Jose Humberto Martínez del Orbe
Expediente 1155/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Humberto Martínez del Orbe
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE PROCEDE A NOTIFICAR DEL ACUERDO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** contra el acto que reclama al Jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, consistente en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ****, que desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1155/2018-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado: El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente ***, que desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso. Ahora bien, la parte quejosa aduce que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como mencionan en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violado sus derechos contenidos en los artículos 1 y 17 constitucionales. Debe desecharse la demanda, bajo el marco legal de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En principio, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas , para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Asentado lo anterior, se atiende al texto de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, se circunscribe a los actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se advierte que la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sea de imposible reparación, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez de Distrito, lo que permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior, en virtud de que la cuestión de constitucionalidad de normas generales surgida en el procedimiento seguido en forma de juicio debe tener una ejecución de imposible reparación, esto es, los efectos legales y materiales producidos como consecuencia del acto de aplicación de la norma, deben afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el citado procedimiento seguido en forma de juicio por haberse consumado irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la procedencia del juicio de amparo en lo general, en consecuencia, cuando durante el procedimiento seguido en forma de juicio surjan cuestiones de constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo. Por ello, el acto que se combate en esta sede constitucional, consistente en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente ***, que desechó la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, no le depara perjuicio alguno a éste que pueda tener una ejecución irreparable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, toda vez que puede obtener una sentencia favorable. Y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando se afecten las defensas de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo. Es aplicable la tesis aislada sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, en virtud de que su contenido no se opone a las disposiciones vigentes, que dice: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, se hace extensivo el desechamiento anterior, respecto del artículo 71, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tildado de inconstitucional, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solo considerado en abstracto, tomando en consideración que el ordenamiento que aquí se impugna, tiene la característica de heteroaplicativo, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Al igual que la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-TIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que refiere y con facultades amplias a ****, en razón de que acreditó tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Isidro Fierro Villanueva, Secretario con quien actúa y da fe.
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