José Ignacio Valencia León

Expediente 997/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
997/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • José Ignacio Valencia León
  • Representantes de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda los presentes autos y la certificación Secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede a las partes el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión contra de la resolución que declara el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; En consecuencia, SE ORDENA ARCHIVAR los presentes autos

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Atento al contenido del oficio de cuenta, se tiene a la autoridad promovente dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de septiembre del año en curso (foja 20), y al efecto remite copias certificadas del resolución definitiva en forma de laudo, dictada en los autos del expediente laboral 02141/2014/5/1, de su índice. Ahora bien, del contenido de las constancias remitidas, a las cuales se les concede pleno valor probatorio conforme con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º, último párrafo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." En relación con la porción normativa que precede, debe traerse igualmente a contexto el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y" La interpretación relacionada de los preceptos que se han reproducido, pone de manifiesto que el juicio de amparo como acción constitucional, tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es que el gobernado encuentre la restitución o restablecimiento en el goce de los derechos fundamentales que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio. En ese sentido, se protege el alto valor de lograr que quien promueva el juicio de amparo siempre encuentre u obtenga un efecto reparador o restitutorio; luego, si no hay nada que reparar o restituir en beneficio del quejoso dado que el acto que entrañó la transgresión de derechos quedó insubsistente por una determinación de la propia autoridad a quien se le reclamó, o porque ésta realizó los actos necesarios a efecto de reestablecer al quejoso en el goce de su derecho violado, es válido afirmar que el juicio constitucional será improcedente con base en la causa antes mencionada. Asimismo, la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, al haberse dictado el laudo en el juicio laboral, se evidencia que la omisión reclamada ha dejado de existir. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el laudo correspondiente al juicio natural; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Debe destacarse que los alcances de la referida causa de improcedencia los ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la cesación de los efectos del acto reclamado debe generar en la materialidad de los hechos, una situación en la que se considere que las cosas han regresado al estado en que estaban antes de la existencia del acto reclamado, esto es, que todos los efectos del acto de autoridad (violatorio de derechos) hayan desaparecido, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Debe decirse que la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Pues bien, en el caso, el quejoso José Ignacio Valencia León, aduce que se le causa agravio, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes al derecho humano de justicia pronta y expedita, así como al del debido proceso, en virtud de que la autoridad responsable no respetó los plazos procesales y legales, establecidos en el artículo 763 de la Ley Federal Del Trabajo, puesto que la responsable injustificadamente se había abstenido de resolver el asunto planteado que se sometió a su consideración, ya que desde el siete de abril de dos mil diecisiete, desahogo la audiencia relativa declarando el cierre de instrucción, sin que a la fecha en que se presentó la demanda hubiera dictado la resolución correspondiente, dentro del expediente número 02141/2014/5/1. Por su parte, la autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada de la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 02141/2014/5/1, documentales, que como se estableció en párrafos precedentes, se les otorga valor probatorio pleno, por lo que se llega a la determinación que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos violados, al ser evidente que al emitirse la determinación de mérito, se ha cumplido con la pretensión de la peticionaria de amparo, pues la autoridad ya dio respuesta al acto del cual se dolía. Apoya lo anterior, por analogía, el siguiente criterio jurisprudencial 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, visible a página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por otra parte, el presente criterio se ajusta a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la protección constitucional debe constreñirse a los actos señalados por el quejoso y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no abarcar aquellos actos fututos e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento. Lo antes expuesto tiene sustento en la tesis número 2a.CV/2013 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Asimismo, se invoca la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 15/2011 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad señalada por José Ignacio Valencia León. Sin que en el caso proceda dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda, toda vez que la jurisprudencia que así lo prevé, versa respecto a violaciones del artículo 8° constitucional relativas al derecho de petición; siendo que, en el juicio que nos ocupa, el quejoso argumentó violación a la garantía contenida en el numeral 17, que impacta en el retardo de la impartición de justicia, originada por la omisión de la responsable en dictar la resolución correspondiente al juicio laboral 02141/2014/5/1. Ahora bien, es necesario señalar que el sobreseimiento fuera de audiencia, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar el fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de los requisitos de credibilidad de la acción o ante la actualización de una causal de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Claudia Gómez Peralta, que autoriza. Doy Fe.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que a foja 14, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable ahí precisada, por lo que las partes no han sido enteradas con la oportunidad a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la responsable ahí descrita, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veintiuno de agosto del año en curso.

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