Jose Hugo Raya Pizano
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Hugo Raya Pizano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito del Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en representación del Fiscal General del Estado y de la Directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en con el número de expediente 1131/2023 y en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la admitió (foja 16); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la parte quejosa reclama diversas omisiones y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por el quejoso son. Al Fiscal General del Estado de Michoacán: La instrucción dada a la Directora Jurídica y de Derechos Humanos adscrita a Fiscalía General del Estado, respecto del sentido contenido en el oficio FGE/DGJDH/688/2023. A la Directora Jurídica y de Derechos Humanos adscrita a Fiscalía General del Estado: El oficio FGE/DGJDH/688/2023, en el que se le negó proporcionarle información sobre si existe alguna carpeta de investigación instruida en su contra y/o en la que se le señale como probable autor o partícipe de algún hecho con apariencia de delito. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Fiscal General del Estado de Michoacán y la Directora Jurídica y de Derechos Humanos adscrita a Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado adujeron que eran ciertos los actos reclamados (fojas 25 y 28). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó la quejosa a su demanda de amparo, consistente en el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintitrés así como en el oficio FGE/DGJDH/688/2023. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las responsables al rendir su informe justificado, adujeron que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, bajo el argumento de que la parte quejosa adujo en su demanda que se violó en su perjuicio el derecho de petición al no habérsele otorgado la información que solicitó; sin embargo, no refirió haber tenido intervención como imputado en alguna carpeta, ni tampoco haber sido entrevistado por el Agente del ministerio público encargado de carpeta alguna, ni mucho menos que se encuentra detenido, lo que revela que únicamente tiene la sospecha de tener la calidad de imputado. El anterior planteamiento debe desestimarse, porque los motivos que invoca para considerar que debe sobreseerse el presente juicio de amparo, los hace derivar de aspectos que se relacionan con el estudio de fondo del asunto, pues el quejoso en sus conceptos de violación aduce, entre otras cuestiones, que la respuesta que dieron las responsables es incongruente con lo solicitado; lo que impide analizarlos. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 187973, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Ahora bien, toda vez que las partes no invocaron otra causa de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de una de ellas; lo conducente es realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en sus conceptos de violación, señala en esencia- que existe una violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las responsables no dieron respuesta de manera congruente a su escrito de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. A efecto de estar en posibilidades de saber si asiste razón a la parte quejosa, es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 8° de la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Ahora, para considerar que la autoridad cumplió con lo ordenado en el artículo octavo constitucional, lo primordial es que reciba el escrito de petición que le es dirigido de manera escrita, pacífica y respetuosa. Estas formalidades, de ninguna manera obligan a la autoridad para resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. El artículo 8° constitucional establece como garantía individual que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a lo que deberá recaer siempre un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, quien tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Precisado lo anterior, conviene recordar que, atento al derecho previsto en el artículo 8° constitucional, lo conducente era que las autoridades responsables, se pronunciaran en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; la respuesta tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Sirve de apoyo a los razonamientos vertidos, la jurisprudencia XXI.1º.P.A. J/27, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital 162603, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Una vez precisado lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa presentó ante las responsables escrito de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que solicitó: "[.] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 8, 17 y 20 de la Constitución Política di los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se me informe si existe alguna carpeta de investigación instruida en contra del suscrito y/o en la que se me le como probable autor o partícipe de algún hecho con apariencia de delito, así como el C. Agente del Ministerio público encargado de la misma Es procedente la solicitud de referencia pues se solicita información respecto del suscrito y no un tercero y el siguiente criterio jurisprudencial: [.] INFORMACIÓN RESERVADA. EL ACCESO AL INCULPADO A LA INFORMACIÓN RELATIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU INTEGRACIÓN, NO OBSTRUYE LA PREVENCIÓN O PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, POR LO QUE NO PUEDE NEGARSE BAJO DICHO SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Hechos: El quejoso realizó una petición en términos de los artículos 8o. y 20 constitucionales, en la que solicitó al Fiscal General de la República que de existir una averiguación previa o carpeta de investigación abierta en la que, en su caso, se le tuviera como probable responsable o sujeto a investigación, se le informara el número o identificación de ésta y la autoridad ministerial responsable de su integración. Ello, debido a que por información pública difundida en diversos medios de comunicación, supo que se le investigaba como probable responsable o partícipe en la comisión de hechos probablemente constitutivos de delito. Información que le resulta fundamental para ejercer sus derechos de audiencia y defensa adecuada. La responsable negó el otorgamiento de la información solicitada, bajo la hipótesis de reserva, en términos de los artículos 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; contra dicha determinación el quejoso promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acceso al inculpado a la información relativa para la identificación de la carpeta de investigación y la autoridad responsable de su integración, no obstruye la prevención o persecución de los delitos, por lo que no puede negarse bajo dicho supuesto previsto en el artículo 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Justificación: El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de defensa de todo imputado en un proceso penal, incluida, desde luego, la fase de investigación, y asegura su adecuado ejercicio mediante la afirmación expresa del derecho a ofrecer pruebas y a conocer los datos que sean necesarios para ejercerlo y que obren en el proceso. Por su parte, del diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente la víctima u ofendido, su asesor jurídico, el imputado y su defensor (estos dos últimos cuando se haya dictado auto de vinculación a proceso, o bien el imputado se encuentre detenido, sea citado para su comparecencia o sea sujeto a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista), podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones previstas en el mismo código y demás disposiciones aplicables. En este sentido, la reserva de información debe entenderse en relación con personas ajenas a la investigación, sin que el impedimento pueda hacerse extensivo al quejoso, que en el caso pudiera tener la calidad de imputado, en razón de la información que precisó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, lo que evidentemente son datos que conducen, al menos de manera indiciaria, a presumir una averiguación o carpeta de investigación. De ahí que la información solicitada no puede negarse bajo la hipótesis de que su publicación obstruye la prevención o persecución de los delitos, al no estar relacionada con la reserva de actuaciones o de los documentos que obran dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación; máxime que al tener el quejoso la calidad de imputado, constitucionalmente tiene el derecho de desvirtuar la imputación que exista en su contra, precisamente al permitirle conocer los datos que sean necesarios para ejercerlo y que obren en la indagatoria o carpeta de investigación, cuando sea citado a comparecer". [.]". En respuesta a dicho escrito, se emitió el oficio siguiente: Sin embargo, al contrastar lo solicitado por el quejoso y el contenido del oficio FGE/DGJDH/688/2023, este juzgador advierte que no hay congruencia, por lo que no pueden tenerse por satisfechos a cabalidad con los elementos del derecho de petición, pues aun cuando dieron respuesta al escrito presentado por el quejoso, no se pronunciaron de manera completa y congruente sobre lo que solicitó. Ello, porque contrariamente a lo resuelto por las autoridades responsables, el quejoso no solicitó el acceso a los registros de la carpeta que en su caso resultara ni información de persona diversa sino que únicamente pidió informes sobre la existencia de alguna investigación en su contra, así como la Agencia del Ministerio Público ante la cual se integra para estar en condiciones de hacer valer sus derechos, sin que hubiera sido atendida dicha petición. Aunado a que, tampoco expusieron las razones por las cuales no era aplicable el criterio en el que se apoyó el quejoso para su solicitud de información, sino que únicamente adujeron, en esencia, que el quejoso no se encontraba en los supuestos contenidos en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el imputado y su defensor puedan tener acceso a los registros de su investigación así como que dicha fiscalía tenía la obligación de garantizar el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, se advierte que las responsables han transgredido el derecho fundamental del quejoso previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber emitido una respuesta que atendiera de manera completa y congruente su petición. Por lo señalado, es dable afirmar que en la especie existe violación al derecho de petición que consagra el aludido artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio del quejoso. En consecuencia, al estar demostrada la violación del derecho aducido, atento el principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe resarcirse a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de que sea respetado el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Por tanto, se concede a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, realice lo siguiente: Dejen insubsistente en oficio FGE/DGJDH/688/2023. En su lugar, de inmediato dicten un acuerdo en el que den respuesta de manera congruente y exhaustiva, al escrito de cuatro de agosto del año en curso presentado por el quejoso, y proceda a notificarle de manera personal en el domicilio y forma proporcionados para ese efecto. En el entendido de que no se les constriñe a que provean de conformidad lo solicitado por el promovente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para los efectos señalados en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1131/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la parte quejosa formuló alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene a Marcela Isaura Barranco Guerra, como autorizada de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tal y como se advierte de la certificación secretarial que antecede, sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 213530. Por haber sido reconocida como autorizada en términos amplios de la parte quejosa, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de la citada autorizada mediante el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la citada ocursante, sin perjuicio de relacionarlos de nueva cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa a su escrito de cuenta. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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