José Inocencio Alberto del Castillo Velasco Zepeda
Expediente 2811/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2811/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/12/2015
Partes del expediente
- María Luisa Rebeca Lizaldi Reynaldos
- José Inocencio Alberto del Castillo Velasco Zepeda
- Juez Sexto de lo Familiar En Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
V I S T O, con el escrito de cuenta téngase al Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en México, Distrito Federal, interponiendo recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó: ".PRIMERO. SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por SSM SERVICIOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Mitsuhiro Koshiba, contra los actos que reclamó de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en México, Distrito Federal, en contra del proceso legislativo del artículo 9 segundo párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, contenida en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, y la Ley del Impuesto Especial a los Depósitos en Efectivo" y Resolución Miscelánea fiscal para 2015, regla 3.3.1.29., publicada el treinta de diciembre de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; en los términos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a SSM SERVICIOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Mitsuhiro Koshiba, contra los actos que reclamó de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con residencia en México, Distrito Federal, en contra del proceso legislativo del artículo 25, fracción VI y 28, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, contenida en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, y la Ley del Impuesto Especial a los Depósitos en Efectivo"; Decreto que Otorga Estímulos Fiscales a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil trece, en específico, el Artículo Primero, fracción I; en términos del considerando sexto de este fallo. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a SSM SERVICIOS, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Mitsuhiro Koshiba, contra los actos que reclamó de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en México, Distrito Federal, en contra del proceso legislativo del artículo 25, fracción X, 27, fracción XI; artículo 28, fracción XXX y último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, contenida en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, y la Ley del Impuesto Especial a los Depósitos en Efectivo", la concesión es para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de este fallo." Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez debidamente integrado con las constancias de notificación a la partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios, y una copia de éste para el Representante Social de la Federación de su adscripción. Por lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Por otro lado, a fin de evitar mayores dilaciones procesales e integrar debidamente el sumario, requiérase a las autoridades para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acusen de recibo del oficio por medio del cual queden notificadas del presente proveído. Bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término otorgado, se harán acreedores a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la zona del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 237 y 238 de la Ley de amparo citada...VI
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 09/12/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE 8/12/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR EN QUERÉTARO, mediante el cual informa que dentro de los autos del incidente de inconformidad 1312/2015, del cual deriva el acto que aquí se reclama, en fecha de veintisiete de noviembre del presente año, se resolvió el mismo, y remite copia certificada de la resolución mencionada. Ahora bien, tomando en consideración que del contenido de las constancias recibidas, específicamente el auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio de amparo, manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. El artículo 63 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el dos de abril de dos mil trece, dispone: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento conduce a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse una causa de improcedencia, que haga manifiesto e indudable que, aun cuando se siga el trámite del juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Así, se estima pertinente puntualizar que el quejoso reclama, la omisión de dictar sentencia en el incidente de inconformidad 1312/2015, del índice del JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR EN QUERÉTARO, en el que el veintisiete de noviembre de dos mil quince, se dictó la misma. Ahora, se hace evidente que en atención a la fracción XXI del artículo 61 en relación con el diverso 63 fracción V de la Ley de Amparo, en el caso los actos reclamados cesaron en sus efectos, pues de las constancias recibidas, específicamente de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se estima que en el presente juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V de la ley reglamentaria invocada, que se evidencia es indudable y manifiesta por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente:.XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado ." Así, en el caso particular, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque como ya se dijo, el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, pues, porque, el promovente del amparo, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la falta de resolver le incidente de inconformidad planteado ante el Juzgado Sexto de lo Familiar en Querétaro y que se ordenó ln cuatro de noviembre de la presente anualidad. Sin embargo, es de destacarse que como se indicó al inicio del presente auto, la autoridad responsable, informó que el veintisiete de noviembre de dos mil quince, se resolvió el incidente de inconformidad 1312/2015. De ahí que, en el caso, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, lo que da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo epígrafe son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- - - De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se arriba a tal conclusión, en razón de que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular y la cesación no dejó ninguna huella en su esfera de derechos, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está vigente, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 103, visible en la página 81, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE...II
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 27/11/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 26/11/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE:Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 367/2015, así como los autos originales del juicio de amparo 970/2015-V. Acúsese recibo. Ahora bien, por cuanto hace a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en los puntos resolutivos de la ejecutoria de mérito estableció: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de diez de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo 970/2015-V, por las razones expresadas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 970/2015-V, en términos de lo razonado en el considerando final de esta ejecutoria. En virtud de lo anterior, ya que la superioridad, revocó la sentencia recurrida para los siguientes efectos: Por tanto, se ordena reponer el procedimiento para los siguientes efectos: 1. El Juez Federal solicite a la autoridad fiscalizadora, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las copias certificadas completas del expediente administrativo de origen, junto con los citatorios y actas de notificación, en la inteligencia de que si las mismas no son totalmente legibles, se ordene a la autoridad responsable su transcripción 2. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho, sin más limitación que no insistir en la causal de improcedencia indicada con anterioridad Se reanuda el procedimiento y se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, atendiendo a los efectos de la reposición del procedimiento, requiérase al Gerente del Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo de origen, junto con los citatorios y actas de notificación, en la inteligencia de que si las mismas no son totalmente legibles, deberá realizar su transcripción, esto es los oficios QRO/INMOV/7098/2015 y QRO/INMOV/099/2015, lo anterior, con el fin de cumplir con lo ordenado por la superioridad y estar en aptitud de integrar el presente juicio, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibido que, de no hacerlo, conforme a la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien días, de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del numeral 238 del cuerpo de leyes invocado..V
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