isabel Valdez Dueñas, por su propio derecho, dado que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, caso en el cual, el acto reclamado será considerado como tácitamente consentido. Dicho precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate el auto de formal prisión dictado el quince de marzo de dos mil quince, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en la causa penal 4/2013, instruida por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de José Raygoza Lara. En el escrito aclaratorio de cuenta, el promovente del amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecinueve de marzo de dos mil quince, cuando el Juez de la causa remitió copia autorizada de éste, al diverso juicio de amparo 158/2015, del índice de este órgano jurisdiccional; juicio en el cual reclamó la orden de aprehensión librada en la misma causa penal, y el cual fuere sobreseído al actualizarse un cambio de situación jurídica, por haberse emitido el auto de formal prisión que ahora constituye el acto reclamado. Ahora, de las constancias del diverso juicio de amparo se advierte que efectivamente, mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil quince, se tuvo por recibida copia certificada del auto de formal prisión, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; determinación que le fuera notificada por medio de lista el diecinueve de mismo mes y año. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de veintitrés de marzo de la anualidad pasada, tomando en consideración que dicha notificación surtió sus efectos el veinte del mismo mes y año, siendo inhábiles los días veintiuno y veintidós, por corresponder a sábados y domingos. En esos términos, se advierte que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el quince de abril de dos mil quince, tomando en consideración que entre estas dos fechas mediaron los días veintiocho y veintinueve de marzo; cuatro, cinco, once y doce de abril por corresponder a sábados y domingos; uno, dos y tres de abril de dos mil quince, que fueron declarados como no laborables mediante circular 11/2015 de veinticinco de febrero de dos mil quince, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, correspondientes a la semana denominada "santa" o "mayor". Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el quejoso es el auto de formal prisión dictado en la causa penal 4/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico; dicha determinación, se advierte, afecta directamente la libertad del quejoso. No obstante, lo anterior no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues el auto de término constitucional fue dictado dentro de la causa penal referida, esto es, dentro de procedimiento judicial; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por José Isabel Valdez Dueñas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 17, todos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ZACATECAS, ZACATECAS, DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueve José Isabel Valdez Dueñas, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y otras autoridades por considerar que violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 940/2016-4 que por su orden progresivo le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia dispone, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos anteriores se deduce como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre la fecha de conocimiento o notificación de éste, bajo protesta de decir verdad. Es aplicable la tesis: XX.2o.3 P (10a.), por la razón que informa, con registro 2007769, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2886 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, materia común, que establece "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Luego, en el supuesto de que se reclaman actos derivados de un procedimiento judicial en materia penal, debe señalarse la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado, pues dichos actos también están sujetos a los plazos del artículo 17 de la Ley de la materia. En el caso, el quejoso reclama el auto de formal prisión de quince de marzo de dos mil quince, emitido en la causa penal 4/2013. De manera que se reclama una determinación derivado de un procedimiento judicial; por lo que es necesario se precise la fecha de conocimiento de notificación de tal resolución. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso hubiese precisado tal circunstancia, pues se limitó a afirmar la fecha del auto combatido, sin que conste la de su notificación o conocimiento. Por tanto, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le notificaron a él o a su defensor particular y/o público el auto de quince de marzo de dos mil quince, dictado en la causa penal 4/2013, emitido por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere al promovente para que exhiba cinco copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, cuatro para las autoridades señaladas como responsables y la restante para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. Lo anterior, con apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tienen únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Yecica Araceli Castañeda Campos y Artemio Valdez Zavala, dado a que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y sin que haya lugar a tener por señalados los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, toda vez que los mismos no constituyen un domicilio propiamente dicho. Ahora bien, y toda vez que del libelo constitucional no se advierte que se haya señalado algún otro domicilio para tal efecto; en tal virtud, la notificación del presente auto así como las subsecuentes de carácter personal, se deberán de practicar por medio de lista, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto la quejosa señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Alan.

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