Jose Isabel Alonso Carreon
Expediente 15/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Isabel Alonso Carreon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente Juicio de Amparo de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el Juicio de Amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecisiete. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, José Isabel Alonso Carreón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- señalo las siguientes: COMO ORDENADORAS 1).- PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA. COMO EJECUTORAS 2).- DIRECTOR DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA TODAS LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS O EJECUTORAS TIENEN SU DOMICLIO BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD." "IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo la OMISIÓN O FALTA DE CONTESTACIÓN A MI PETICIÓN REALIZADA MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, EN DONDE NO HE RECIBIDO CONTESTACIÓN ALGUNA. De las ejecutoras: Reclamo todos los actos tendientes a no cumplir las instrucciones de la ordenadora, para dar contestación a mi petición realizada de manera escrita." La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1 y 8 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró bajo el número 15/2017-III-B; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna del 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: La omisión de acordar su escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficialía Mayor de dicho Tribunal, por el cual solicitó se autorizara la salida del proceso 256/2009 del extinto Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla -del archivo judicial- para la expedición de copias certificadas (por duplicado) de todo lo ahí actuado. Y, del 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: La omisión de cumplir con lo ordenado por la autoridad antes citada para lograr el acuerdo de su escrito. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, manifiesta que es cierto el acto que se le reclama (fojas 33 y 34); en virtud de lo cual, se tiene plenamente probada la existencia del mismo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con la copia certificada del acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, así como de su constancia de notificación que la autoridad acompañó a su informe justificado, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, al rendir su informe justificado, el 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, negó la existencia del acto que a el se le reclama, arguyendo que no recibió ninguna solicitud por parte del quejoso. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que de la copia certificada del acuerdo emitido el once de enero de dos mil diecisiete por el 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (valorada anteriormente), se advierte que éste acordó la comunicación del 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en donde informó que no existe constancia de que el proceso 256/2009 del entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, solicitado mediante oficio 8457 de Presidencia, se encontrara en el resguardo del archivo a su cargo (foja 36); por tanto, a la presentación de la demanda había sido omiso en informar lo conducente a la primera de las autoridades; por ende, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse aquel de un acto omisivo que crean una situación permanente mientras se subsanan, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, la autoridad responsable 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, indica que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar la omisión por parte del 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de acordar su escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficialía Mayor de dicho Tribunal, por el cual solicitó se autorizara la salida del proceso 256/2009 del extinto Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla -del archivo judicial- para la expedición de copias certificadas (por duplicado) de todo lo ahí actuado y del 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la omisión de acatar con lo ordenado por el presidente para lograr el acuerdo de la promoción Ahora bien, de la copia certificada que la autoridad responsable ordenadora acompañó a su informe justificado (valorada anteriormente en términos de ley), se advierte que el once de enero de dos mil diecisiete, acordó la promoción que el quejoso presentó el treinta de septiembre del año inmediato anterior, en el que se dio cuenta además con la respuesta dada por el 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a la solicitud que le fue planteada en el sentido de que previa búsqueda correspondiente, dentro de la documentación del entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, no existe constancia de que el proceso 256/2009, se encontrara bajo su resguardo; acuerdo que fue notificado al quejoso -por conducto de su autorizado-, en el domicilio que señaló para tal efecto, el doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 35 a 37). Por tanto, al haberse acordado la petición objeto de la controversia, así como al haberse atendido la solicitud efectuada al 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; todo lo cual se hizo del conocimiento del quejoso, por conducto de su autorizado, se han destruido todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como los mencionados actos no hubieren vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Isabel Alonso Carreón, en contra de los actos reclamados al 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando séptimo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe aludido en líneas precedentes y dicha fecha no ocurrirá; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el momento procesal oportuno.
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