José Ignacio Hernández Valencia
Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ignacio Hernández Valencia
- Maria Bertha Valencia Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de julio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Magistrado de la Novela Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la Ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, a través del cual, acusa recibo de los comunicado con los que se les notifico el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CONTESTA VISTA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta número 962, suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el quince de junio de dos mil veintitrés, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. ESTADO DE AUTOS. Por otro lado, visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, transcurrió para la parte quejosa del quince al diecinueve de junio de dos mil veintitrés; y para la parte tercero interesada lo fue del trece al quince del mes y año que transcurre; lo anterior, sin tomar en consideración los días inhábiles que mediaron entre las aludidas fechas. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia emitida dentro del presente expediente, en la que, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución; por lo que previa integración del presente expediente y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "I. Deje sin efectos la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación XI-********************, en donde confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la continuidad de la audiencia inicial de once de julio de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, dentro de la causa penal ********************, que se instruye a los quejosos por el hecho con apariencia del delito de fraude especifico por doble venta de inmueble. II. Enseguida dicte otra en donde, sin necesidad de reenvío en esa segunda instancia, con plenitud de jurisdicción y ateniendo a las consideraciones expuestas en el acápite considerativo anterior, se pronuncie con la debida fundamentación y motivación, en primer término, respecto de la legitimación de los agraviados para querellarse, especificando con claridad los datos de prueba referenciados en la audiencia por la fiscalía, que a tal efecto tome en consideración para establecer sus conclusiones; luego de ello, resuelva lo atinente al cumplimiento del requisito de procedibilidad (interposición de la querella por parte legitimada para ello) dentro del plazo legal de un año que establece el numeral 104 del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán, precisando con claridad, congruencia y exhaustividad, la fecha cierta en que los pasivos tuvieron conocimiento tanto del hecho con apariencia de delito como de la identidad de quien probablemente lo cometió o participo en su comisión, así como los datos de prueba referenciados en la audiencia por el Ministerio Público, que sobre el particular para establecer sus convicciones, deba tomar en consideración; y, III. Una vez hecho lo anterior, de ser el caso, con libertad de jurisdicción ahora si se pronuncie respecto del cumplimiento de los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en los términos que exigen los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando los datos de prueba referenciados por la fiscalía de la continuidad de la audiencia inicial, en los que se sustente su decisión sobre el hecho con apariencia del delito atribuido por el órgano técnico en su calificación jurídica preliminar, precisando si procede la calificación jurídica diversa que sostuvo el Juez de Control y, a su vez, sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; y, IV. Finalmente, se precisa que todo lo anterior, es en la inteligencia de que la alzada responsable deberá de tomar en consideración, no solo lo acaecido en la continuidad de la audiencia inicial de fecha once de julio de dos mil veintidós, si no, en la integridad de la audiencia inicial, a efecto de evitar fragmentación y dispersión de la información incorporada por las partes (bajo el ejercicio de contradicción y los temas que fueron objeto del debate) respecto de los datos de prueba referenciados y a la información objetiva que de cada uno se colige y es de utilidad para emitir la determinación correspondiente, para decidir en la segunda instancia sobre la razonabilidad en la valoración de los datos de prueba referenciadas." (sic) La autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: a) Por oficio número 886, de fecha seis de junio de dos mil veintitrés, remitió copia de la resolución emitida en esa misma fecha en la que por una parte dejó sin efectos la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por esa alzada dentro del toca penal XI-********************; asimismo, en esa misma fecha procedió al dictado de una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, atendiendo a lo señalado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, al momento de resolver el amparo en revisión penal 54/2023, de su índice, se pronunció de manera fundada y motivada respecto a la legitimación de los pasivos para querellarse; determinación que basó en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente "FRAUDE, POR DOBLE VENTA DE INMUEBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)". b) Asimismo, al resultar fundado el motivo de disenso relativo a la legitimación de los pasivos para presentar querella en contra de los imputados aquí quejosos, estimó improcedente ocuparse respecto a los motivos de disenso relativos a la prescripción y la no actualización del hecho con apariencia de delito. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable siguió con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en el amparo en revisión 54/2023, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, tal como quedó reseñado. Lo anterior, sin que obste lo manifestado mediante el escrito recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de junio de la presente anualidad, por el que la apoderada jurídica de la parte tercero interesada ********************, esta última en cuanto a la sucesión a bienes de********************, en el que, en esencia manifiesta que al momento de dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, la autoridad responsable incurrió en un defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que la misma al dictar la nueva resolución para cumplirla, dejó en estado de indefensión a las victimas aquí terceros interesados, mismos que a consideración del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, no resultan agraviados, violentando con ello los días 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber emitido la citada determinación de manera fundada y motivada. Al respecto, es de señalarse que los agravios que aduce la promovente por una parte resultan inatendibles por este órgano jurisdiccional y por otra resultan infundados, toda vez que como se advierte de las citadas manifestaciones realizadas por la parte inconforme, se desprende por una parte las manifestaciones de referencia se encuentran encaminadas a señalar la forma en la que a su consideración los imputados dentro del juicio de origen realizaron el hecho con apariencia de delito, así como que con las citadas acciones confundieron a la autoridad para liberar de culpa a quienes con alevosía y ventaja engañaron a sus víctimas; circunstancias que no pueden ser analizadas por esta resolutora judicial, ya que las mismas en su caso deberán ser materia dentro del juicio de origen, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime convenientes. Ahora bien, por cuanto ve a las manifestaciones relativas a la falta de fundamentación y motivación en la que se basó la responsable para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa debe decirse que las mismas resultan infundadas toda vez que del análisis del actuar de la responsable, no se observa que la referida autoridad haya incurrido en defecto en el cumplimiento que realizó a la ejecutoria de amparo, ya que la referida responsable al momento de dictar una nueva resolución en sustitución de la diversa de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la parte que interesa, analizó con libertad de jurisdicción la legitimación de los pasivos para querellarse; determinación que basó en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente "FRAUDE, POR DOBLE VENTA DE INMUEBLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)", por lo que, en base a ello determinó que los querellantes carecían de legitimación para instar la acción penal en contra de los aquí quejosos, estimando, además, la improcedencia de ocuparse respecto a los motivos de disenso relativos a la prescripción y la no actualización del hecho con apariencia de delito hechos valer por los apelantes. De ahí, que se estime que efectivamente la responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, pues como se hizo constar en párrafos precedentes la autoridad encargada de su cumplimiento realizó en análisis de la legitimación de los querellantes para instar la acción penal en contra de los imputados aquí quejosos, lo que realizó con libertad de jurisdicción, pues precisamente para esos efectos se realizó concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a la citada quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte tercero interesada que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime convenientes, toda vez que si bien es cierto los argumentos realizados por la responsable derivan precisamente del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que se analiza, no menos cierto es que la autoridad responsable contaba con libertad de jurisdicción para realizar la fundamentación y motivación de la misma; máxime que de proceder al estudio de la aplicabilidad o inaplicabilidad de tesis invocada, así como los numerales en los que fundó su determinación, se estaría incurriendo en un exceso en el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de junio de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, ténganse por recibidos y agréguese los oficios signados por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, por el que atento a sus contenidos, únicamente agréguense a los autos para que obren como correspondan, toda vez que en proveídos de seis y ocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos dichos comunicados acordándose lo conducente. ESCRITO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada ********************, apoderada legal de los terceros interesados de iniciales ********************y********************. en cuanto albacea de la sucesión a bienes de ********************, a través del cual, realiza diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el ocho de junio de dos mil veintitrés, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por tanto, previo a proveer lo que en derecho corresponda, dese vista con el escrito de cuenta a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, para dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintitrés. INFORMA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la Ciudad de Morelia Michoacán, por medio del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dese vista a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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