José Humberto Rodríguez Sánchez

Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
618/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • José Humberto Rodríguez Sánchez
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual transcribe el proveído de cuatro de los cursantes, dictado en el juicio de amparo directo *-*-* de su índice, del que se advierte que la magistrada presidente de adscripción aceptó la competencia planteada por este juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por *-*-* En consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, incisos d) y j), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por tratarse de un desecamiento e incompetencia de otros actos..."

  2. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, toda vez que este juzgado declaró carecer de competencia legal para resolver sobre el acto reclamado consistente en... como se ordenó en auto de veintinueve de noviembre pasado, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítanse de inmediato los autos del presente juicio así como los del expediente laboral de origen al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, para que se encuentre en condiciones de proveer lo conducente, por lo que para tal efecto se deberán imprimir todas las constancias pertinentes para la integración del asunto y ser remitido a la Superioridad..."

  3. Principal

    "...Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito para notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa la citada determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. (INSERCIÓN DEL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS) Visto el oficio remitido por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual transcribe el proveído dictado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 1092/2022, de su índice, dictado por el Magistrado Presidente de su adscripción, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; asimismo, remite los autos de los juicios 1092/2022 y ********************, el primero de su índice, el segundo de la estadística de la Junta responsable; acúsese recibo de estilo. Al respecto, se provee: Este órgano jurisdiccional SE AVOCA A LA COMPETENCIA PLANTEADA de conformidad con los artículos 37 y 58 de la Ley de Amparo, respecto la demanda de amparo instaurada por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 618/2022-III-B. DESECHAMIENTO PARCIAL El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, en el caso concreto, este juzgado federal, advierte que se actualiza la se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107 fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten personas extrañas; (.)" La fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el segundo artículo antes transcrito interpretado a contrario sensu dispone, que el amparo procede cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él, o exista en la ley aplicable algún recurso ordinario o medio de defensa a favor del afectado que pudiera tener efectos revocatorios o modificatorios. Si bien el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios ha determinado que dicho precepto debe interpretarse en forma armónica con el diverso 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que si éste no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el numeral reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. Por su parte, doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona jurídica o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. De lo transcrito, se desprende que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que al enterarse que había un juicio en su contra, se apersonó a las oficinas de la Junta responsable, en donde le informaron que efectivamente, era demandado en el juicio de origen, y posterior a ello, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se presentó nuevamente en dichas instalaciones a absolver posiciones. Asimismo, de los autos del expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se desprende que a las nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia confesional ofrecida por la actora a cargo del codemandado ********************, compareció el hoy quejoso plenamente identificado y absolvió las posiciones que le fueron formuladas. Posteriormente, seguida la secuela procesal del juicio, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos se leen: De lo anterior, se observa que el acto tildado de inconstitucional por la quejosa ha sido consentido, puesto que de sus manifestaciones, así como del acta levantada con motivo de la diligencia dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se acredita que se hizo sabedora del expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, seguido en su contra, lo que es razón suficiente para desvirtuar el carácter de tercero extraño al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Ahora, el carácter de tercero extraño al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo comprenden únicamente quienes no fueron emplazados o, aún siéndolo, no tuvieron la oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Lo que no acontece en la especie, pues al enterarse el inconforme del procedimiento del cual deriva el acto reclamado, se apersonó al mismo y planamente identificado absolvió posiciones en la audiencia pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, toda vez que conoció los datos de identificación del juicio natural, como lo es el nombre de la junta responsable, el número de juicio y su naturaleza y el nombre de la parte actora; es inconcuso que estuvo en aptitud de alegar lo que a su interés estimara conveniente, incluso, hacer valer los medios de impugnación correspondientes. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII de numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA EN ESTUDIO, únicamente respecto del acto consistente en el emplazamiento al expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, promovido en su contra por ********************atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL LAUDO. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado consistente en: ".El Laudo dictado el 09 nueve de septiembre del 2022, al resolver los autos del expediente laboral ********************" Este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver sobre tal aspecto, en acatamiento a la jurisprudencia 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta obligatoria conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, aplicable al caso concreto por las razones jurídicas que la sustentan. En efecto, dicha jurisprudencia establece que cuando se reclame en amparo indirecto la falta o ilegalidad del emplazamiento por parte de un tercero extraño a juicio por equiparación, así como el laudo respectivo, se debe atender a dos supuestos: a) Que carezcan de definitividad; o b) Que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de la sentencia, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal, pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos a la sentencia definitiva, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá sobreseer o negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tal jurisprudencia se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 9, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. En el caso concreto, el laudo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta responsable, es de carácter definitivo dado que contra dicha resolución, la Ley Federal del Trabajo no establece recurso alguno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que cause estado la presente determinación, se ordena remitir de inmediato los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, por así disponerlo el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal..."

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio remitido por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual transcribe el proveído dictado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 1092/2022, de su índice, dictado por el Magistrado Presidente de su adscripción, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; asimismo, remite los autos de los juicios 1092/2022 y ********************, el primero de su índice, el segundo de la estadística de la Junta responsable; acúsese recibo de estilo. Al respecto, se provee: Este órgano jurisdiccional SE AVOCA A LA COMPETENCIA PLANTEADA de conformidad con los artículos 37 y 58 de la Ley de Amparo, respecto la demanda de amparo instaurada por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 618/2022-III-B. DESECHAMIENTO PARCIAL El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, en el caso concreto, este juzgado federal, advierte que se actualiza la se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107 fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten personas extrañas; (.)" La fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el segundo artículo antes transcrito interpretado a contrario sensu dispone, que el amparo procede cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él, o exista en la ley aplicable algún recurso ordinario o medio de defensa a favor del afectado que pudiera tener efectos revocatorios o modificatorios. Si bien el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios ha determinado que dicho precepto debe interpretarse en forma armónica con el diverso 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que si éste no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el numeral reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. Por su parte, doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona jurídica o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia 331, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 280, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el epígrafe y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso a estudio, el quejoso ********************, en sus conceptos de violación se ostenta como tercero extraño por equiparación al procedimiento de origen, pues manifiesta que no fue debidamente emplazado al expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, promovido en su contra por ******************** En efecto, la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen, aduciendo como ya se dijo que no fue debidamente emplazada al juicio promovido en su contra dentro de los autos ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de sus manifestaciones, así como de los autos de dicho juicio, los cuales se tienen a la vista, se advierte que sí tuvo conocimiento de la controversia de origen. Esto es así debido a que de los antecedentes y conceptos de violación que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se advierte: ".En el domicilio que señala la actora en su escrito de inicial de demanda, no soy encargado, ni propietario de la negociación demandada, si no que ocurro en forma periódica a ofrecer mis servicios de transporte de mercancías a la negociación demandada, informándome su personal que, en días anteriores habían dejado unos documentos expedidos por la Junta laboral de esta ciudad, desconociendo delo que se trataba, con la finalidad de aclarar mi situación, acudí a las oficinas de la autoridad laboral donde el personal, me puso en conocimiento que el suscrito era co-demandado debiéndome presentarme (sic) el 16 de febrero del 2021, para evitarme más problemas, al día señalado comparecí identificándome con mi credencial de elector, respondiendo a las cuatro preguntas, que a la letra transcribo (.)." Lo resaltado es propio de este juzgado. De lo transcrito, se desprende que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que al enterarse que había un juicio en su contra, se apersonó a las oficinas de la Junta responsable, en donde le informaron que efectivamente, era demandado en el juicio de origen, y posterior a ello, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se presentó nuevamente en dichas instalaciones a absolver posiciones. Asimismo, de los autos del expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se desprende que a las nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia confesional ofrecida por la actora a cargo del codemandado ********************, compareció el hoy quejoso plenamente identificado y absolvió las posiciones que le fueron formuladas. Posteriormente, seguida la secuela procesal del juicio, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos se leen: De lo anterior, se observa que el acto tildado de inconstitucional por la quejosa ha sido consentido, puesto que de sus manifestaciones, así como del acta levantada con motivo de la diligencia dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se acredita que se hizo sabedora del expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, seguido en su contra, lo que es razón suficiente para desvirtuar el carácter de tercero extraño al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.3o.C.T.20 L (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1850, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN EN EL QUE AÚN NO SE DICTA LAUDO [ALCANCE DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 67/2013 (10a.) Y 2a./J. 198/2008]. En la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que bastaba que antes de que se dictara sentencia el promovente del amparo tuviera conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, para que perdiera el carácter de extraño al juicio por equiparación, en cuyo caso estaría en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia. En congruencia con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, la Segunda Sala determinó que carecía del carácter de tercero extraño a juicio por equiparación quien se ostentara sabedor del procedimiento laboral seguido en su contra en cualquiera de sus etapas, hasta antes de la emisión del laudo, por estar en condiciones de imponerse de los autos y defender sus intereses. En ese orden de ideas, si durante la tramitación del juicio de amparo indirecto promovido contra la falta o el ilegal emplazamiento, el quejoso conoce de manera completa y exacta la existencia del procedimiento laboral de origen en el que aún no se dicta laudo, pierde su calidad de persona extraña a juicio por equiparación debiendo, en todo caso, impugnar las actuaciones relativas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado sólo se justifica en la medida en que en el juicio de origen ya no existan medios ordinarios de defensa para remediar la afectación adjetiva resentida, y en el supuesto planteado, en tanto no se dicte laudo, es posible para el demandado combatir la legalidad del emplazamiento a través del referido incidente de nulidad; de ahí que en aras de respetar la naturaleza extraordinaria del procedimiento de amparo, éste deba declararse improcedente." Además, apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Común, Constitucional, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Ahora, el carácter de tercero extraño al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo comprenden únicamente quienes no fueron emplazados o, aún siéndolo, no tuvieron la oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Lo que no acontece en la especie, pues al enterarse el inconforme del procedimiento del cual deriva el acto reclamado, se apersonó al mismo y planamente identificado absolvió posiciones en la audiencia pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, toda vez que conoció los datos de identificación del juicio natural, como lo es el nombre de la junta responsable, el número de juicio y su naturaleza y el nombre de la parte actora; es inconcuso que estuvo en aptitud de alegar lo que a su interés estimara conveniente, incluso, hacer valer los medios de impugnación correspondientes. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 50, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000 que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, por las razones que contiene, es igualmente aplicable la jurisprudencia 67/2013 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII de numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA EN ESTUDIO, únicamente respecto del acto consistente en el emplazamiento al expediente ********************del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, promovido en su contra por ********************atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL LAUDO. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado consistente en: ".El Laudo dictado el 09 nueve de septiembre del 2022, al resolver los autos del expediente laboral ********************" Este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver sobre tal aspecto, en acatamiento a la jurisprudencia 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta obligatoria conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, aplicable al caso concreto por las razones jurídicas que la sustentan. En efecto, dicha jurisprudencia establece que cuando se reclame en amparo indirecto la falta o ilegalidad del emplazamiento por parte de un tercero extraño a juicio por equiparación, así como el laudo respectivo, se debe atender a dos supuestos: a) Que carezcan de definitividad; o b) Que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de la sentencia, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal, pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos a la sentencia definitiva, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá sobreseer o negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tal jurisprudencia se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 9, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. En el caso concreto, el laudo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta responsable, es de carácter definitivo dado que contra dicha resolución, la Ley Federal del Trabajo no establece recurso alguno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que cause estado la presente determinación, se ordena remitir de inmediato los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, por así disponerlo el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ********************, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a********************, ********************, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en días y horas hábiles, en el entendido que las mismas serán de manera electrónica. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente en caso de que el mismo sea formado de manera física, y así de una manera más ágil haga uso de estás. El presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Notifíquese.

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