José Ignacio Ramírez Martínez
Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2021
Partes del expediente
- José Ignacio Ramírez Martínez
Actuaciones
- Principal
El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 407/2021. DESECHAMIENTO. Ahora bien, en principio conviene precisar que el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "*" Mientras que el numeral 6° de la citada legislación, dispone: "*" Así también, el dispositivo 15 del referido ordenamiento, prevé: "*" De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 3º de la Ley de la materia dispone: * En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por *, por propio derecho, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma del justiciable, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso o la persona que promueve en su nombre, debe contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió, le pertenece. En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa 87/2017, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En tal virtud, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación, SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a él respecta y por el acto que reclama, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal. Como lo solicita el promovente, bajo el nombre de usuario que proporciona "*"; como se corrobora de la impresión obtenida del Sistema Integral y Seguimiento de Expedientes, de la que se advierte que dicho usuario cuenta con la autorización para la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones aun las de carácter personal vía electrónica. Ello en apoyo a los lineamientos señalados en el Título Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo Primero, ordinales 79 , párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, cabe indicar que, en el presente caso surge la obligación de la parte quejosa de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el diverso 31, fracción III , de la Ley de Amparo, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia, y en caso contrario, el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentará la razón correspondiente en base al numeral 30, fracción II de la legislación referida. De igual forma, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los profesionistas que menciona. Como lo pide el promovente, bajo el nombre de usuario que proporciona, se autoriza la consulta y promoción del expediente electrónico, a partir del día hábil siguiente de emisión de los acuerdos. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se tiene como dato de contacto el correo electrónico *; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.
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