José Humberto Garza Velez

Expediente 504/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • José Humberto Garza Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que José Humberto Garza Vélez, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el treinta y uno de agosto del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte agraviada para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiese allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    III.....De conformidad con el articulo 27 fracción II, inciso b) de la ley de amaro, notifico a la parte quejosa el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, por no haber acudido a recibir la notificación en comento de manera personal...

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 3479/2021, firmado electrónicamente por el Secretario del Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la queja número 95/2021, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja, promovido por JOSÉ HUMBERTO GARZA VÉLEZ, por las razones y para los efectos que se precisan en la parte final del último considerando de esta resolución." En tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos y acúsese el recibo a la superioridad. En estricto acatamiento a lo dispuesto por la superioridad, se deja insubsistente el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitido en este juicio y se procede a proveer sobre la admisión de la demanda conforme a derecho corresponda, prescindiendo de exigir el requisito de la firma electrónica al quejoso José Humberto Garza Vélez, en el contexto de la contingencia sanitaria y epidemiológica por la que atraviesa el país, conforme a lo expuesto en la resolución que se recibe. A continuación, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo promovida por José Humberto Garza Vélez, de la que se advierte que como autoridades responsables y actos reclamados, se señaló lo siguiente: Autoridades responsables: Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Unidad General de Investigación número 4. Ambos con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "A). La resolución mediante la cual decreta de legal la detención del quejoso, dictada dentro de la audiencia inicial de fecha 03 de mayo del presente año 2020, el C. juez de Control de la Región Cuarta de Distrito Judicial, en la carpeta procesal 63/2020. B). La medida cautelar, por el tiempo que dure el proceso, decretada en audiencia inicial de fecha 03 de mayo del presente año. C). El auto de vinculación de fecha 8 de mayo del presente año 2020, dictado por el C. juez de Control de la Región Cuarta de Distrito Judicial, en la carpeta procesal 63/2020. D). Respecto de la autoridad responsable el C. agente de Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Unidad General de Investigación número 4, con domicilio en su recinto oficial de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se fija como acto reclamado la solicitud de vinculación efectuada en audiencia inicial de fecha 3 de mayo del 2020, dentro de la carpeta procesal número 63/2020, ello sin que dentro de la carpeta de investigación número 264/2020, existieran datos de prueba suficientes y necesarios que acreditaran la posibilidad de que existiera probable participación del suscrito en la comisión del delito por el que formuló imputación." Por tanto, al examinar el escrito de demanda de derechos fundamentales, se advierte que el quejoso acude a esta instancia a reclamar la resolución dictada en la carpeta procesal 63/2020, dentro de la audiencia inicial de fecha tres de mayo de dos mil veinte, mediante la cual la juez de control responsable decretó de legal su detención, así como la medida cautelar impuesta dentro de esa actuación por el tiempo que dure el proceso; la solicitud efectuada por el representante social, dentro de la audiencia inicial celebrada el tres de mayo de dos mil veinte, para que el aquí amparista fuera vinculado a proceso y el auto de vinculación a proceso emitido en contra del doliente, en data ocho de mayo del año próximo pasado, dentro de la carpeta procesal 63/2020, por los hechos que la ley señala como los delitos de tentativa de homicidio y aquellos cometidos contra servidores públicos, perpetrados en agravio de las víctimas V. de J.E.M. y M.B.M. Ahora bien, de la certificación de cuenta, a la que se anexó copia certificada de las constancias a que se contrae la misma, se desprende que en el diverso juicio de amparo 516/2020-VI, del índice de este propio órgano de control constitucional, el quejoso José Humberto Garza Vélez, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Autoridades responsables: Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Unidad General de Investigación número 4. Ambos con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "A). La resolución mediante la cual decreta de legal la detención del quejoso, dictada dentro de la audiencia inicial de fecha 03 de mayo del presente año 2020, el C. juez de Control de la Región Cuarta de Distrito Judicial, en la carpeta procesal 63/2020. B). La medida cautelar, por el tiempo que dure el proceso, decretada en audiencia inicial de fecha 03 de mayo del presente año. C). El auto de vinculación de fecha 8 de mayo del presente año 2020, dictado por el C. juez de Control de la Región Cuarta de Distrito Judicial, en la carpeta procesal 63/2020. D). Respecto de la autoridad responsable el C. agente de Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrita a la Unidad General de Investigación número 4, con domicilio en su recinto oficial de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se fija como acto reclamado la solicitud de vinculación efectuada en audiencia inicial de fecha 3 de mayo del 2020, dentro de la carpeta procesal número 63/2020, ello sin que dentro de la carpeta de investigación número 264/2020, existieran datos de prueba suficientes y necesarios que acreditaran la posibilidad de que existiera probable participación del suscrito en la comisión del delito por el que formuló imputación." Como se aprecia, en dicho juicio el citado quejoso reclamó a las mismas autoridades la resolución dictada en la carpeta procesal 63/2020, dentro de la audiencia inicial de fecha tres de mayo de dos mil veinte, mediante la cual la juez de control responsable decretó de legal su detención, así como la medida cautelar impuesta dentro de esa actuación por el tiempo que dure el proceso; la solicitud efectuada por el representante social, dentro de la audiencia inicial celebrada el tres de mayo de dos mil veinte, para que el aquí amparista fuera vinculado a proceso y el auto de vinculación a proceso emitido en contra del doliente, en data ocho de mayo del año próximo pasado, dentro de la carpeta procesal 63/2020, por los hechos que la ley señala como los delitos de tentativa de homicidio y aquellos cometidos contra servidores públicos, perpetrados en agravio de las víctimas V. de J.E.M. y M.B.M. Constancias que el suscrito juzgador toma en cuenta como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme al segundo párrafo de su ordinal 2°, por referirse a actuaciones tramitadas en este órgano jurisdiccional. Se invoca al respecto, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Así como la tesis número I.14o.C.10 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, de la página 971, cuyo contenido es: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles precisa que los hechos notorios pueden ser invocados por el propio tribunal, aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes. Así, del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplica para los hechos en general, ya que la doctrina considera que son notorios para el tribunal los que tenga conocimiento por razón de su propia actividad; sin embargo, para que el Juez de Distrito pueda invocar en forma analógica como un hecho notorio, con base en las jurisprudencias publicadas en la página 13, de la Octava Época, Tercera Sala, Número 63, marzo de 1993, tesis 3a./J. 2/93, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y la tesis número XI.2o. J/22 visible en la página 93, de la Octava Época, Número 80, agosto de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." y "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.", un expediente o constancias que tiene a la vista a efecto de desechar una demanda de amparo debe, previamente, ordenar la certificación respectiva de aquellos expedientes o constancias que estima guardan relación íntima con la demanda de garantías que desecha y que, por razón de su propia actividad, son de su conocimiento, explicitando en la certificación relativa las características propias por las cuales considera que esas constancias inciden, o bien, son determinantes para argumentar acerca del desechamiento de dicha demanda, puesto que las resoluciones emitidas por dichos juzgadores, generalmente, son impugnables a través de los recursos que la propia Ley de Amparo establece y cuyo conocimiento, por lo general, corresponde al Tribunal Colegiado en turno, para quien no constituyen tales actuaciones del juzgador federal hechos notorios." En ese contexto, es pertinente hacer notar que el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." Así, la Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XI invocada, únicamente los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia de otro juicio de amparo. b) Que en ese juicio se haya emitido ejecutoria ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, b) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso; en contra de las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se precisa que esta hipótesis de improcedencia se está en presencia de la figura jurídica de la cosa juzgada, llamada en ese precepto legal como el estudio, tramitación y resolución en otro juicio de amparo. Para efectos de dicha causal, hay cosa juzgada cuando en otro juicio de amparo se haya resuelto, siempre y cuando se estudie la controversia principal o de fondo y que en el juicio posterior las partes sean las mismas y el acto reclamado haya sido analizado o estudiado en el primer amparo. La razón de ser de la improcedencia en comento, descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad; es decir, no se requiere juzgar dos o más ocasiones un mismo acto reclamado por el quejoso. En ese contexto, se concluye que en el presente asunto, se acreditan plenamente los supuestos de litispendencia previstos en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en esencia, la causa de pedir del agraviado en el juicio de amparo 516/2020-VI y en la demanda de derechos fundamentales que dio origen a este asunto, consiste en la resolución dictada en la carpeta procesal 63/2020, dentro de la audiencia inicial de fecha tres de mayo de dos mil veinte, mediante la cual la juez de control responsable decretó de legal su detención, así como la medida cautelar impuesta dentro de esa actuación por el tiempo que dure el proceso; la solicitud efectuada por el representante social, dentro de la audiencia inicial celebrada el tres de mayo de dos mil veinte, para que el aquí amparista fuera vinculado a proceso y el auto de vinculación a proceso emitido en contra del doliente, en data ocho de mayo del año próximo pasado, dentro de la carpeta procesal 63/2020, por los hechos que la ley señala como los delitos de tentativa de homicidio y aquellos cometidos contra servidores públicos, perpetrados en agravio de las víctimas V. de J.E.M. y M.B.M. Además, en el citado juicio de amparo 516/2020-VI, al resolverse el veinte de enero de dos mil veintiuno, se sobreseyó y, posteriormente, el veintitrés de febrero siguiente, causó ejecutoria la determinación. Por tener consideraciones aplicables al caso concreto, se invoca en sus aspectos sustanciales, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Primera Parte, XCIX, página 41, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Igualmente, resulta aplicable, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia I.6o.T. J/86, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, consultable en la página 1532 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Asimismo, la tesis XXI.1o.P.A.6 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 842 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "COSA JUZGADA REFLEJA. SI SE SOBRESEYÓ EN EL AMPARO POR NO HABERSE AGOTADO UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y ESTE MOTIVO NO HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO O SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN UN NUEVO JUICIO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se impugna el mismo acto, existen casos de excepción, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un nuevo juicio de garantías, siempre que esta determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se declara por sentencia ejecutoria que el acto reclamado: se consumó irreparablemente, cesaron sus efectos, se consintió o se determinó que no afecta los intereses jurídicos del quejoso, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio; en consecuencia, si se sobreseyó en el amparo por no haberse agotado un medio de impugnación y este motivo no ha sido revocado, modificado o superado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se actualiza la causa de improcedencia de cosa juzgada refleja en un nuevo juicio y, por tanto, procede el sobreseimiento con base en los artículos 73, fracción IV y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo que se intenta por esta vía, se actualiza plenamente la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que los actos reclamados fueron materia de otro juicio de amparo, en el que su fallo causó ejecutoria; además, ambos juicios son promovidos por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades responsables; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo que antecede la tesis I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En relación con lo anterior, cabe destacar que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, toda vez que de la sentencia terminada de engrosar el veinte de enero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 516/2020-VI, se advierte que se sobreseyó por cambio de situación jurídica, es decir, dentro de la carpeta procesal 63/2020, de origen, se llevó a cabo la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, en la que, entre otras cosas, una vez que el imputado consintió la aplicación del mismo se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso, por ello, se le impuso una sanción corporal total de cinco años de prisión por la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de tentativa de homicidio y aquellos cometidos contra servidores públicos, perpetrados en agravio de las víctimas V. de J.E.M. y M.B.M, así como una multa. En otro contexto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Manuel Contreras Aguilar y Gabriela González Lerma, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. R E S U E L V E : ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Humberto Garza Vélez. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 2778/2021, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por medio del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído que desechó su demanda de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 95/2021; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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