José Idulio Francisco Cortés Pacheco

Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1137/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • José Idulio Francisco Cortés Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el seis siguiente en este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. RECEPCIÓN Y TRÁMITE. Por auto de siete de septiembre del presente año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, ordenó la apertura del incidente de suspensión correspondiente, dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, y tuvo por anunciadas las pruebas ofrecidas por el quejoso. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto omisivo; es decir, carente de ejecución y toda vez que el acto impugnado deriva de un procedimiento administrativo tramitado ante una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que conforman el juicio de amparo. Con base en lo anterior, se concluye que el quejoso reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión de jubilación presentada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con folio asignado 15,759-43300. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues así se desprende del contenido de su informe justificado de quien lo suscribió en su representación; por lo tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye, con base en el artículo 117 de la Ley de Amparo. No se inadvierte, que la autoridad responsable no haya adjuntado a su informe con justificación las constancias en que pudiera sustentar la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (falta de respuesta a la petición formulada el treinta de agosto de dos mil veintidós) y que en el citado informe ésta acepta su existencia, al referir que efectivamente no se ha dado respuesta a la petición que le formuló la inconforme, con respecto a la solicitud para que le sea otorgada la pensión a que tiene derecho, no es necesario tener a la vista las citadas constancias. Además, es importante establecer que la naturaleza del acto reprochado en el presente juicio de amparo es de carácter negativo, porque implica un no actuar de la autoridad. Así, tratándose de este tipo de actos, le corresponde a la autoridad justificar su dicho; esto es, tiene la carga de la prueba de acreditar que no incurrió en omisión o abstención, ya que el precepto 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Igualmente, la certeza de que se habla se corrobora con el formato de solicitud de pensión con número de folio 15,759-43300, presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, que el agraviado adjuntó a su escrito de demanda (foja 09), al que se le otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 197 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que al ser adminiculado con las manifestaciones vertidas por la referida responsable en su informe justificado, genera la presunción fundada de la presentación ante su potestad del ocurso mencionado. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 127, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.". Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, la autoridad responsable refiere que el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, deviene improcedente al actualizarse las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XX, y 63, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como el dispositivo 107, fracción IV, Constitucional, al referir que el quejoso no agotó el principio de definitividad y porque no le recae el carácter de autoridad responsable a la señalada en su escrito de demanda, con la precisión que respecto de esta última no realizó argumento alguno tendente a evidenciar la actualización de dicha causal de improcedencia, motivo por el cual la misma no será analizada, aunado a que la propia responsable aceptó como cierto el acto que se le atribuye. Ahora bien, los preceptos legales citados en el párrafo que antecede, en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)". Es infundada la causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable, en la que afirma que previo a promover el presente juicio de amparo, el solicitante del amparo debió de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. El citado principio descansa en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, así como las excepciones a la obligación de agotar los recursos ordinarios. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En atención a lo anterior, y considerando que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición que formuló, mediante escrito recibido el treinta de agosto de dos mil veintidós, en contravención a lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se mencionó la causa de improcedencia es infundada. Es decir, la parte quejosa controvierte a través del presente juicio de amparo, una violación directa a lo establecido en el artículo 8° Constitucional, por lo que se encuentra en el caso de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; de ahí que en el presente asunto se actualiza y hace procedente el juicio constitucional promovido por ********************. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza diverso motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguno, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Tal y como se señaló en párrafos precedentes y toda vez que no se actualizó causa de improcedencia respecto del acto reclamado, se procede a estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello. Así, cabe precisar que el impetrante de amparo alega violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que el treinta de agosto de dos mil veintidós, presentó un escrito ante la autoridad responsable por el que solicitó el pago de una pensión, la cual quedó registrada con el número de folio asignado 15,759-43300, y aun cuando ya transcurrió el plazo legal para recibir una respuesta, no se ha emitido contestación alguna a su solicitud de pensión, lo que se estima fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Para corroborar tal aserto, debe tenerse en cuenta que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo gobernado tiene la prerrogativa de dirigir a la autoridad peticiones por escrito y de forma respetuosa, y ésta a su vez tiene el deber de emitir una respuesta por escrito en breve término, la cual debe notificar al gobernado, pues dicho numeral dispone: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Atento a lo expuesto, el derecho de que se trata se configura por los elementos siguientes: A) La petición: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B) La respuesta: La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la solicitud en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; en el entendido de que la autoridad no tiene obligación de pronunciarse en determinado sentido, por lo que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Asimismo, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho; y no por autoridad diversa. En este sentido, de no cumplirse con los presupuestos referidos, resulta inconcuso que se vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 8º Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa el Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS.". Ahora, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte el acuse de recibo de la solicitud para el pago de pensión presentada por el quejoso ********************, el treinta de agosto de dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, la cual quedó registrada con el número de folio asignado 15,759-43300. En ese sentido, es dable destacar que dicha solicitud se encuentra regulada por el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como el diverso 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de los que se advierte que el Instituto de Pensiones del Estado de México y Municipios, una vez que se ha iniciado un trámite de pensión por parte del gobernado, deberá: I.- De ser el caso, requerir al promovente para que en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete la petición que presentó, si es que carece de algún requisito; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud de que se trata. II.- En un plazo no mayor a treinta días hábiles, señalar una fecha de respuesta al solicitante, la cual se dejará a su disposición en la unidad administrativa ante la que se inició el trámite. En ese tenor, en el caso en concreto, no se advierte que la autoridad haya advertido alguna deficiencia formal en la solicitud presentada por ********************, por lo que, en cumplimiento al deber impuesto por la normativa que rige el acto que se reclama, debió señalar una fecha no mayor a treinta días hábiles para otorgar la respuesta a la solicitud de trámite iniciada por el quejoso; lo cual en la especie no aconteció desde que estuvo en obligación material de hacerlo. En efecto, los citados artículos disponen, respectivamente: "Artículo 73. El instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contado a partir de la fecha en que se reciba la solicitud con la documentación correspondiente. [.]". "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunte los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución. [.]". Motivo por el cual se considera que existe una violación a la prerrogativa constitucional establecida en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sean óbice las manifestaciones de la autoridad responsable aducidas al momento de rendir su informe justificado en el sentido de que la solicitud de pensión realizada, se encontraba en el supuesto de excepción establecido en el artículo 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, atento a que dada la naturaleza de las solicitudes de pensión, previo a la emisión de una respuesta, es necesario que se realicen una serie de trámites, recopilación de información, documentos y análisis minucioso de los mismos, para estar en condiciones de otorgar una respuesta fundada, motivada, congruente y exhaustiva a la solicitud realizada. Se estima lo anterior, pues únicamente se limitó a referir esa circunstancia sin que haya demostrado a través de algún medio de convicción que en el caso concreto concurría el supuesto que invoca como excepción, por lo que tal manifestación por parte de la responsable constituye un elemento subjetivo que no logra justificar el retardo en otorgar una respuesta al solicitante de la protección constitucional. Y es que, como se demostró, la solicitud de mérito se presentó desde el treinta de agosto de dos mil veintidós y a la fecha de la celebración de la presente audiencia han transcurrido más de quince meses, sin que se haya emitido la respuesta a la petición planteada por el quejoso, término que se considera más que suficiente para que la autoridad estuviera en condiciones de cumplir con su obligación. Tampoco se inadvierten las manifestaciones en que la autoridad responsable pretende justificar la omisión en la que ha incurrido, al no atender la petición del ahora justiciable para que se le otorgue la pensión a la que constitucionalmente tiene derecho, al señalar que la simple presentación de una solicitud de pensión no genera derecho alguno a favor del solicitante, en virtud de que para el otorgamiento o reconocimiento del derecho a recibir una pensión, se obtiene una vez realizados todos los estudios y análisis de documentales necesarias para así determinar si el solicitante puede o no acceder a dicha prestación; sin embargo, con independencia de esa circunstancia, la autoridad responsable tiene la obligación de atender -con la debida prontitud dentro de los términos legales para ello-, de acuerdo a la normativa aplicable, todas las solicitudes y peticiones que se le formulen, ello con independencia del sentido de la respuesta que se otorgue, pues el artículo 8° Constitucional de manera enfática dispone que la respuesta debe ser en breve término y no hace ningún tipo de distinción en ese aspecto. Aunado a lo anterior, cabe señalar que precisamente lo que el solicitante del amparo pretende es que se le otorgue una respuesta a su petición, sin especificar el sentido de la misma, ya que si bien el propio formato indica "SOLICITUD DE PENSIÓN", lo cierto es que la autoridad tiene plena facultad de emitir la respuesta en el sentido que corresponda, con base en el análisis que al efecto realice, siempre y cuando dicha respuesta sea congruente, completa y rápida, en relación a la solicitud de pensión. Consecuentemente, al resultar fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -por conducto de su presidente-, realice lo siguiente: - Otorgue una respuesta congruente, completa y rápida a la solicitud de pensión realizada por la parte quejosa el treinta de agosto de dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. - Notifique dicha determinación al peticionario de amparo de acuerdo con la normatividad aplicable al caso en concreto. En la inteligencia que, la concesión del amparo tiene como finalidad que la autoridad responsable restituya a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, sin que ello implique que deba resolverse en determinado sentido, ya que eso es competencia de la autoridad responsable. Orienta el sentido de la presente resolución la tesis XV.3o.38 A, de la Novena Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2519 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, correspondiente a septiembre de 2007, registro digital 171484, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario.". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica al quejoso, personalmente al agente del Ministerio Público Federal y por medio de oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado de quien rinde en representación del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe y como domicilio el que indica. Finalmente, como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías, al usuario "***"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Del estado de autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable, Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rinda su informe justificado. Por ello, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, tomando en consideración que está por fenecer el término de referencia, se libra oficio recordatorio a la autoridad responsable, para que emita su informe de ley a la brevedad, con el fin de no retrasar la oportuna integración y resolución de este asunto. En el entendido que le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

  4. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, por las razones indicadas en el considerando SEGUNDO de esta interlocutoria. Notifíquese.

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