José Ignacio Vega Ruiz
Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/10/2020
Partes del expediente
- José Ignacio Vega Ruiz
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veinte. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 21476/2020 proveniente de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, pero librado a dicha oficina por este Juzgado de Distrito, y el anexo que al mismo se acompaña, consistente en la ampliación de demanda que el licenciado Miguel Ángel Torres Rivera intentó en el diverso juicio de amparo indirecto 458/2020-II, lo anterior en cumplimiento al auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, por el que se ordenó el desglose de dicha promoción, así como la creación de un nuevo juicio de amparo con la misma. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por el licenciado Miguel Ángel Torres Rivera, quien en el expediente 458/2020-II tiene la calidad de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del directo quejoso José Ignacio Vega Ruiz; fórmese expediente impreso y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 766/2020-IV. Se desecha demanda porque el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo carece de facultades para instar la acción constitucional. Ello es así, pues la demanda de cuenta la promueve el licenciado Miguel Ángel Torres Rivera en contra del Coordinador, Comandante y/o Director del Grupo de Operaciones Especiales denominado, por sus siglas "GOPES", dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en ella reclama el cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de José Ignacio Vega Ruiz, de quien no es su representante ni defensor en el proceso de origen. Asimismo, carece de firma autógrafa o electrónica del directamente quejoso, pues como se indicó, está suscrito por el licenciado Miguel Ángel Torres Rivera, quien carece de facultades legales para representar la voluntad del directamente agraviado; de ahí que no puede considerarse a éste como válido para su admisión. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Del precepto legal transcrito se obtiene que el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. También se advierte que en materia civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Del mismo modo, se obtiene que las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Pero, en modo alguno el artículo en cita faculta al autorizado en un juicio de amparo indirecto a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación, en el caso, depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 8, 15, 16 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8, 15, 16 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, del representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, porque la ampliación de demanda, como se aprecia en el caso, constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, al no existir voluntad expresa de ejercer la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia aludida en el párrafo que antecede, fundamento en el numeral 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda relativa al amparo indirecto que nos ocupa. Por tener consideraciones aplicables al caso, se cita, la tesis jurisprudencial 1ª./J.37/2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, del mes de junio de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Cabe decir que el acto reclamado, consistente en la ejecución de una orden de aprehensión, no encuadra en aquellos que aduce el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que en el caso, deviene improcedente prevenir para su ratificación, pues se trata de requisito insubsanable por tratarse de falta de voluntad del directamente agraviado. Por otra parte, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza al promovente, el licenciado Miguel Ángel Torres Rivera, quien se encuentra registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario TORM7, para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio para su consulta, así como para presentar promociones y recibir notificaciones, únicamente en relación al juicio que nos ocupa. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese, y de forma electrónica a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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