Jose Ines Cuauhtemoc Garcia Vallejo

Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1060/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Ines Cuauhtemoc Garcia Vallejo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio remitido electrónicamente por el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, por medio del cual informa que en proveído de trece de octubre pasado, se avocó al conocimiento del juicio de amparo número I-1060/2022-1, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, en auto de nueve de noviembre del año en curso, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la impresión de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se desprende que el trece de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, tuvo por recibido el oficio 10511, del índice de este juzgado, así como los autos del juicio I-1060/2022-1; asimismo, que en dicha data el juzgado en comento se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al citado expediente. Atento a lo anterior, y desprendiéndose de la constancia secretarial que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado: e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por -, en cuanto tutora de -, contra actos del Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número I-1060/2022-1. Ahora bien, la parte quejosa promueve la demanda de garantías contra los actos consistentes en: "A). - DEL JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA, el nulo o ilegal orden de emplazamiento; así como de la sentencia recaída en este expediente número - de su índice; ASI COMO LA SENTENCIA RECAIDA EN ESTE JUICIO Y QUE DIO ORIGEN A QUE SE ESCRITURARA UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL QUEJOSO. B). - DEL C. ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, se reclama la falta de notificación y/o el ilegal emplazamiento al Juicio Ordinario Civil - del índice del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN. C).- Del Encargado del Registro Público De La Propiedad (Raíz) y De Comercio, se reclama, la ilegal escrituración del inmueble ubicado en la calle - con una superficie de -, a favor de -y por instrucción del juez segundo de primera instancia de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del expediente - de su índice. De estas autoridades responsables se le reclama, la aplicación y/o ejecución que, bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho pretendan o hayan de hacer, en el ámbito de sus competencias, mediante cualquier acto, orden acuerdo, circular o instrucción verbal o escrita, en contra de la quejosa respecto de los actos combatidos." Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De igual manera, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el considerando CUARTO, fracción XI, establece: ".CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: "[.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." Del análisis de los preceptos antes transcritos, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, y como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la falta de notificación y/o el ilegal emplazamiento del quejoso, así como la sentencia emitida dentro del Juicio Ordinario Civil -, del índice del índice del Juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Civil de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la ilegal escrituración del inmueble ubicado en la calle - Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por CLAUDIA GARCÍA PÉREZ, en cuanto tutora de -, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción dicho órgano, tienen ejecución los actos que en esta vía se reclaman. Lo anterior, virtud a que el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se hayan ejecutado los actos reclamados, tiene sustento la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el nombre de usuario: -, a fin de que tenga acceso al expediente en que se actúa vía electrónica, y para que le sean realizadas las notificaciones personales de manera electrónica; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el citado de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese electrónicamente.

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