José Hugo Torres Omaña

Expediente 1930/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1930/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • José Hugo Torres Omaña

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa ***, mediante el cual solicita copia certificada del acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, expídanse y entréguense las copias certificadas que solicita, previo recibo que obre en autos, autorizando a las personas que mencionan en su escrito de cuenta, las cuales deberán presentarse con identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), la cual podrá ser cualquiera de las siguientes: credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, -ahora Instituto Nacional Electoral- cédula profesional, pasaporte y cartilla del servicio militar nacional, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Población. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; en consecuencia, hágase su devolución.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remite los autos del expediente 616/2019-IV del índice de este Juzgado y la copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 116/2019 de su estadística, interpuesto por la parte quejosa, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Puebla y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de ese Estado, por las razones expuestas en el considerando cuarto y sexto de la sentencia que se revisa y sexto de este fallo. TERCERO. Por las razones expuestas en el último considerando de este fallo, la Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE al quejoso, en contra del acto que atribuyó al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acontecido en el juicio laboral ***, de su índice." Acúsese de recibo al Tribunal de Alzada del testimonio de la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve y del cuaderno original del presente juicio de amparo. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del aludido recurso. Por lo tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de revisión, es procedente requerir su cumplimiento, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: ... Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del numeral transcrito, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, contra cuyo acto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo. En el entendido de que se le deberá correr traslado con copia de la ejecutoria de revisión, a fin de que advierta que el fallo protector se concedió para los efectos señalados en el último considerando de la citada resolución. "(.) Este órgano revisor impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso para los siguientes efectos: El tribunal de arbitraje responsable deberá dar respuesta al escrito que ante él fue presentado el día uno de marzo de dos mil diecinueve, con el objeto de procurar la ejecución del laudo en el expediente laboral *** de su índice. Asimismo, deberá instruir al servidor público facultado para ello para que notifique a las partes el acuerdo recaído a la referida promoción y personalmente al aquí quejoso, verificando que lleve a cabo todas las notificaciones dentro del término legal de tres días (.)" En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico del Tribunal responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de octubre de dos mil diecinueve.  Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de cuenta que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número ***. Ahora, una vez estudiada la demanda, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Así, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: *** De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Incluso, en relación con la improcedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *** Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa en su capítulo de antecedentes relató que promovió un juicio laboral en contra de ***, el cual fue admitido a trámite y posterior a la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, su contraria *** interpuso incidente de nulidad de actuaciones, el cual, el trece de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado lo declaró fundado, todo esto, previo al dictado del laudo correspondiente en el expediente de origen. Con base en lo anterior, se concluye que la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil diecinueve en el incidente de nulidad de actuaciones derivado del expediente laboral ***, constituye un acto dictado dentro del juicio de origen que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Resulta aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que refiere: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. *** Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. *** Atento a lo anterior, contra las resoluciones que declaran fundado un incidente de nulidad de actuaciones, como en el caso concreto un expediente laboral, no procede el juicio de amparo bajo el paradigma de la nueva Ley de Amparo, ya para la expresión relativa a los actos de imposible reparación, ahora se debe entender "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." y como se ha quedado expuesto en párrafos anteriores, dicha resolución no alcanza a los derechos sustantivos antes mencionados. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución que ponga fin al referido procedimiento resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal -incidente de nulidad de actuaciones- sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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