José Ignacio Anguiano Mar

Expediente 286/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
286/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • José Ignacio Anguiano Mar

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña diversos documentos; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veintidós de febrero de esta propia anualidad, dictado en el juicio de amparo directo administrativo 880/2017, el citado órgano Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; ordenando en su oportunidad la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado en turno, de los cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda tomo I, II y III. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 286/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que la resolución que constituye el acto reclamado no es de aquellas que ponen fin al procedimiento; por consiguiente, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de dicha demanda. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se extrae como acto reclamado el siguiente:  La sentencia definitiva que se resolvió dentro de la queja promovida por **********, el hoy quejoso en contra de ***************, dentro del expediente de queja administrativa 44/2016, emitida por los Magistrados Integrantes del Consejo de la Judicatura en el Estado de Querétaro, en el cual menciona el citado quejoso no se encuentra ajustada a derecho ya que lo deja en un flagrante, inminente, total, completo y absoluto estado de indefensión, causando un daño y perjuicio de difícil reparación. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la ley reglamentaria en cita, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se advierte que en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio constitucional, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de amparo se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio, subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el caso, la sentencia definitiva dicta dentro de la queja administrativa 44/2016, se reclama con motivo a que no se encuentra ajustada a derecho, sin que pase desapercibido que el recurrente de la queja en mención fue el funcionario público sobre el que versaba la mencionada reclamación, y de la cual se interpuso recurso de reclamación el cual radico bajo el número 1/2017, el cual en su tercer punto resolutivo menciona: ".Se MODIFICA la resolución de 10 de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el H. Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de la Queja Administrativa número 44/2016, promovida por JOSÉ IGNACIO ANGUIANO MAR, contra actos del LIC. JUAN JORGE CHAVERO GODÍNEZ, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro.", por tanto, este juzgado se ajusta a que el recurrente del amparo reclama la resolución definitiva dictada por el multicitado Consejo, dentro del recurso de queja 44/2016. Ahora bien, al tratarse de una cuestión de responsabilidad administrativa de un funcionario público del Tribunal Superior de Justicia, el ahora quejoso, carece de interés jurídico para interponer juicio de amparo contra dicha determinación Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número IV.3o.A. J/6, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, página 726, Novena Época, que señala: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista. Ahora, en función las constancias certificadas por la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Presidente de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, las cuales integran el expediente de queja administrativa 44/2016, así como la resolución dictada dentro del recurso de reclamación 1/2017, dictada por los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A la luz del marco transcrito, este juzgador sostiene que la ya precisada determinación asumida por el recurso de reclamación 1/2017, dictada por los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, a través del cual resuelve modifica la resolución de dictada el diez de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro de la queja administrativa 44/2016, por la Magistrados Integrantes del Consejo de la Judicatura en el Estado de Querétaro, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental. Es aplicable en lo conducente, la Tesis IV.1o.A.44 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2923, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1120, cuyo rubro es: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", determinó que el denunciante de la queja administrativa contra servidores públicos carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que la declara improcedente. Posteriormente, la propia Segunda Sala, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2012 -la cual declaró infundada-, consideró también esa carencia respecto del interés legítimo. En consecuencia, al tener el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo y no jurisdiccional, y que, conforme al artículo 94 de la Constitución Política del Estado, la administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la competencia de este último se limita al orden administrativo y, por tanto, el promovente de una queja administrativa que motivó el procedimiento relativo en contra de un servidor público del Poder Judicial, no tiene interés jurídico ni legítimo para impugnar en el juicio de amparo la resolución respectiva.". Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1481, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL QUEJOSO QUE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE QUEJA ADMINISTRATIVA PROMOVIDA EN CONTRA DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 214 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal enlista las personas que tienen a su alcance el derecho (acción) para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos pertenecientes a la administración de justicia del Distrito Federal. Ahora bien, el hecho de que tal artículo otorgue al inconforme la facultad de denunciar las posibles faltas en que incurran los servidores de la administración pública del Distrito Federal, no le otorga el interés jurídico suficiente para promover el juicio de garantías contra su resolución, puesto que son cuestiones jurídicas independientes que no tienen relación, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que el haber iniciado una queja administrativa contra algún servidor público de la administración de justicia del Distrito Federal sea suficiente motivo para impetrar el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: VI.2o.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización son los siguientes: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, CUANDO ES PROMOVIDO POR EL DENUNCIANTE EN EL CITADO PROCEDIMIENTO. La resolución dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidades de un funcionario perteneciente al Poder Judicial del Estado de Puebla, sólo puede afectar al servidor público cuya conducta es materia de investigación en dicho procedimiento y por ende, es el único legitimado para promover el amparo contra la resolución emitida en el mismo, siempre que sea desfavorable a sus intereses; consecuentemente, el amparo promovido por quien presentó la queja que dio origen al referido procedimiento, resulta improcedente en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido, que no se encuentra acreditado el interés legítimo que aduce tener la quejosa. Por lo cual, este juzgado federal determina que se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues, como se dijo, la demanda también resulta improcedente porque de los numerales reproducidos en párrafos precedentes, se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos y, por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico o, en su caso, legítimo, éste debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, no basta con afirmar que se afecta el interés del gobernado, sino que se debe demostrar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. En suma, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto; es decir, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo el parámetro de razonabilidad, y no solo una simple posibilidad, ante la cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Luego, como se dijo, en el caso, la parte quejosa reclama los actos precisados en párrafos que anteceden. Sin embargo, se estima que dichos actos no afectan el interés legítimo de la parte quejosa, por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo que intenta. En efecto, si bien normalmente no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de que el peticionario de amparo no acredita el interés legítimo o jurídico, púes el Máximo Tribunal del país ha sostenido el criterio de que el interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, lo cierto es que dicha circunstancia también admite excepciones, en los casos en que es muy claro e indefectible que los actos no afectan el interés legítimo de la quejosa. En ese caso, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística de las posibilidades de perjuicio o privación de beneficios que tienen incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, por lo que están obligados a considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas; de ahí que en el caso de que al momento de determinar la admisión de la demanda, cuenten con los elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado general en el amparista, o bien, su ausencia, estarán en aptitud de emitir la decisión correspondiente Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1078, Libro 43, junio de 2017, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2014433, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar el actor reclamado de que se trata, lo legalmente procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ***********, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente las causas de improcedencia previstas por las fracciones XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, y en términos de la última parte del segundo párrafo del invocado numeral, a las restantes personas que refiere, por así manifestarlo expresamente. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la invocada ley, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

  2. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de siete de marzo de dos mil dieciocho: "RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña diversos documentos; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veintidós de febrero de esta propia anualidad, dictado en el juicio de amparo directo administrativo 880-2017, el citado órgano Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; ordenando en su oportunidad la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado en turno, de los cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda tomo I, II y III. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 286-2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que la resolución que constituye el acto reclamado no es de aquellas que ponen fin al procedimiento; por consiguiente, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de dicha demanda. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se extrae como acto reclamado el siguiente:  La sentencia definitiva que se resolvió dentro de la queja promovida por **********, el hoy quejoso en contra de ***************, dentro del expediente de queja administrativa 44-2016, emitida por los Magistrados Integrantes del Consejo de la Judicatura en el Estado de Querétaro, en el cual menciona el citado quejoso no se encuentra ajustada a derecho ya que lo deja en un flagrante, inminente, total, completo y absoluto estado de indefensión, causando un daño y perjuicio de difícil reparación. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la ley reglamentaria en cita, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se advierte que en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio constitucional, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de amparo se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio, subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J-11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el caso, la sentencia definitiva dicta dentro de la queja administrativa 44-2016, se reclama con motivo a que no se encuentra ajustada a derecho, sin que pase desapercibido que el recurrente de la queja en mención fue el funcionario público sobre el que versaba la mencionada reclamación, y de la cual se interpuso recurso de reclamación el cual radico bajo el número 1-2017, el cual en su tercer punto resolutivo menciona: ".Se MODIFICA la resolución de 10 de julio de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el H. Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de la Queja Administrativa número 44/2016, promovida por JOSÉ IGNACIO ANGUIANO MAR, contra actos del LIC. JUAN JORGE CHAVERO GODÍNEZ, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro.", por tanto, este juzgado se ajusta a que el recurrente del amparo reclama la resolución definitiva dictada por el multicitado Consejo, dentro del recurso de queja 44-2016. Ahora bien, al tratarse de una cuestión de responsabilidad administrativa de un funcionario público del Tribunal Superior de Justicia, el ahora quejoso, carece de interés jurídico para interponer juicio de amparo contra dicha determinación Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número IV.3o.A. J-6, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, página 726, Novena Época, que señala: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista. Ahora, en función las constancias certificadas por la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Presidente de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, las cuales integran el expediente de queja administrativa 44-2016, así como la resolución dictada dentro del recurso de reclamación 1-2017, dictada por los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A la luz del marco transcrito, este juzgador sostiene que la ya precisada determinación asumida por el recurso de reclamación 1-2017, dictada por los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, a través del cual resuelve modifica la resolución de dictada el diez de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro de la queja administrativa 44-2016, por la Magistrados Integrantes del Consejo de la Judicatura en el Estado de Querétaro, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental. Es aplicable en lo conducente, la Tesis IV.1o.A.44 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2923, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a.-J. 1-2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1120, cuyo rubro es: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", determinó que el denunciante de la queja administrativa contra servidores públicos carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que la declara improcedente. Posteriormente, la propia Segunda Sala, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 14-2012 -la cual declaró infundada-, consideró también esa carencia respecto del interés legítimo. En consecuencia, al tener el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo y no jurisdiccional, y que, conforme al artículo 94 de la Constitución Política del Estado, la administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la competencia de este último se limita al orden administrativo y, por tanto, el promovente de una queja administrativa que motivó el procedimiento relativo en contra de un servidor público del Poder Judicial, no tiene interés jurídico ni legítimo para impugnar en el juicio de amparo la resolución respectiva.". Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1481, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL QUEJOSO QUE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE QUEJA ADMINISTRATIVA PROMOVIDA EN CONTRA DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 214 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal enlista las personas que tienen a su alcance el derecho (acción) para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos pertenecientes a la administración de justicia del Distrito Federal. Ahora bien, el hecho de que tal artículo otorgue al inconforme la facultad de denunciar las posibles faltas en que incurran los servidores de la administración pública del Distrito Federal, no le otorga el interés jurídico suficiente para promover el juicio de garantías contra su resolución, puesto que son cuestiones jurídicas independientes que no tienen relación, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que el haber iniciado una queja administrativa contra algún servidor público de la administración de justicia del Distrito Federal sea suficiente motivo para impetrar el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: VI.2o.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización son los siguientes: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, CUANDO ES PROMOVIDO POR EL DENUNCIANTE EN EL CITADO PROCEDIMIENTO. La resolución dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidades de un funcionario perteneciente al Poder Judicial del Estado de Puebla, sólo puede afectar al servidor público cuya conducta es materia de investigación en dicho procedimiento y por ende, es el único legitimado para promover el amparo contra la resolución emitida en el mismo, siempre que sea desfavorable a sus intereses; consecuentemente, el amparo promovido por quien presentó la queja que dio origen al referido procedimiento, resulta improcedente en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido, que no se encuentra acreditado el interés legítimo que aduce tener la quejosa. Por lo cual, este juzgado federal determina que se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pues, como se dijo, la demanda también resulta improcedente porque de los numerales reproducidos en párrafos precedentes, se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos y, por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P.-J. 50-2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico o, en su caso, legítimo, éste debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, no basta con afirmar que se afecta el interés del gobernado, sino que se debe demostrar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. En suma, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto; es decir, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo el parámetro de razonabilidad, y no solo una simple posibilidad, ante la cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Luego, como se dijo, en el caso, la parte quejosa reclama los actos precisados en párrafos que anteceden. Sin embargo, se estima que dichos actos no afectan el interés legítimo de la parte quejosa, por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo que intenta. En efecto, si bien normalmente no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de que el peticionario de amparo no acredita el interés legítimo o jurídico, púes el Máximo Tribunal del país ha sostenido el criterio de que el interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, lo cierto es que dicha circunstancia también admite excepciones, en los casos en que es muy claro e indefectible que los actos no afectan el interés legítimo de la quejosa. En ese caso, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística de las posibilidades de perjuicio o privación de beneficios que tienen incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, por lo que están obligados a considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas; de ahí que en el caso de que al momento de determinar la admisión de la demanda, cuenten con los elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado general en el amparista, o bien, su ausencia, estarán en aptitud de emitir la decisión correspondiente Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 2a.-J. 57-2017 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1078, Libro 43, junio de 2017, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2014433, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar el actor reclamado de que se trata, lo legalmente procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ***********, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente las causas de improcedencia previstas por las fracciones XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, y en términos de la última parte del segundo párrafo del invocado numeral, a las restantes personas que refiere, por así manifestarlo expresamente. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la invocada ley, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12-2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. ".

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