José Ignacio Pontón Benavides
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- José Ignacio Pontón Benavides
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Juicio de amparo 329/2023-F El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja ni de revisión, en contra de la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; por lo que el plazo a que se refieren los artículos 86 y 98 de la Ley de Amparo, han transcurrido; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a) y b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo y por otra parte, sobreseído en el juicio fuera de la audiencia constitucional, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintisiete de abril de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al promovente para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, ni de revisión, en contra de la determinación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós; por lo que el plazo a que se refieren los artículos 86 y 98 de la Ley de Amparo, han transcurrido; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el informe con justificación rendido por la autoridad responsable; virtud que en proveído de veintiocho de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. De igual forma, glósese el comunicado proveniente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento formulado en autos y al efecto allega reproducción de la documental solicitada. En ese tenor, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde con lo anterior, se estima que en el caso han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que de la constancia requerida al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que fue iniciada la solicitud del trámite de regularización de estancia en el país (se autoriza el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas), instada por los directamente agraviados Ilver Orlando Ruiz y Noel Ponce Pedro, permitiendo la salida de los mismos de la estación migratoria; constancias que se adjunta a la misiva. Documental que resulta eficaz para demostrar que han cesado los efectos de los actos reclamados por los promoventes, ya que después de haber presentado su demanda de amparo, se les permitió su salida de la estación migratoria donde se les había alojado, virtud del citado permiso concedido, restituyéndose así en el goce de los derechos fundamentales violados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, siendo que en los hechos ya no están retenidos ni alojados contra su voluntad en la aludida estación; con independencia de la calidad migratoria que tengan o tendrán en definitiva Ilver Orlando Ruiz y Noel Ponce Pedro en el Estado mexicano, lo cual no forma parte de la litis constitucional. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por cuanto a los quejosos referidos en el párrafo que antecede, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Se deja insubsistente la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del veinte de abril de dos mil veintitrés. En otro orden, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el promovente no desahogó el requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós de los actuales. Por tanto, de la constancia actuarial de veintidós de marzo del año en curso, se aprecia la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar personalmente a José Ignacio Pontón Benavides, Deiby Andrés Restrepo Buritica, Carlos Fabián Ramos Peñaranda, Luis Alejandro Tolozo Gordillo, Karl Figaro Felicien, Paul Ramus Antoine, Guitaud Casséus y Jesús Andrés Chauca Adrianzev, la determinación de esa misma data, toda vez que los agraviados no cuentan con registro de haber sido alojados en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Por ende, al no existir los actos materia de reclamo, pues tales impetrantes no están retenidos ni alojados contra su voluntad en la referida estación, con independencia de la calidad migratoria que tengan o tendrán en definitiva en el Estado mexicano, lo cual no forma parte de la litis constitucional, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata, por lo que hace a los agraviados precisados en el párrafo precedente, quedando sin efectos las providencias dictadas al decretarse la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo conducente a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Notifíquese y personalmente a los promoventes vía electrónica.
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