José Isabel Basto Burgos
Expediente 522/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Isabel Basto Burgos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de seis de septiembre del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara pronunciamiento alguno al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de septiembre de este año, para que manifestara si era su intención promover algún recurso o medio de defensa legal y, de ser así, cuál sería y contra qué lo intenta, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintiuno al veintitrés de los corrientes, sin que realizara pronunciamiento alguno; en ese sentido, se tiene a la parte quejosa formulando manifestaciones respecto de dicho cumplimiento.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de siete de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de seis de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió copia certificada de las constancias siguientes: Proyecto en forma de laudo (fojas 55 a 57). Constancia de entrega a los integrantes de la junta del proyecto de laudo (foja 58). Constancia de cita a los integrantes de la Junta a la audiencia de discusión y votación, así como dicha audiencia (fojas 59 y 60). Laudo de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 61 a 63). Notificación del laudo a las partes del juicio de origen de diecinueve y veintidós de agosto del año en curso (foja 64 a 66). Lo anterior, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; por lo que en auto de veinticuatro de agosto del año que transcurre, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no realizar argumento alguno al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En razón de lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días concedido tanto a la parte quejosa como a los terceros interesados mediante proveído de veinticuatro de agosto actual (fojas 67 y 68), sin que a la fecha en que se actúa hubieren realizado manifestación alguna al respecto; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este Juzgado, procede a resolver de oficio y analizar si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia veintiséis, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del Apéndice de dos mil, Novena Época, que a continuación se cita: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: Con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia (fojas 32 a 39), en la cual se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Isabel Basto Burgos, para los efectos siguientes: 1. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; "1.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2. Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto. 3. Una vez emitido el fallo, notifique a las partes." Por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la sentencia en comento causó ejecutoria. Asimismo, por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio STyPS/SSTZS/JLCA/854/2016, a través del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento dado al fallo protector, y allegó copia certificada del proyecto en forma de laudo, audiencia de discusión y votación, el laudo, así como la notificación de éste realizado a las partes del juicio laboral DI-93/2013 de su índice. (fojas 54 a 66) Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, los efectos de la concesión del amparo fueron, en esencia, que la autoridad responsable realizara lo siguiente: De inmediato distribuyera entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, a fin de que en el término de cinco días, cualquiera de aquéllos pudiera solicitar que se practicaran las diligencias que se estimaran pertinentes para el esclarecimiento del asunto en disputa. Para el caso de que los miembros de la Junta hubieran solicitado la práctica de diligencias del supuesto anterior, con citación de las partes, señalaría día y hora para el desahogo, ello dentro del plazo de ocho días. Una vez transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, su Presidente citaría a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual debiera realizarse dentro de los diez días siguientes, y se fallaría el asunto. En ese contexto, de las actuaciones que remitió la autoridad responsable se analiza que, por cuanto al punto número 1 [De inmediato distribuyera entre cada una de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, y en el término otorgado de cinco días, cualquiera de aquéllos podrían solicitar que se practicaran las diligencias que se estimaran pertinentes para el esclarecimiento de la verdad], en acuerdo de catorce de julio del año en curso (foja 58) dictado en el expediente laboral DI-93/2013 de su índice, tuvo por formulado el proyecto de resolución de laudo (fojas 55 a 57) y ordenó entregar una copia a los integrantes de la Junta para que dentro del término de cinco días, hicieran uso, en su caso, del derecho que les concede el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se advierte en la transcripción siguiente: "[.] VISTOS.- La cuenta que da el Secretario General "A" de Asuntos Individuales de esta Junta Laboral, se tiene por formulado en sus términos el Proyecto de Resolución en forma de Laudo correspondiente al juicio al rubro señalado, acumúlese a sus antecedentes para que surta sus efectos legales del mismo, entréguese una copia a los integrantes de esta Junta a efecto de que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente de haber recibido la copia respectiva, hagan uso del derecho que les concede el artículo 886 de la propia Ley.[.] El día catorce del mes de Julio del año dos mil Dieciséis, se entregó senda copia del Proyecto de Resolución al Ciudadano Representante Obrero, quien dijo que le recibe y firma para constancia. El día catorce del mes de Julio del año dos mil Dieciséis, se entregó senda copia del Proyecto de Resolución al Ciudadano Representante Patronal, quien dijo que le recibe y firma para constancia. (foja 58).[.] En relación al punto número 2 [Para el caso que hubieran solicitado la práctica de diligencias del supuesto anterior, con citación de las partes, señalaría día y hora para el desahogo, ello dentro del plazo de ocho días], en cinco de agosto de este año, la autoridad responsable hizo constar que los integrantes de la Junta Laboral, dentro del plazo de cinco días que les concedió, no solicitaron la práctica de diligencia alguna ni realizaron observación al proyecto de resolución en forma de laudo, tal como se cita seguidamente: "CERTIFICACIÓN: En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, el suscrito Secretario General "A" de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, CERTIFICA: Que habiendo transcurrido el término de cinco días hábiles concedidos a los Ciudadanos Representantes Obrero y Patronal de esta Junta Local, éstos no tuvieron observación alguna que realizar al Proyecto de Resolución en Forma de Laudo formulado en el expediente indicado al rubro y no solicitaron la práctica de diligencia alguna. Conste. DOY FE. El Secretario General "A" de Asuntos Individuales. [.]" (foja 59) Respecto a lo especificado al punto número 3 [Una vez transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citaría a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto.], la autoridad del conocimiento en acuerdo cinco de agosto del presente año, con fundamento en el artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo vigente, convocó a los integrantes de la Junta a la Audiencia de Discusión, por lo cual fijó fecha y hora para ese efecto, tal como se desprende del párrafo que se cita: "[.] JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO a día cinco del mes de agosto del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTOS: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo considerando la certificación que antecede del Secretario General "A" de Asuntos Individuales de esta Junta Local y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 887 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, se convoca a los integrantes de esta Junta a la Audiencia de Discusión y Votación, que tendrá verificativo a las DIEZ horas del día DIECIOCHO del mes de AGOSTO del año DOS MIL DIECISÉIS, en la residencia oficial de este Cuerpo Colegiado de Justicia Laboral, sito en Avenida Héroes número ciento cinco, Local B, entre calle Lázaro Cárdenas y Calle Plutarco Elías Calles de la Colonia Centro de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así le acordaron y firman los integrantes del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, ante el Secretario General "A" de Asuntos Individuales, quien autoriza y da fe.- DOY FE. (foja 59) [.]" Luego, notificados los integrantes de la Junta laboral, en la fecha y hora señalada para los efectos del artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo, se llevó a cabo la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, la que tuvo como resultado la aprobación del mismo por unanimidad de votos, motivo por lo cual se elevó a la categoría de laudo, tal como se desprende en lo que aquí interesa: "[.] Hecho lo anterior, el Ciudadano Presidente de esta Corte de Trabajo, puso a discusión el asunto, obteniéndose como resultado que los miembros de este Cuerpo Colegiado de Justicia Laboral manifestaron su conformidad con el Proyecto de Resolución formulado solicitando únicamente que en el momento de dictar Laudo de este expediente, se precisen los puntos resolutivos del mismo, y obteniéndose la aprobación del mismo por unanimidad de votos de los miembros de esta Autoridad Laboral, por lo que se acordó proceder a elevar el Proyecto a la categoría de Laudo y firmándose por los integrantes de esta Autoridad Obrera, con lo que se dio por terminada la diligencia levantándose la presente actuación que previa lectura y aprobación se firma para debida constancia por los Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, y actuando ante el Ciudadano Secretario General "A" de Asuntos Individuales de este (sic) Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien autoriza y da Fe. DOY FE.--" (foja 60) Por tales circunstancias, en atención a lo aprobado por los integrantes de la Junta Laboral responsable, en uno de julio de esta anualidad se publicó por lista de estrados el laudo correspondiente en los términos siguientes: [.] - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se declara IMPROCEDENTE la ACCIÓN de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL por DESPIDO INJUSTIFICADO promovida por el ciudadano JOSÉ ISABEL BASTO BURGOS en contra de EMPANADAS CHABELO y/o GUILLERMO ALBERTO BASTO PÉREZ, dado los argumentos expuestos en la presente resolución.------- SEGUNDO.- Se ABSUELVE a la parte demandada EMPANADAS CHABELO y/o GUILLERMO ALBERTO BASTO PÉREZ a pagar a favor del ciudadano JOSÉ ISABEL BASTO BURGOS las prestaciones citadas en el CONSIDERANDO VI de esta resolución.------------------------- TERCERO.- Se comisiona al Ciudadano Actuario Adscrito a esta Honorable Junta Laboral, para que notifique personalmente la presente resolución a las partes en sus domicilios señalados en autos." Finalmente, el laudo en comento fue notificado a la parte quejosa el diecinueve de agosto del año en curso (foja 64) y a los demandados del juicio de origen el veintidós del citado mes y año (fojas 65 y 66). De lo vertido en párrafos que anteceden, se desprende que la autoridad responsable en acuerdo de catorce de julio pasado ordenó distribuir entre cada uno de los miembros de la junta el proyecto del laudo, para que, en su caso, éstos en un plazo de cinco días pudieran solicitar las diligencias que estimaran pertinentes. Una vez transcurrido dicho término, la autoridad en cita certificó que ningún integrante de la Junta solicitó la práctica de alguna diligencia, por lo cual cito a una audiencia de discusión y aprobación de dicho proyecto; suceso que aconteció en la fecha y hora y prevista para ello en la cual se aprobó el proyecto y se ordenó que se elevara a categoría de laudo en los términos de los resolutivos trascritos, determinación que, como ya se anticipó, fue notificado al quejoso el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis y a los demandados del juicio de origen el veintidós de los corrientes. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo al satisfacer cada uno de sus efectos establecidos en la misma en virtud de que al haber distribuido el proyecto de laudo entre los integrantes de la Junta, que éstos transcurrido el término no realizaron observación alguna en el mismo ni solicitaron la práctica de diligencias, fijó fecha y hora para su discusión y aprobación, en la cual se ordenó que se elevara a categoría de laudo en los términos previstos, con lo cual puso fin a la controversia laboral suscitada entre las partes, además, como se ordenó en la sentencia, se notificó al actor y demandados del juicio de origen. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
(CITATORIO y AVISO) Toda vez que el quejoso y la parte tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio y aviso de veinticinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, ya que remite copia certificada del proyecto de laudo, acuerdos de catorce de julio y cinco de agosto de esta anualidad, audiencia de dieciocho de agosto del año en curso, así como del laudo de esa misma data, y respectivas notificaciones realizadas a las partes, que obran en el juicio laboral DI-93/2013. En mérito de lo anterior, se da vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.
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