José Ignacio Salgado Méndez
Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Ignacio Salgado Méndez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de abril de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio 2390/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual informa que ese órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada por este Juzgado Séptimo de Distrito, en acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio de amparo 8/2023; promovido por ********************por propio derecho, contra actos de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México. Por lo que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese entendido, hágase saber a la autoridad oficiante que este Juzgado Federal no insiste en sostener la declinación de la incompetencia y se avoca al conocimiento del presente asunto. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión y toda vez que del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado en su capítulo respectivo, lo siguiente: "Lo constituye la resolución contenida en el oficio número 400-08-00-00-00-2022-267, de fecha 12 de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Administración General de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, firmada por en suplencia por ausencia de su titular por el Administrador Central de Apoyo jurídico de Recaudación, a través de la cual se resuelve la revisión administrativa sin número, en el sentido de declarar que "no ha lugar a revocar o modificar las resoluciones impositoras de multas contenidas en los oficios números 162508219098647C27030 y 162708219131265C27030 de fechas 06 de diciembre de 2021, ambas admitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", al no haber acreditado fehacientemente que se hayan dictado en contravención a las disposiciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación". (Lo resaltado y subrayado es propio). Así también, en el punto primero del capítulo de hechos, refiere lo siguiente: "1.- (.). La resolución contenida en el oficio número 162508219098647C27030 de fecha 06 de diciembre de 2021, emitida por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", a través de la cual determinó una multa a su cargo en cantidad de $15,860.00 (Quince mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por haber presentado la declaración de la obligación consistente en el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios correspondiente a junio de 2021, fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, fundándose para ello en el artículo 81, fracción I y 82, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación. La resolución contenida en el oficio número 162708219131265C27030 de fecha 06 de diciembre de 2021, emitida por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", a través de la cual determinó dos multas a su cargo en cantidad de $15,860.00 (Quince mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) cada una, cuya suma asciende a la cantidad total de $31,720.00 (Treinta y un mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), por haber presentado la declaración de la obligación siguientes: a) Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales y B) Pago definitivo mensual de IVA correspondiente a junio de 2021, fuera de plazo establecidos en las disposiciones fiscales, fundándose para ello en el artículo 81, fracción I y 82, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación. (Lo resaltado y subrayado es propio). De lo que se obtiene que el acto reclamado consistente en la resolución contenida en el oficio número 400-08-00-00-00-2022-267, de doce de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, firmada en suplencia por ausencia de su titular por el Administrador Central de Apoyo jurídico de Recaudación, en el que resolvió la revisión administrativa sin número, derivan de la impugnación de las multas contenidas en los diversos oficios números 162508219098647C27030 y 162708219131265C27030 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ambas admitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", en la que resolvió que "no ha lugar a revocar o modificar tales multas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracciones I, IV y V, en relación con los diversos 108, fracción IV y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Diga si también señala como acto reclamado la ejecución de las multas antes citadas y de ser así, a qué autoridad se la atribuye. De igual manera, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de desahogo para correr traslado con las mismas a las partes. Deberá manifestar bajo protestad de decir verdad, su domicilio fiscal. Consecuentemente, se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con lo ordenado en párrafos que anteceden, dentro del lapso indicado, se dará trámite a su demanda únicamente respecto al acto reclamado inicialmente, atribuido a la autoridad responsable Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria. De igual forma, se les hace del conocimiento tanto a la parte quejosa ********************que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la declinatoria de competencia referida, y tomando en consideración que éste cumplió su objetivo, es decir, suplió al principal durante la secuela de la declinatoria mencionada; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el indicado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad, a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema de Turno aleatorio y así equilibrar las cargas de trabajo, entre los Juzgados de Distrito.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por José Ignacio Salgado Méndez, por su propio derecho, contra actos de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio oficial en la Ciudad de México. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto número 8/2023, fórmese expediente impreso y electrónico. En otro orden, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DECISIÓN Ahora bien, analizado el escrito de demanda, se estima que este juzgado es legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo como a continuación se explica. Para sustentar lo anterior, es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Ahora bien, a fin de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al juicio para advertir, en su caso, los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, para determinar qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto, lo que será acorde con su jurisdicción. Sobre el particular, es aplicable la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 206167, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LADEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Precisado lo anterior, debe invocarse ahora el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Según se observa, el numeral transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1. Si el acto y/o resolución reclamados requieren ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, es importante evidenciar que el referente que toman en cuenta las dos primeras hipótesis para definir la competencia es la ejecución material del acto reclamado, mientras que la última, por tratarse de actos que carecen de ejecución, tiene como criterio el lugar en que el promovente presente la demanda de amparo. En ese tenor, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda de amparo. Asimismo, debe atenderse a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 7/2015, en la que interpretó el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé las reglas de competencia de los jueces de distrito por razón de territorio. En primer orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcribió el artículo 107, fracción VIII, constitucional, que prevé la competencia territorial de los jueces de Distrito y establece que conocerá del juicio quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado. En el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200781, que lleva por rubro: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Expuesto lo anterior, se tiene que la parte promovente del amparo señaló como acto reclamado el siguiente: "Lo constituye la resolución contenida en el oficio número 400-08-00-00-00-2022-267, de fecha 12 de diciembre de 2022, emitida por la Administración General de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, firmada por en suplencia por ausencia de su titular por el Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, a través de la cual se resuelve la revisión administrativa, sin número, en el sentido de declarar que 'no ha lugar a revocar o modificar las resoluciones impositoras de multas contenidas en los oficios números 1625082190986487C27030 y 162708219131265C27030 de fechas 06 de diciembre de 2021, ambas emitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero '1', al no haber acreditado fehacientemente que se hayan dictado en contravención a las disposiciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación." En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza declarativa con efectos positivos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado la existencia de actos declarativos con efectos positivos, al resolver la contradicción de tesis 307/2009 y examinar el concepto de "ejecución material" del que se valía el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo para determinar la distribución de competencia de los juicios constitucionales. Indicó que por dicha expresión debe entenderse que: ". con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico.". A partir de la conceptualización destacada, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, al conocer de la diversa contradicción de tesis 72/2020, corroboró la existencia de actos que, si bien por principio se concretan a reconocer situaciones jurídicas, pueden con esa manifestación provocar o reconocer efectos que lesionen los derechos de los particulares. El criterio de la Segunda Sala, permite concluir que entre los actos de autoridad se encuentran aquellos que constituyen única y exclusivamente una conducta declarativa por parte de la autoridad responsable (actos declarativos simples) que no producen, en sí mismos, mayor consecuencia en los derechos públicos subjetivos del particular. Y, por otro lado, aquellos que aun cuando implican limitarse a reconocer una cierta situación sin trastocar derechos y obligaciones, sí son capaces de generar, como efecto y consecuencia propia, un acto de naturaleza positiva (actos declarativos con efectos positivos). De manera que conforme a las pautas establecidas por la Segunda Sala del Alto Tribunal, es dable considerar que el acto reclamado en este juicio de amparo es de naturaleza declarativa con efectos positivos. Pues si bien es cierto que en apariencia el acto reclamado consistente en la resolución que resolvió no revocar o modificar las resoluciones impositoras de multas contenidas en los oficios número 1625082190986487C27030 y 162708219131265C27030 de fechas 06 de diciembre de 2021, ambas emitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero '1', no requiere de ejecución material directa, pues ésta se despliega respecto del acto que de origen impuso el gravamen. También lo es que al resolver no modificar ni revocar la determinación primigenia, se traduce en un efecto positivo que condiciona esa ejecución y posibilita la actuación material del ente hacendario, en perjuicio de la parte quejosa, llevando a cabo los actos que sean necesarios y cuyos efectos se verán materializados en el domicilio fiscal de la parte promovente del amparo. Pues de no enterarse la cantidad establecida como multa, el procedimiento administrativo continuará hasta lograr su ejecución, justamente en el lugar donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente. En ese sentido, si del escrito de demanda origen de este asunto así como de las documentales que anexó el quejoso como pruebas, se advierte que la aquí quejosa, tiene su domicilio fiscal ubicado en Hernán Cortez, No. 28, colonia Magallanes, C.P. 39670, Acapulco de Juárez, Guerrero, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. En esa virtud, este juzgado considera que es competente para conocer de dicha determinación administrativa reclamada el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se hará efectivo el crédito fiscal, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, aquel donde tiene su domicilio fiscal la contribuyente. Al respecto, es aplicable por analogía la tesis XVI.1o.A.T.57 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1192, novena época, registro 163868, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, con registro digital 245025, cuyo título es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." En tal virtud, se estima que será competente para conocer del acto que en esta vía se combate, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado deba tener ejecución; y, en el caso, se trata de aquél en el que tiene su domicilio fiscal la parte quejosa, el cual corresponde a la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, de conformidad con Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. Para mejor proveer, se transcribe la parte que nos interesa del Acuerdo General antes mencionado: "[.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, lIiatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, ejercerán jurisdicción en el distrito judicial conformado por los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula , Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio Alquisirias, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. [.]" En las anotadas condiciones, de conformidad con el considerando Sexto y el artículo 21 del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integren; remítase, vía acelerada (Estafeta), la demanda, su desahogo y sus traslados a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, a efecto de que se hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guerrero, con residencia en aquella ciudad, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la citada ley, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes, que deberá integrarse con copia certificada de la demanda de garantías y el presente acuerdo, debiendo además realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales y estadísticos a que haya lugar DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Ariana Carol Hernández Salomé, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados para imponerse de los autos y recibir notificaciones a Luis Enrique Santiago Farfán y José María Beja Jaimes. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "arianacarolhs", que corresponde a nombre de Ariana Carol Hernández Salomé, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial encargada del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" En ese mismo tenor, se le tiene señalando el correo electrónico arianacarol@hotmail.es, únicamente para contacto no procesal, lo que se hace del conocimiento del fedatario adscrito a este juzgado al que le corresponda conocer del presente asunto. Lo anterior, toda vez que en líneas precedentes se le tuvo designado para oír y recibir notificaciones el domicilio procesal a que hizo referencia, así como a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes mediante dichos medios electrónicos (correo electrónico y teléfono), también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, razón por la que se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales; sin embargo, una vez controlada dicha pandemia, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. HABILITACIÓN Asimismo, con apoyo en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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