Jose Humberto Luna

Expediente 1140/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1140/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Jose Humberto Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del licenciado Antonio Méndez López, defensor público federal adscrito, designado con tal carácter del quejoso en este asunto. Al respecto, téngase al promovente dando cumplimiento a lo requerido en proveído de diez de octubre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar y por exhibida también el acta de visita con la que acredita que practicó visita carcelaria al quejoso José Humberto Luna, a quien le brindó la orientación y la asesoría jurídica sobre el presente juicio de amparo. Por otro lado, se tiene al defensor oficial de mérito, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en el escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; determinado en sesión celebrada el nueve de octubre del año en curso y 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 comunicado mediante oficio CCJ/ST/5919/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de octubre de dos mil veintitrés. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO Agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual designa al profesionista que patrocinará al directo quejoso en el presente juicio. En tal virtud, se tiene por designado al licenciado Antonio Méndez López, defensor público federal en lengua indígena chol, adscrito a este juzgado; por lo tanto, por conducto del actuario de la adscripción notifíquese personalmente a dicho servidor público la representación otorgada, así como los proveídos de veintidós y veintinueve de septiembre de esta anualidad y requiérase a fin de que en el término de diez días, exhiba el documento con el que acredite, al menos, la asesoría jurídica brindada al impetrante José Humberto Luna, mismo que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, esto es, la entrevista que tuvo con el quejoso y si en el caso, tiene algún medio de prueba que aportar dentro del presente juicio de amparo y formule los 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 alegatos que estime pertinentes en defensa del impetrante de amparo. En consonancia con lo precedente, se precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte la interpretación de ese precepto constitucional trasladado a la organización del sistema penitenciario, corresponde velar que los reos, tengan oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo, y se dará vista a su superior jerárquico de la omisión antes apuntada. Notifíquese personalmente al defensor público federal. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, asentada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que el quejoso José Humberto Luna, interpone recurso de queja contra el auto de veintidós del mes y año en curso, que desechó su demanda de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo que, una vez que sea realizada la designación de defensor o asesor jurídico en favor del quejoso, se ordenará remitir el presente expediente vía estafeta al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del citado recurso de queja. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por José Humberto Luna, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1140/2023-IV-2. DESECHAMIENTO POR TRASLADO Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, en relación con el 113 y 112, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en lo que refiere a la orden de traslado y su ejecución señalada por el promovente, por su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 2 Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, a fin de acreditar dicho aserto es pertinente señalar que en contra del acto reclamado, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, pues así lo dispone el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 3 Amparo indirecto 1140/2023 dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Se debe reiterar con mayor precisión, que el quejoso se duele de la orden de traslado y su ejecución. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 4 con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura.1 b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario2. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes3. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,4 y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 1 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. 3 Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. 4 "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.". José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 5 Amparo indirecto 1140/2023 51 de la ley nacional especial,5 y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,6 notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 5 "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". 6 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 6 De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente. Así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: ? La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. ? Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 7 Amparo indirecto 1140/2023 los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.7 Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la orden de traslado forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en su artículo 30, que se transcribe a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. 7 "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". "Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia.". "Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa.". José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 8 Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". Debe aclararse que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 9 Amparo indirecto 1140/2023 centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". En consecuencia, cuando las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de no atenderse de inmediato, provoquen dejar sin materia la petición, y se constituyan un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este orden de ideas, si la parte quejosa se duele de una posible orden de traslado a diversos centros de reclusión, tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, máxime que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 10 Sustenta el criterio planteado, la tesis8 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. 8 Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materia(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506 Tipo: Aislada José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 11 Amparo indirecto 1140/2023 Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 12 en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. También, merecen invocarse por el tema que analizan, la jurisprudencia y la tesis aislada, siguientes: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 13 Amparo indirecto 1140/2023 en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad..9 SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades 9 Décima Época, Registro: 2018548, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 14 jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.10 Como corolario, la demanda de amparo debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Al margen de lo anterior, este juzgado advierte otro motivo o causal que torna improcedente el amparo solicitado. En efecto, también se acredita la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la propia legislación, relativa al consentimiento tácito del acto, dado que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, fuera de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso reconoce que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, fue ingresado al centro federal en el que actualmente se encuentra interno, es decir, en esa data tuvo ejecución y se agotó dicho acto, y por ende se establece que a partir de esa fecha, tuvo conocimiento del último acto de ejecución de dicho acto, y estuvo en aptitud de combatirlo en la vía que ahora promueve. Por lo que, desde esa data, al veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés, en que se presentó la 10 Décima Época, Registro: 2018918, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h, Materia(s): (Común, Penal), Tesis: I.6o.P.133 P (10a.). José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 15 Amparo indirecto 1140/2023 demanda de amparo ante el juzgado, la cual dio origen al presente juicio, transcurrieron en exceso los quince días que tenía de plazo para ello, por lo que se determina que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea Así es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Es orientadora la tesis aislada de la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal con número de registro digital: 2023063, y con los siguientes datos de localización: Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada, del tenor literal siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 16 Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Lo hasta aquí expuesto no se opone a los criterios del José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 17 Amparo indirecto 1140/2023 Alto Tribunal, siguientes: ? Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.". ? Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.". ? Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.".; y, ? Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 18 FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados, pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula el traslado de los internos, así como la facultad de éstos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de él; de ahí que no José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 19 Amparo indirecto 1140/2023 resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. Cabe indicar que es menester invocar como hecho notorio, que en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió las quejas 36/2020 y 46/2020, de su índice, promovidas contra desechamientos de demandas de amparo indirecto interpuestas en contra de órdenes de traslado dictadas por autoridades administrativas, en las que la Primera Sala del Máximo Tribunal declaró infundadas las quejas y confirmó las determinaciones génesis, lo que se toma en cuenta como criterio orientador para considerar actualizada la causa de improcedencia en el presente asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia se desecha la demanda de amparo promovida por José Humberto Luna, para los efectos legales procedentes. DESIGNACIÓN DE DEFENSA Por otra parte, toda vez que el quejoso José Humberto Luna, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, "Cps- Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, se solicita a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro de un plazo de tres días, asigne un defensor para asistir al impetrante de mérito dentro del presente juicio de amparo, permitiéndole el acceso efectivo a la justicia y defensa adecuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2020495, Instancia: José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 20 Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Común, Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, que dice: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 21 Amparo indirecto 1140/2023 de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles [de aplicación supletoria a la Ley de Amparo]. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 22 la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 18:30:40 23 Amparo indirecto 1140/2023 relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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