Jose Inocente Salazar Cortes
Expediente 204/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jose Inocente Salazar Cortes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda presentada por ***. Ahora bien, de conformidad con su artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la presente demanda, transcurrió sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se declara que el proveído de referencia, ha causado estado, para todos los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la parte quejosa para los efectos legales. Por tanto, se ordena archivar definitivamente el presente asunto.
- Principal
1. Recepción de la demanda. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese con el número 204/2021, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. 2. Desechamiento de plano. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal numeral, impone la obligación al juzgador de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asimismo, de la demanda de amparo, se advierte que **********, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, la negativa de reapertura de investigación complementaria y el auto de apertura a juicio oral, dictados el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *****, instruida en contra del aquí quejoso. Al respecto, el suscrito, considera que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo; numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, cuya ejecución no sea de imposible reparación. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación ; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Así, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que los actos reclamados no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues "la negativa de reapertura de investigación complementaria y el auto de apertura a juicio oral" (actos reclamados), definen cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva. Lo anterior es así, porque del análisis integral de la demanda, la parte quejosa aunque señala como acto reclamado la negativa de reapertura de investigación complementaria y el auto de apertura a juicio oral, no formula concepto de violación tendentes a reclamar vicios propios de los mismos, así como tampoco reclama lo acontecido en la etapa intermedia (como podría ser la no autorización de acuerdos probatorios, la exclusión o admisión de medios de prueba y su desahogo, o lo relativo a los hechos que se tuvieron por acreditados). Por tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra la negativa de reapertura de investigación complementaria y el auto de apertura a juicio oral, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ****, es improcedente en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente. 3. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 6, entre avenidas 26 y 27, plaza Camila, interior 7, de esta ciudad. 4. Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Roberto Hernández Reyes, Óscar René Corral Solórzano y Héctor Dancil Porchas, debido a que cuentan con su respectiva cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tiene a Francisco Javier Amaya Rivas, Kassandra Acuña Borboa, Luis Ángel Guzmán Martínez y Alma Joseefina Ibarra Dórame, como personas autorizadas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el numeral 12, párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuentan con registro de respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Para los efectos de la notificación del presente acuerdo, así como para las subsecuentes, se requiere al actuario judicial que para llevar a cabo la encomienda siga los protocolos de protección que ha implementado el Consejo de la Judicatura Federal, esto es, deberá usar el equipo personal de protección que le ha sido entregado, es decir, careta, guantes, cubrebocas y traje especial, ello para resguardar su salud física, así como la de los justiciables. 6. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su FIREL o E.FIRMA (antes FIEL). Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2º del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que las subsecuentes notificaciones se les realicen vía electrónica, a efecto de que, como se dijo, la tramitación del presente juicio continúe en la modalidad de juicio en línea. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismo que en términos de su artículo primero transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de junio de dos mil veinte, aunado a que si bien, la parte inconforme o alguna de las demás partes en el juicio de amparo elija una vía de notificación distinta a la electrónica, tal circunstancia no impide que esta o sus autorizados puedan promover escritos o interponer recursos mediante dicho sistema, siempre que satisfagan los requisitos conducentes. Por otra parte, se informa a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña, o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: registrarse en el sitio de internet http://serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir esos pasos: 1). Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2). Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado, la consulta del expediente electrónico proporcionando el nombre de usuario y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3). Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4). Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien, a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, captura de la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 10. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. 11. Copias. Se autoriza a las partes la expedición de un tanto de copias de las constancias que obren en el presente asunto sin previa solicitud por escrito, con la salvedad de que si llegase a ser necesario más de uno, su otorgamiento estará condicionada a la solicitud correspondiente.
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