Jose Isabel Morales

Expediente 1644/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1644/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2015

Partes del expediente

  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Jose Isabel Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido los oficios signados por el Delegado del Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, por medio del cual, remite copia certificada de los cheques a favor de la parte quejosa; agréguese para que obre como legalmente corresponda en razón de que en veintisiete de octubre de dos mil quince, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio, de los que se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de enero del año en curso, se concedió a ERNESTO FUENTES RIOJAS el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que reclamó de los magistrados de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, para los siguientes efectos: La Sala responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje sin efectos la resolución de tres de julio de dos mil catorce, aunque únicamente en lo atinente al auto de vinculación a proceso apelado, quedando intocadas las consideraciones que el tribunal de apelación sostuvo respecto del acuerdo de dos de abril de dos mil catorce, que analizó en la propia resolución, y que no fue materia de la litis constitucional. En su lugar dicte una nueva resolución en la que atendiendo a las consideraciones aquí expresadas, con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a sus facultades legales, y notifique al quejoso, debiendo remitir las constancias que así lo acredite. Resolución que causó ejecutoria por auto de catorce de abril del año en curso, por lo que se requirió a las responsables el cumplimiento a la sentencia concesoria. En mérito de lo anterior, en su oportunidad se tuvo por recibo el oficio 144, signado por el magistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que acompañó copia autorizada del acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, por el que dejó insubsistente la Sala responsable, la resolución dictada en la audiencia de tres de julio de dos mil catorce, en el toca penal 106/2014-2ª-0-2, únicamente por cuanto a lo atinente al auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, y en su lugar señaló las once horas del siete de mayo del presente año, para que tuviera lugar la audiencia prevista por el artículo 416 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, para lo cual ordenó citar a las partes. En un segundo oficio recibido el siete de mayo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada en la audiencia de la misma fecha por la que determinó revocar la resolución apelada, de ocho de abril de dos mil catorce, dictada en la causa penal JC/610/2012, en la que el juez natural decretó auto de vinculación a proceso en contra de Ernesto Fuentes Riojas, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de fraude específico, cometido en agravio de Arturo Tapia Duran; y ordenó la reposición del procedimiento en los términos que precisó en la propia resolución. A las documentales remitidas se concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; con las que en su momento se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho corresponde. Ahora bien, del contenido del auto de diecisiete de abril del año en curso, se advierte que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución que pronunció en la audiencia de tres de julio de dos mil catorce, únicamente por lo que respecta al auto de vinculación a proceso aquí reclamado, y señaló nuevo día y hora para la celebración de la audiencia en esa alzada, con citación de las partes, audiencia que tuvo verificativo el siete de mayo del año en curso, y que concluyó con la resolución por la que la Sala responsable determinó revocar la resolución apelada, de ocho de abril de dos mil catorce, dictada en la causa penal JC/610/2012; y ordenó la reposición del procedimiento al haber advertido que se vulneró en perjuicio del apelante, aquí quejoso, el derecho fundamental de debido proceso y defensa, contenidos en los artículos 19 y 20 apartado B, fracción IV de la Constitución General del República, por lo que ordenó remitir los autos al juez que inició la audiencia de formulación de imputación, a quien instruyó para que la reposición de procedimiento la lleve a cabo a partir de que el imputado, aquí quejoso, solicitó la ampliación del término constitucional, para el efecto de que la fiscalía en ese momento solicite y funde la vinculación a proceso del imputado; luego señale el juez natural la fecha y hora en la que deberá continuar la audiencia dentro de la ampliación del plazo solicitado por el imputado, sin que pueda ser mayor a ciento cuarenta y cuatro horas, oportunidad en que el fiscal podrá solicita en ese acto las medidas cautelares que considere pertinentes, según lo apuntó la responsable. Como también instruyó al administrador de Sala, para que una vez recibida esa resolución y a efecto de dar cumplimiento a la misma, remitiera los autos al juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones, que hubiera iniciado la audiencia de formulación de imputación el dos de abril de dos mil catorce, y en el supuesto de que la misma hubiese cambiado de adscripción y no fuera posible su nominación, ordenó se designara a un juez de control distinto, y la reposición del procedimiento será a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de la fecha señalada, en el entendido de que el juez de control que la presida deberá conducirla hasta su total conclusión, aun cuando sea prolongada a una sesión sucesiva, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa; quedando expeditas las facultades del juez de control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda, según lo precisó la Sala responsable. Con lo que cumplió con la sentencia concesoria por las consideraciones jurídicas siguientes: En primer término, porque en observancia a la sentencia de amparo dejó sin efectos la resolución reclamada, por lo que respecta al auto de vinculación a proceso que dio origen al recurso de apelación, y dejó intocadas las consideraciones que el tribunal de apelación sostuvo respecto del acuerdo de dos de abril de dos mil catorce, por no haber sido materia de la litis constitucional; en segundo lugar porque dictó una nueva resolución en la que al advertir que se transgredió en perjuicio del apelante, aquí quejoso, el derecho fundamental de debido proceso y defensa, contenidos en los artículos 19 y 20 apartado B, fracción IV de la Constitución Federal, determinó revocar la resolución apelada y reponer el procedimiento para los efectos precisados con antelación. Lo que permite afirmar que contrario a lo aducido por la parte quejosa en su escrito que presentó ante este juzgado federal el quince de mayo del año en curso, la sentencia protectora se encuentra cumplida toda vez que en ésta se impuso a la Sala responsable que debería dejar insubsistente la resolución reclamada, y abocarse al estudio y análisis de los agravios formulados en apelación, dando respuesta a los argumentos que le fueron planteados, y de manera fundada y motivada, observando que no se haya violado algún derecho fundamental del imputado, garantizando el debido proceso, con libertad de jurisdicción resolviera conforme a sus facultades legales, por lo que si en atención a ello la Sala resolvió con plenitud de jurisdicción en los términos en que lo hizo, al haber advertido que se violentaron en perjuicio del apelante los derechos fundamentales de debido proceso y defensa, es incuestionable que la sentencia protectora ha quedado cumplida, por lo que las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito en mención en el que expresa que le causa afectación dicho cumplimiento por los motivos que señala, éstos no pueden ser atendidos por esta autoridad federal, quedando expeditos sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que proceda. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez quien autoriza y da fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada de acuse del cheque 0052271, fechado el diecinueve de agosto de dos ml quince, por la cantidad de $2,565.18 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.); el cual recibió la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil quince; el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, en virtud que por auto de dos de septiembre de dos mil quince, se declaró cumplida la sentencia de amparo NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario JADILSON ALONSO NAVARRO, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado de las autoridades Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual emite el memorándum número SAJ/DA/3374/2015, por el que informa las acciones tendentes al debido cumplimiento, así como que fue instruido el Tesorero Municipal, a efecto de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo y anexa copia de los oficios que le remitieron; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar, en virtud de que fueron requeridos con multa. Agréguese a los autos el escrito del quejoso HUMBERTO HUGO VELÁZQUEZ MARMOLEJO, por medio del cual solicita se proceda a realizar lo estipulado en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo y se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y, toda vez que por sentencia terminada de engrosar el once de marzo de dos mil quince, fue concedido el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el siguiente efecto: ".Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64, 77, fracción II, y 78 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes:  Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 77, fracción II, y 78 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre a la parte quejosa la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública número 52,633 pasada ante la fe del Notario Público número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial.  Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos, y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en el recibo de pago con número de folio 1822981 expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Morelos, así como al cobro por impuesto adicional asentado en el recibo de pago con número de folio 00312691 expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones, descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública número 52,633 pasada ante la fe del Notario Público número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial.  Cabe destacar que para efectos de determinar la cantidad que se deberá reintegrar al quejoso Luis García Carbajal, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos deberá allegarse de las constancias correspondientes para conocer el monto exacto que el quejoso -en su carácter de copropietario en partes iguales del bien inmueble a que se refiere la escritura 52,633- pagó respecto de dichas contribuciones, pues si bien el monto total asciende a $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), de las constancias que obran en autos no se advierte qué cantidad erogó el quejoso y qué cantidad erogó la señora María Isabel Medina Juárez -en su carácter de copropietaria-.  En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa únicamente la cantidad que acredite haber pagado por concepto de dichas contribuciones, previo descuento debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos..." Ahora bien, toda vez que por auto catorce de julio de dos mil quince, le fue requerida la cantidad de $30,879.04 (treinta mil ochocientos setenta y nueve pesos 04/100 M.N.) al Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, siendo la correcta la cantidad de $6,164.34 (SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.). En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento para efecto de requerir a la autoridad de referencia el cumplimiento a la sentencia ejecutoria con las cantidades correctas, por lo tanto: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.) , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo , este juzgador requiere al Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (FERNANDO MARTÍNEZ CUE), para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen Y REMITAN COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE MAS SU ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. Con atención a lo anterior se procede a actualizar las mencionadas cantidades: ACTUALIZACIÓN Mes más reciente Julio de 2015 Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago noviembre 2014) Factor de actualización 116.128 / 113.032 1.027390473494232 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $ 6,000.00 * 1.027390473494232 $6,164.34 CANTIDAD A PAGAR Cantidad total Resta Cantidad cobrada Cantidad correspondiente a la actualización $6,164.34 - - $6,164.34 Por consiguiente la cantidad que debe de devolver la autoridad responsable es de $6,164.34 (SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.), para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que el término de VEINTE DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (JORGE MORALES BARUD) y al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, LEANDRO VIQUE SALAZAR y Regidores NANCI ALEJANDRA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, PABLO ANDRADE GORDILLO OLIVEROS, JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, NELSON GERSON RODRIGUEZ VAZQUEZ, ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, JUAN JARAMILLO FRICAS, ROSELIA URIOSTEGUI BAHENA, LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, ROMUALDO SALGADO VALLE, MARCO ANTONIO VALDIN PASAFLORES, SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, DULCE MARIA ARIAS ATAIDE Y FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

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