José Ignacio Almazán Arteaga

Expediente 847/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • José Ignacio Almazán Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mediante oficio sin número, remitido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con residencia en Chetumal. Asimismo, en dicho proveído se apercibió al quejoso que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente al impetrante el día catorce de marzo de dos mil veintidós, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el treinta de septiembre de dos mil veinte, la cual en su primer resolutivo se sobreseyó en el presente juicio, respecto de los actos reclamados del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con residencia en Chetumal, mientras que en el segundo resolutivo se dijo que la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó del Registrador Integral adscrito a la Delegación ********************, del Registro Agrario Nacional, con sede en Chetumal, para el efecto de: "1. Deje insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho, que recayó a la solicitud de inscripción de enajenación de derechos parcelarios de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, relativo a la parcela ********************, a la que correspondió el folio ********************. 2. En su lugar, una vez recabado el dictamen técnico correspondiente, resuelva con libertad de jurisdicción lo que conforme en derecho corresponda y lo haga del conocimiento del aquí quejoso, debidamente fundado y motivado.". Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios ********************, interpuso el recurso de revisión correspondiente; mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante ejecutoria dictada el tres de junio de dos mil veintiuno, en autos del toca 19/2021, modificando la sentencia amparadora, para el efecto de que: "La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho y en su lugar, siguiendo los lineamientos contenidos en la presente ejecutoria emita otra en la que prescinda de tomar en cuenta la opinión técnica de gabinete de cinco de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional; con motivo de que para la calificación y registro del contrato de enajenación de derechos parcelarios es innecesario contar con dictamen u opinión técnica que establezca si la parcela ******************** está asentada o no sobre bosques o selvas; hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda." Resolución que fue recibida en este juzgado por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el cual, además, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito a la autoridad responsable. Ahora bien, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, por oficio DRAN.Q.ROO/1333/2021 (registro 11223), agregado en autos mediante proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, el encargado del despacho de la representación del Registro Agrario Nacional en ********************, con residencia en Chetumal, informó su imposibilidad para emitir una nueva calificación registral respecto a la solicitud del quejoso, hasta en tanto éste ingresara nuevamente la documentación relativa, en virtud de le había sido devuelta, de lo que se dio vista al quejoso. Posteriormente, después de múltiples requerimientos efectuados la parte quejosa mediante proveídos de quince de julio, doce de agosto, veintisiete de octubre, y doce y veintiuno de noviembre, todos de dos mil veintiuno, a fin de que exhibiera ante la responsable la documentación correspondiente a fin de que procediera a efectuar la calificación registral en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, sin que lo hubiera hecho; lo que corroboró la citada responsable mediante oficio ********************(registro 20745), integrado en autos el siete de diciembre de dos mil veintiuno, con el que informó que emitió el oficio ********************de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso ********************en el que lo previno para que dentro del término de veinte días, computados a partir de su notificación, acompañe al trámite ******************** la documentación referida. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se recibió mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el escrito de ********************, autorizado del quejoso ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual señaló su intención de no ingresar la documentación original que integra la solicitud número ********************, del trámite de Contrato de Enajenación de Derechos de la parcela ********************, pues refirió que el enajenante de la parcela tiene intereses personales y negociaciones respecto de ésta, por lo que solicitó se declarara la imposibilidad legal para cumplimentar el fallo de amparo; a lo cual este órgano federal no accedió a su petición, pues al ser el promovente autorizado de la parte quejosa, no se encuentra facultado para realizar dichas manifestaciones. Así, por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se recibió el oficio DRAN.Q.ROO/154/2022 (registro 1401), remitido por la autoridad responsable, mediante el cual allegó las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia concesora, de las que se advirtió que aún se encontraba en vías de ejecución, por lo que se requirió nuevamente su acatamiento bajo los lineamientos precisados en dicho proveído. Finalmente, mediante oficio SR/300/2022 (registro 4871), el encargado del despacho de la representación del Registro Agrario Nacional en ********************, con residencia en Chetumal, remitió en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, las constancias relativas a la determinación de siete de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual dejó insubsistente la calificación registral de nueve de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el trámite ********************, relativa a la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios correspondiente a la parcela ******************** del Ejido ********************, Municipio de ********************, ********************, y emitió una diversa en la que con base en los lineamientos de la resolución de amparo denegó la calificación registral; como acreditó dicha autoridad con las constancias que en copia certificada allegó a la misiva de mérito. Lo que hizo del conocimiento de la parte quejosa, ordenando su notificación mediante publicación en el boletín registral. Por tanto, no obstante el motivo de la nueva determinación respecto a la calificación registral emitida por la responsable, tomando en consideración que dicha autoridad ha llevado a cabo las directrices de la ejecutoria de amparo a fin de dar cabal cumplimiento a la misma, como quedó acreditado en párrafos precedentes, al no haber exhibido la parte quejosa la documentación relativa a la parcela motivo del acto reclamado, es que debe determinar lo que en derecho corresponde al cumplimiento de la sentencia. Lo anterior es así, ya que se hace patente que ante el interés del quejoso en obtener la calificación registral de referencia, así como en el cumplimiento a la sentencia concesora del amparo, la obligación de éste de continuar con su pretensión, concernía únicamente a dicho impetrante, cuya actuación no depende de la autoridad responsable ni de este Juzgado Federal; ya que al encontrarse la multicitada Delegación responsable acatando a cabalidad con los efectos de la concesión, emitió la determinación de mérito con base en la documentación que contaba en sus registros; por lo que, como se dijo, la culminación de la pretensión del quejoso correspondía únicamente a su proceder. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que obran en autos las actuaciones correspondientes que acreditan el cumplimiento, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de dichas constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales condignos, el oficio DRAN.Q.ROO/554/2022, signado vía electrónica mediante el uso de la FIREL de ********************, encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, así como el anexo que acompaña, mismos que remite con relación al requerimiento efectuado por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales condignos, el oficio DRAN.Q.ROO/154/2022, remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL, de ********************, Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, así como el anexo que acompaña. Misiva que remite en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual informa las gestiones que ha llevado a cabo para tal fin, de donde se advierte que a la fecha se encuentra en vías de cumplimiento, dado que ha omitido observar el primer punto de los efectos de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en el toca ********************, que modificó la sentencia dictada por este juzgado, los cuales serían los siguientes: "La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho y en su lugar, siguiendo los lineamientos contenidos en la presente ejecutoria emita otra en la que prescinda de tomar en cuenta la opinión técnica de gabinete de cinco de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional; con motivo de que para la calificación y registro del contrato de enajenación de derechos parcelarios es innecesario contar con dictamen u opinión técnica que establezca si la parcela 306 ZI P3 está asentada o no sobre bosques o selvas; hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda. [...] Sin perjuicio, claro está, de que esta decisión no constituye de antemano un límite formal ante los eventuales resultados y consecuencias jurídicas de un Dictamen u Opinión Técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a la circular ********************." En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al citado Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal para que, dentro del término de diez días. Contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito; asimismo, deberá remitir copia certificada, completa y legible de las constancias relativas que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, continúa la reserva decretada por auto de siete de diciembre último, respecto a la omisión de la parte quejosa, hasta en tanto la autoridad responsable antes indicada, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el escrito de Jorge Paniagua Alcocer, autorizado del quejoso José Ignacio Almazán Arteaga, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual señala su intención de no ingresar la documentación original que integra la solicitud número 23180006133, del trámite de Contrato de Enajenación de Derechos de la parcela 306 Z-1 P-3 del Ejido denominado Isla Holbox, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, pues refiere que el enajenante de la parcela tiene intereses personales y negociaciones respecto de ésta, por lo que solicita se declare la imposibilidad legal para cumplimentar el fallo de amparo. Sin embargo, este órgano federal no accede a su petición, pues al ser el promovente autorizado de la parte quejosa, no se encuentra facultado para realizar dichas manifestaciones. En efecto, el ordinal antes señalado no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. Por ende, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción (con excepción de los supuestos que la propia legislación señala expresamente), se pone en evidencia que la solicitud de desistimiento del cumplimiento de la sentencia amparadora también debe contar con la firma autógrafa del directo quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio constitucional, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del propio juicio, ajenas a cuestiones derivadas directamente de la voluntad del interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por otro lado, agréguese el oficio de la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, informa que el acuse postal del oficio 30191/2021 dirigido al Encargado del Despacho de la Representación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en Chetumal, se encuentra en tránsito para ser devuelto, por lo que solicita una prórroga de quince días para que lo devuelva a este juzgado. Por tanto, al no encontrarse imposibilidad jurídica alguna para acordar de esa manera, se concede a la autoridad postal la prórroga que solicita para que remita el acuse postal en mención. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado el veintinueve de noviembre de este año. Notifíquese y cúmplase.

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