José Ireneo Briones Flores

Expediente 1024/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1024/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • José Ireneo Briones Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Juzgado primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por el cual acúsa del oficio por el cual este juzgado federal declinó la competencia planteada y devolvió los autos originales del juicio de amparo 184/2020 de su índice; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido En ese orden de ideas, debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del Cuaderno de Antecedentes. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), dado que se trata de un sumario constitucional en el que se determinó no ser competente para conocer del juicio de amparo de que se trata, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el Capítulo Quinto del Acuerdo General invocado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver de oficio, si la ejecutoria de amparo, se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto Al respecto, conviene señalar que la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la que fue recurrida y confirmada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para el efecto siguiente Sexto. Efectos del amparo. En atención a las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a María Esther Carrión Ávila, para el efecto de que la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y el Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realicen lo siguiente: Desincorporen de la esfera jurídica de la solicitante de amparo, en lo presente y en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Deje insubsistente el oficio DS/SP/DPSH/0847/2019 de seis de mayo de dos mil diecinueve. Dicte otra resolución en la que sin aplicar el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resuelva que la quejosa ......., tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez identificada con el número 782623, así como la diversa pensión por jubilación número 975218 y los pagos respectivos de las mismas. Hecho lo anterior, notifique esa determinación a la quejosa y, en consecuencia: Deje sin efectos la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina con folio .. y emita otra donde le otorgue íntegramente las pensiones a que tenga derecho, ordenando que los pagos correspondientes a las mismas se realicen de manera íntegra, debiendo reintegrar las cantidades que haya dejado de percibir indebidamente desde la fecha en que se generó ese derecho, esto es, reintegrar las cantidades que le hayan sido descontadas con motivo de la aplicación del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cantidades que deberán cuantificarse en base al salario mínimo que corresponda según el periodo de pago. Ahora bien, con la finalidad de determinar, si se ha dado o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a las que el suscrito juzgador otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o., al tratarse de actuaciones de la autoridad en ejercicio de sus funciones.En ese sentido, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Director General de dicho Instituto, en su carácter de superior jerárquico.En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 600.602/SC/ARS/33440/2020 de la Delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que anexó copia certificada de la resolución administrativa DS/SP/DPSH/UCS/2041/2019 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual en la parte que interesa establece lo siguiente: ACTA ADMINISTRATIVA POR COMPARECENCIA De las anteriores inserciones se desprende que la autoridad dejó sin efectos el oficio DS/SP/DPSH/0847/2019 de seis de mayo de dos mil diecinueve, impugnado en el presente juicio; asimismo que se le desvincula a la parte quejosa de la esfera jurídica en lo presente y en lo futuro el artículo 12, párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de igual manera dejo sin efectos el documento denominado liquidación de pago previa incorporación a nómina folio.... Por otro lado, se advierte que a partir de diciembre de dos mil diecinueve recibe de manera íntegra sus pensiones por viudez así como su pensión por jubilación, y que del análisis de la nómina institucional así como de su pensión por viudez, resultó que ese instituto retuvo por concepto compatibilidad, la cantidad de ....., monto que se le reintegró mediante el título de crédito expedido a su favor. Así también, se advierte el pago efectuado el treinta de enero de dos mil veinte, mediante la cual se llevó a cabo la entrega del título de crédito 0007461 a nombre de .......por la cantidad de ....... En efecto, de las imágenes digitalizadas se advierte que las autoridades responsables Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Director General de dicho Instituto, en su carácter de superior jerárquico han acreditado el cumplimiento a los extremos del fallo protector, esto es, que mediante el oficio DS/SP/DPSH/UCS/2041/2019 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve: desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, en lo presente y en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; dejó insubsistente el oficio DS/SP/DPSH/0847/2019; dictó otra resolución en la que sin aplicar el precepto legal mencionado, resolvió que la quejosa tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez, así como la diversa pensión por jubilación y los pagos respectivos de éstas, y efectuó los pagos correspondientes a las cantidades que había dejado de percibir por el concepto de compatibilidad de pensión. Cabe destacar que las actuaciones de cumplimiento se hicieron del conocimiento de la parte quejosa sin que hubiera realizado manifestación alguna, sin embargo ello no implica que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria, dado que la falta de manifestación a la vista no es impedimento para que el Juez de Distrito emita la resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla En consecuencia, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de aparo, como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, dado que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada- Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado puntualmente cumplida la sentencia de amparo, sin exceso o defecto alguno, dado que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020 relativos a la reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En consecuencia, se provee: Téngase recibido el oficio 20422/2020, remitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al que se adjunta el expediente 184/2020 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Ahora bien, el juzgado de origen mediante proveído de doce de agosto del año en curso, se declaró incompetente y con fundamento en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el citado órgano jurisdiccional determinó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, al estimar que los actos reclamados por la parte quejosa, se ubican en los supuestos previstos en dicho Acuerdo. En consecuencia, fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad y regístrese bajo el número 1024/2020. DETERMINACIÓN SOBRE COMPETENCIA De la revisión a las constancias que integran el juicio de amparo que promovió xxxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, el suscrito estima que no le corresponde el conocimiento integral del asunto y por ende, no se acepta la competencia planteada por el juzgado de origen, por las siguientes consideraciones: La parte quejosa señaló como actos reclamados en su escrito inicial de demanda, los siguientes: En atención a ello, por auto de doce de agosto del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, tuvo por recibida la demanda de amparo que nos ocupa y admitió la demanda de la parte quejosa. Sin embargo, con motivo de la publicación del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en proveído de doce de agosto del año en curso, ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, al considerar que se encuentra en los supuestos que establece el referido Acuerdo. En ese orden, resulta conveniente destacar que el referido Acuerdo General 2/2020, estableció que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, debe indicarse que, ante las interrogantes que surgieron con motivo de la aplicación del Acuerdo General en comento, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ha interpretado y fijado los alcances del mismo; de ahí que, en sesiones celebradas el diecisiete de marzo y diez de agosto del año en curso, aprobó los puntos de acuerdo 28/2020 y 61/2020, respectivamente, en los cuáles determinó esencialmente que los órganos jurisdiccionales auxiliares antes indicados, sólo pueden conocer de la temática siguiente: 1. Los artículos 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, todos, del Código Fiscal de la Federación; o alguna otra disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 2. Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier disposición relacionada con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es así, puesto que se consideró que la finalidad del Acuerdo General 2/2020, es prevenir un posible presentación masiva de demandas de amparo indirecto que provocara un aumento considerable en las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Por lo que se ordenó la concentración de los asuntos en los que se controvirtiera la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Posteriormente, a través del oficio SECNO/1203/2020, de veintiséis de agosto último -emitido en atención a diversa consulta formulada por este órgano jurisdiccional y del que se agrega impresión a los autos para constancia-, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, reiteró los temas de los que pueden conocer los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y puntualizó que, si bien el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, abarca los artículos 17-H y 17-H Bis, así como el 82-A, 82-B y subsecuentes, todos del Código Fiscal de la Federación, que establecen sanciones para el caso de incumplimiento a las obligaciones fiscales vinculadas a los "esquemas reportables", lo cierto es que éstos no forman parte de la temática regulada. De igual forma, indicó que no se pasó por alto que dentro de las fracciones del artículo 17-H Bis existen supuestos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, puesto que el reclamo debe encaminarse a los temas definidos, debiendo impugnar la fracción del referido numeral o algún otro precepto relacionado con la emisión de comprobantes fiscales referentes a operaciones inexistentes, falsas o actos simulados; por lo que se concluyó que el Acuerdo General 2/2020 no contempla las demandas o ampliaciones en las que se reclamen los artículos referidos al mecanismo "esquemas reportables". También, por oficio SECNO/1764/2020, de veinticinco de noviembre del año en curso, emitido en contestación a diverso oficio librado por este juzgado federal, suscrito la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se aclaró que la competencia de los juzgado auxiliares, se actualiza cuando en las demandas de amparo se combatan normas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como aquéllas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Incluso -precisa- basta que se señale un precepto que regule o haga referencia a dicho tema, con independencia de que también se hagan valer algunas normas ajenas a ese tópico, los que, por excepción, también señalaran competencia, en aras de evitar que se diva la continencia de la causa. Lo anterior, -insiste- debido a que en principio las normas podrán combatirse como un sistema normativo, con lo que se busca evitar que se separen los actos reclamados de la parte quejosa, en ese tipo de asuntos. Por tanto a fin de establecer la temática que la parte solicitante de amparo reclama, se establece lo que señala como acto reclamado el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece: "Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: (.) III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas morales, serán responsable solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona mortal que dirigen, cundo dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la fracción X de este artículo. (.)". Ahora bien, considerando lo expuesto en los párrafos que preceden, resulta evidente que la demanda origen del juicio de amparo 184/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, no se ubica en los supuestos contenidos en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que el artículo que se pretende impugnar, no es de aquellos relacionados con la temática descrita, como se observa a continuación: Artículos relacionados con el Acuerdo General 2/2020. Artículos reclamados en el escrito de demanda. ? 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, todos, del Código Fiscal de la Federación. (Relativos a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados) ? 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. (Relativo a la responsabilidad solidaria que tienen ciertas personas con el obligado principal respecto del pago de las contribuciones.) En efecto, el juzgado de origen únicamente consideró que, por reclamarse el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se actualizaban las condiciones previstas en el Acuerdo General 2/2020, por lo que ordenó remitir el juicio de amparo que nos ocupa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, no se consideró que las porciones normativas reclamadas, no forman parte de la temática que éste regula. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de materia, en razón de que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. Máxime que de conformidad con el Acuerdo General 2/2020 el referido Consejo delimitó la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por ello, este juzgador estima que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en su caso, declararse legalmente incompetente, en razón de que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo General 2/2020 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia limitada a la temática ahí prevista. Y, como consecuencia de ello, este órgano jurisdiccional no es competente para conocer del juicio de amparo que se recibe. Por tanto, este órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada respecto del juicio de amparo indirecto 184/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxxxxs, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Devuélvanse los autos del indicado expediente, al órgano jurisdiccional de origen para los efectos legales a que haya lugar; y, solicítesele de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente e informe lo que haya tenido a bien determinar. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la papeleta de turno de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como de esta determinación. TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas empleadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, se hace del conocimiento que este órgano jurisdiccional auxiliar y la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, tienen su domicilio dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible, transite a la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de expediente electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se sugiere a las partes que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, a fin de que la tramitación electrónica se erija como eje rector en la tramitación de expedientes, considerando el riesgo sanitario derivado del virus COVID-19. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal www.firel.pjf.gob.mx para el cual se necita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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