José Humberto Morales Treviño
Expediente 1055/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Humberto Morales Treviño
- José Humberto Morales Treviño y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Humberto Morales Treviño contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio del Titular de la Agencia Única Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Valladolid, Yucatán, demanda presentada con cuatro copias y un anexo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1055/2018-II. Ahora bien, lo procedente es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consiste en esencia en el oficio VAL-I-339/2018, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio del Titular de la Agencia Única Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante el cual solicita la comparecencia de la parte quejosa a fin de rendir su declaración ministerial y manifestar lo que a su interés legal corresponda, en autos de la carpeta de investigación FED/YUC/VALL/0000183/2018, con apercibimiento de multa, consistente en veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a un mil seiscientos doce pesos, moneda nacional; es decir, su naturaleza no atenta contra la libertad personal de la parte quejosa. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De los anteriores preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Asimismo, el segundo de los artículos en cita, establece que el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia respecto del oficio VAL-I-339/2018, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio del Titular de la Agencia Única Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante el cual solicita la comparecencia de la parte quejosa a fin de rendir su declaración ministerial y manifestar lo que a su interés legal corresponda, en autos de la carpeta de investigación FED/YUC/VALL/0000183/2018, con apercibimiento de multa consistente en veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a un mil seiscientos doce pesos, moneda nacional; es decir, su naturaleza no atenta contra la libertad personal de la parte quejosa. Lo anterior, como se dijo actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, toda vez que dicho apercibimiento no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que la obligada cumpla o no con la medida, o en su caso informe a la autoridad requirente la imposibilidad legal que tenga para cumplirla, así como que la autoridad judicial decida si ejecuta el apercibimiento, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se vaya a ejecutar; por tanto, hasta que se haga efectivo el apercibimiento y, se imponga, en su caso, la multa sería procedente el amparo. Lo anterior tiene sustento por analogía en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, visible en la página 2321, de la Décima Época, registro 2010813 del rubro y textos siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Humberto Morales Treviño contra el acto del Agente del Ministerio Público de la Federación en Auxilio del Titular de la Agencia Única Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Valladolid, Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alonso Román Cuevas Ocampo y Armando Peón Mier y Terán, en atención a lo señalado en la cuenta, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del precepto legal antes citado a las demás personas que menciona, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento del quejoso que se accede a su petición de que se les permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe. Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 1055/2018-II. Conste. Edith
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