Jose Ines Lopez Pedro
Expediente 773/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Ines Lopez Pedro
- JOSE INES LOPEZ PEDRO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VII. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el original del expediente VII.773/2018, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 89/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Juan Esteban Pech Perera y José Inés López Pedro, en contra del auto de cinco de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, dado que en la resolución de mérito, la citada Superioridad, en su único punto, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto recurrido; por tanto, se estima que quedó firme la resolución que desechó la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Acúsese el recibo de estilo. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José Inés López Pedro y Juan Esteban Pech Perra, contra el auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 773/2018, tramitado ante este órgano jurisdiccional; asimismo, acusa recibo del informe con justificación, y anexos que le fueron remitidos, agregando que dicho recurso quedó registrado con el orden 89/2018.
- Principal
MESA II.Agréguese a estos autos el escrito signado por quejosos Juan Esteban Pech Herrera y José Inés López Pedro, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la resolución de cinco de Julio de dos mil dieciocho. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de cinco de los corrientes, se desechó de plano la demanda de amparo de mérito. Por tanto, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad, copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 773/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 100 de la Ley de Amparo, así como el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa su agravio, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 101 del ordenamiento legal citado.
- Principal
VII. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Esteban Pech Perera y José Inés López Pedro, contra el acto que reclaman de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna de la Junta responsable, la determinación de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por aquélla, declinando competencia a favor de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la la determinación de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por aquélla, declinando competencia a favor de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por la parte quejosa, es decir, la determinación combatida a través de la demanda de amparo, en la que la Junta Local responsable, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por la parte quejosa, declinando competencia a favor de una Junta Federal, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por la Junta Local antes citada, no ha sido aceptado a favor de quien declinó la competencia, esto es, por la mencionada Junta Federal. En otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de la referida Junta Federal; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio a los ahora impetrantes, esto es, en el caso de que la Junta Federal a favor de la cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación de la Junta Local responsable, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio a la parte demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor de la Junta Federal, a la que estimó competente para conocer de la demanda planteada por la parte quejosa, no le causa perjuicio a ésta, sino hasta que aquélla a la que se le envió, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, téngase como representante común de la parte quejosa, a Juan Esteban Pech Perera; sin perjuicio de que, posteriormente, la pluralidad de quejosos designe uno diverso. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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