José Ignacio Eduardo Díaz Flores

Expediente 722/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
722/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • José Ignacio Eduardo Díaz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    . Vistos los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 116), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ IGNACIO EDUARDO DÍAZ FLORES, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". I. Desahogar la prueba confesional citada con antelación en la fecha que señaló para tal efecto. II. Asimismo, de existir algún impedimento legal o material para llevar a cabo el desahogo de la probanza aludida, deberá fijar una nueva fecha, pero atendiendo a los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, pues sólo así se podrá tener por restituido el goce del derecho fundamental de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal." 2) En proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria dicha resolución y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 120 y 121). 3) La autoridad responsable en cumplimiento a lo anterior, mediante oficio J-III-2612/2018 presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, adjuntó las constancias relativas desahogo de la prueba confesional dentro del juicio laboral 3D-1628/2017 (fojas 140 a 157). 4) En proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se amplió por una sola vez por diez días hábiles más el plazo para que la referida autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 161 y 162). 5) Mediante oficio 15/2019, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de la Junta responsable envió copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que desahogó de la prueba confesional a cargo de Roberto Salcedo Maldonado (fojas 165 a 173) Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, desahogó de la prueba confesional dentro del juicio laboral 3D-1628/2017, a cargo de Roberto Salcedo Maldonado. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración en virtud de que se ubica en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. .

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) Y C), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y terceros interesados, el acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: . Vistos los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 116), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ IGNACIO EDUARDO DÍAZ FLORES, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". I. Desahogar la prueba confesional citada con antelación en la fecha que señaló para tal efecto. II. Asimismo, de existir algún impedimento legal o material para llevar a cabo el desahogo de la probanza aludida, deberá fijar una nueva fecha, pero atendiendo a los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, pues sólo así se podrá tener por restituido el goce del derecho fundamental de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal." 2) En proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria dicha resolución y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 120 y 121). 3) La autoridad responsable en cumplimiento a lo anterior, mediante oficio J-III-2612/2018 presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, adjuntó las constancias relativas desahogo de la prueba confesional dentro del juicio laboral 3D-1628/2017 (fojas 140 a 157). 4) En proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se amplió por una sola vez por diez días hábiles más el plazo para que la referida autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 161 y 162). 5) Mediante oficio 15/2019, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de la Junta responsable envió copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que desahogó de la prueba confesional a cargo de Roberto Salcedo Maldonado (fojas 165 a 173) Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, desahogó de la prueba confesional dentro del juicio laboral 3D-1628/2017, a cargo de Roberto Salcedo Maldonado. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración en virtud de que se ubica en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. .

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 15/2019, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha informado si llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional señalada para las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, o bien si señaló nueva fecha para ello; ahora bien, toda vez que ha fenecido el término de diez días que le fue otorgado para que diera cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, se amplía por una sola vez, por diez días hábiles más, contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, el plazo para que la citada autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 259, de la Ley de la materia en vigor, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el precepto 267, fracción I, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia que deberá, sin dilación alguna, dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria, dentro del plazo ampliado por única ocasión, el que ya no podrá ampliarse bajo ningún motivo, en cuyo caso, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado hará el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la ejecutoria, considerando como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, impondrá las multas y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que éste reitere si existe o no incumplimiento, y de ser así, remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridades responsables. Sirve de apoyo la tesis aislada I. 5º.C.7 K (10ª) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2596, libro 10, Tomo III, Septiembre de 2014, Decima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, atento a que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". NOTIFÍQUESE.

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