José Ingram García

Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
637/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • José Ingram García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se proveyó respecto del referido informe. Cúmplase.Así lo proveyó el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/3797/2022, de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de revisión contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por acuerdo de veintisiete de julio de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, téngase como domicilio y delegados a los mencionados en el memorial de cuenta, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Ninfa Zavaleta Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 del citado ordenamiento legal, téngase como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a dichos informes. Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en los oficios que se proveen, en términos del precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En otro aspecto, como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se autoriza como delegados de su parte a las personas mencionadas en su informe de ley, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que José Ingram García, señaló como acto reclamado lo siguiente: Ahora, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: Destacó que no era cierto el acto reclamado, debido a que las solicitudes de trámite números 30220000095 y 30220000098, formuladas por el quejoso José Ingram García, ya habían sido remitidas a la Dirección General de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 51, 22 fracciones IV y IX, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, a efecto de que conforme a sus atribuciones y en términos de la fracción IV letra e) del artículo 16 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, procedieran a emitir la calificación y de ser procedentes proceder a su inscripción y liberar la clave de acceso al sistema. 2. Por otra parte, en vía de alcance a su informe justificado, indicó que fueron expedidos los títulos de propiedad 000001011564 y 000001011565, a favor del quejoso José Ingram García, que ampara las parcelas 210 Z-1 P1/1 y 185 Z-P1/1. 3. De igual forma, señaló que pone a disposición del quejoso los citados títulos de propiedad en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, para que acuda al módulo de atención a trámites de esa delegación, y proceda a recibir los mismos, para que por su conducto sea remitido al Registro Público de la Propiedad de Boca del Río, Veracruz, y una vez inscrito sea reingresado dicho documento a ese órgano registral, para hacer las anotaciones correspondientes en sus libros y asientos registrales y hacer entrega de los mismo al aquí quejoso en términos del artículo 22 Fracción IX del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Para justificar su afirmación, adjuntó copia certificada de los títulos de propiedad números 000001011564 y 000001011565, a favor de la parte quejosa, a las cuales se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, atento a que el derecho de acceso a la justicia, en su aspecto de obtener la ejecución de las sentencias, conlleva la materialización de lo determinado en el fallo definitivo, a fin de dar certeza y efectividad a los derechos dirimidos y declarados durante la tramitación de un proceso judicial, por lo que es indispensable verificar que las cuestiones materia de la condena se hayan alcanzado en el mundo fáctico. Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio contestación a las solicitudes de petición número 30220000095 y 30220000098, formuladas por el quejoso José Ingram García, expidiendo al efecto los títulos de propiedad números 000001011564 y 000001011565, a favor del referido quejoso, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de acceso a la impartición de justicia. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa era que se le entregan los títulos de propiedad correspondientes, y la autoridad responsable remitió copias certificadas de dichos títulos números 000001011564 y 000001011565, expedidos a su favor; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la parte solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) Por otra parte, si se toma en cuenta que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, deja a disposición de la parte quejosa los títulos de propiedad números 000001011564 y 000001011565, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se ordena notificar por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado el oficio y anexo de cuenta. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficios a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

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