José Hugo Martínez Cerezo

Expediente 428/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
428/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
15/07/2016

Partes del expediente

  • José Hugo Martínez Cerezo
  • Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    En quince de julio de dos mil dieciséis, doy cuenta con el estado que guardan los autos, y certifico que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso; toda vez que, fue notificada por lista el cinco de julio del presente año, por lo que surtió efectos al día siguiente, razón por la cual el término inició su cómputo el siete y feneció el once del mes y año que transcurren, sin contar los días nueve y diez de julio de la presente anualidad, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento realizado. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso (foja 445), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que se presentara ante este órgano jurisdiccional a ratificar la firma que calza el escrito recibido el veintiocho de junio último; por tanto, al no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se tiene por no presentado el mismo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 196 a 219), fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de cuatro de mayo del año en curso, dentro del toca de revisión R-74/2016, en la cual se concedió el amparo, para el efecto de que: ".Así pues, ante la ilegalidad del acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince, lo procedente es conceder la protección Federal solicitada para el efecto de que, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz: 1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado, únicamente por cuanto ve a la petición del actor, relativa a señalar el monto de las acciones embargadas; y 2. En su lugar dicte uno nuevo en el que dé respuesta congruente y fundada a dicha solicitud. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, al no impugnarse por vicios propios." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, estaba obligado a: Dejar insubsistente el acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil quince dentro del juicio ejecutivo mercantil 88/2011, únicamente por cuanto ve a la petición del actor, relativa a señalar el monto de las acciones embargadas; y en su lugar dictar uno nuevo en el que diera respuesta congruente y fundada a dicha solicitud. Ahora, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por oficio 219/2016-IX recibido el veinte de junio del año en curso, informó que mediante acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 88/2011, dejó insubsistente el proveído de veinte de mayo de dos mil quince, por cuanto hace al punto marcado con el número uno y en su lugar dictó el siguiente: "Boca del Rio, Veracruz, veinte de mayo de dos mil quince. Visto el escrito signado por José Hugo Martínez Cerezo, endosatario en procuración de la parte actora; agréguese a los autos, mediante el cual solicita: 1. Que atento a las consideraciones expuestas por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince, consistentes en: "PUES COMO YA SE EXPLICÓ AL INICIO DE ESTE PROVEÍDO, LA LEGISLACIÓN MERCANTIL REQUIERE PARA LA VENTA DE BIENES EMBARGADOS EL AVALÚOS DE DOS CORREDORES", considera que deja sin fundamento y motivación alguna el criterio adoptado por el suscrito en proveído de quince de abril del año pasado. Al respecto, indíquese al promovente que contrario a lo que aduce, el Tribunal de Alzada en el proveído de doce de mayo citado, únicamente determinó que el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de quince de abril de dos mil quince, fue mal admitido; por tanto, resulta inconcuso que la posición adoptada por el suscrito en acuerdo de quince de abril de dos mil quince, relativa a no adherirse a ninguna de las consideraciones planteadas por los corredores públicos respecto del valor de las acciones embargadas. 2. Ahora en relación con la solicitud consistente en que se señale el monto de las acciones embargadas, en congruencia con la sentencia definitiva, toda vez que ya se encuentran rendidos dos peritajes por corredores públicos, se provee lo siguiente: En párrafos que anteceden se indicó que la conclusión arribada en proveído de quince de abril de dos mil quince, quedó firme en virtud de que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince dictada en los autos del toca 14/2015 declaró mal admitido el recurso interpuesto por la parte actora. Luego, resulta conveniente mencionar la postura adoptada en dicho acuerdo que se itera quedó firme. a. Para sacar a remate las acciones embargadas, era necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, esto es, debía existir avalúo hecho por dos corredores; b. Tomando en consideración los avalúos desahogados en el juicio natural, no generan convicción para determinar como precio de las acciones, el valor asignado por los mismos, en virtud de que se emitieron con carencia de una de las bases elementales para saber la situación financiera de una empresa, ya que su fuente de información no era fidedigna; c. Después de valorar ambos peritajes, se indicó que la fuente de información sobre la cual los corredores públicos basaron su dictamen, no era fidedigna en razón de que los estados financieros de la empresa no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. d. Por lo que, se señaló, que el suscrito no podía adherirse ninguna de las conclusiones planteadas por los corredores públicos, sin que ello implicara que el valor de las acciones tuviera que ser el nominal. Así, resulta incuestionable que el suscrito no puede señalar el monto de las acciones embargadas, pues carece de elementos para arribar a dicha conclusión, ello en razón de que los peritajes rendidos en autos fueron desestimados porque se basaron en estados financieros de la empresa que no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. Lo anterior implica que la parte actora deberá iniciar de nueva cuenta el procedimiento el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, es decir, debe existir avalúo hecho por dos corredores; sin embargo, las partes deberán de vigilar que dichos avalúos se funden en premisas certeras como lo son los estados financieros de la empresa auditados y autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que así puedan estar en aptitud de determinar el valor de las acciones embargadas. Notifíquese personalmente y cúmplase" En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por lo que se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    En quince de julio de dos mil dieciséis, doy cuenta con el estado que guardan los autos, y certifico que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso; toda vez que, fue notificada por lista el cinco de julio del presente año, por lo que surtió efectos al día siguiente, razón por la cual el término inició su cómputo el siete y feneció el once del mes y año que transcurren, sin contar los días nueve y diez de julio de la presente anualidad, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento realizado. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso (foja 445), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que se presentara ante este órgano jurisdiccional a ratificar la firma que calza el escrito recibido el veintiocho de junio último; por tanto, al no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se tiene por no presentado el mismo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 196 a 219), fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de cuatro de mayo del año en curso, dentro del toca de revisión R-74/2016, en la cual se concedió el amparo, para el efecto de que: ".Así pues, ante la ilegalidad del acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince, lo procedente es conceder la protección Federal solicitada para el efecto de que, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz: 1. Deje insubsistente el acuerdo reclamado, únicamente por cuanto ve a la petición del actor, relativa a señalar el monto de las acciones embargadas; y 2. En su lugar dicte uno nuevo en el que dé respuesta congruente y fundada a dicha solicitud. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, al no impugnarse por vicios propios." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, estaba obligado a: Dejar insubsistente el acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil quince dentro del juicio ejecutivo mercantil 88/2011, únicamente por cuanto ve a la petición del actor, relativa a señalar el monto de las acciones embargadas; y en su lugar dictar uno nuevo en el que diera respuesta congruente y fundada a dicha solicitud. Ahora, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por oficio 219/2016-IX recibido el veinte de junio del año en curso, informó que mediante acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 88/2011, dejó insubsistente el proveído de veinte de mayo de dos mil quince, por cuanto hace al punto marcado con el número uno y en su lugar dictó el siguiente: "Boca del Rio, Veracruz, veinte de mayo de dos mil quince. Visto el escrito signado por José Hugo Martínez Cerezo, endosatario en procuración de la parte actora; agréguese a los autos, mediante el cual solicita: 1. Que atento a las consideraciones expuestas por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince, consistentes en: "PUES COMO YA SE EXPLICÓ AL INICIO DE ESTE PROVEÍDO, LA LEGISLACIÓN MERCANTIL REQUIERE PARA LA VENTA DE BIENES EMBARGADOS EL AVALÚOS DE DOS CORREDORES", considera que deja sin fundamento y motivación alguna el criterio adoptado por el suscrito en proveído de quince de abril del año pasado. Al respecto, indíquese al promovente que contrario a lo que aduce, el Tribunal de Alzada en el proveído de doce de mayo citado, únicamente determinó que el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de quince de abril de dos mil quince, fue mal admitido; por tanto, resulta inconcuso que la posición adoptada por el suscrito en acuerdo de quince de abril de dos mil quince, relativa a no adherirse a ninguna de las consideraciones planteadas por los corredores públicos respecto del valor de las acciones embargadas. 2. Ahora en relación con la solicitud consistente en que se señale el monto de las acciones embargadas, en congruencia con la sentencia definitiva, toda vez que ya se encuentran rendidos dos peritajes por corredores públicos, se provee lo siguiente: En párrafos que anteceden se indicó que la conclusión arribada en proveído de quince de abril de dos mil quince, quedó firme en virtud de que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince dictada en los autos del toca 14/2015 declaró mal admitido el recurso interpuesto por la parte actora. Luego, resulta conveniente mencionar la postura adoptada en dicho acuerdo que se itera quedó firme. a. Para sacar a remate las acciones embargadas, era necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, esto es, debía existir avalúo hecho por dos corredores; b. Tomando en consideración los avalúos desahogados en el juicio natural, no generan convicción para determinar como precio de las acciones, el valor asignado por los mismos, en virtud de que se emitieron con carencia de una de las bases elementales para saber la situación financiera de una empresa, ya que su fuente de información no era fidedigna; c. Después de valorar ambos peritajes, se indicó que la fuente de información sobre la cual los corredores públicos basaron su dictamen, no era fidedigna en razón de que los estados financieros de la empresa no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. d. Por lo que, se señaló, que el suscrito no podía adherirse ninguna de las conclusiones planteadas por los corredores públicos, sin que ello implicara que el valor de las acciones tuviera que ser el nominal. Así, resulta incuestionable que el suscrito no puede señalar el monto de las acciones embargadas, pues carece de elementos para arribar a dicha conclusión, ello en razón de que los peritajes rendidos en autos fueron desestimados porque se basaron en estados financieros de la empresa que no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. Lo anterior implica que la parte actora deberá iniciar de nueva cuenta el procedimiento el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, es decir, debe existir avalúo hecho por dos corredores; sin embargo, las partes deberán de vigilar que dichos avalúos se funden en premisas certeras como lo son los estados financieros de la empresa auditados y autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que así puedan estar en aptitud de determinar el valor de las acciones embargadas. Notifíquese personalmente y cúmplase" En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por lo que se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito de José Hugo Martínez Cerezo; sin embargo, tomando en consideración que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notoriamente a aquélla que estampó en la demanda de amparo, requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este órgano judicial debidamente identificado (con una copia de la misma) a ratificar la firma que calza el escrito de referencia, con apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vistas a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas" Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 219/2016-IX signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, a través del cual manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, se provee con relación al cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo: El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por oficio 219/2016-IX recibido el veinte de junio del año en curso, informó que mediante acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 88/2011, dejó insubsistente el proveído de veinte de mayo de dos mil quince, por cuanto hace al punto marcado con el número uno y en su lugar se dictó el siguiente: "Boca del Rio, Veracruz, veinte de mayo de dos mil quince. Visto el escrito signado por José Hugo Martínez Cerezo, endosatario en procuración de la parte actora; agréguese a los autos, mediante el cual solicita: 1. Que atento a las consideraciones expuestas por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince, consistentes en: "PUES COMO YA SE EXPLICÓ AL INICIO DE ESTE PROVEÍDO, LA LEGISLACIÓN MERCANTIL REQUIERE PARA LA VENTA DE BIENES EMBARGADOS EL AVALÚOS DE DOS CORREDORES", considera que deja sin fundamento y motivación alguna el criterio adoptado por el suscrito en proveído de quince de abril del año pasado. Al respecto, indíquese al promovente que contrario a lo que aduce, el Tribunal de Alzada en el proveído de doce de mayo citado, únicamente determinó que el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de quince de abril de dos mil quince, fue mal admitido; por tanto, resulta inconcuso que la posición adoptada por el suscrito en acuerdo de quince de abril de dos mil quince, relativa a no adherirse a ninguna de las consideraciones planteadas por los corredores públicos respecto del valor de las acciones embargadas. 2. Ahora en relación con la solicitud consistente en que se señale el monto de las acciones embargadas, en congruencia con la sentencia definitiva, toda vez que ya se encuentran rendidos dos peritajes por corredores públicos, se provee lo siguiente: En párrafos que anteceden se indicó que la conclusión arribada en proveído de quince de abril de dos mil quince, quedó firme en virtud de que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en el resolución de doce de mayo de dos mil quince dictada en los autos del toca 14/2015 declaró mal admitido el recurso interpuesto por la parte actora. Luego, resulta conveniente mencionar la postura adoptada en dicho acuerdo que se itera quedó firme. a. Para sacar a remate las acciones embargadas, era necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, esto es, debía existir avalúo hecho por dos corredores; b. Tomando en consideración los avalúos desahogados en el juicio natural, no generan convicción para determinar como precio de las acciones, el valor asignado por los mismos, en virtud de que se emitieron con carencia de una de las bases elementales para saber la situación financiera de una empresa, ya que su fuente de información no era fidedigna; c. Después de valorar ambos peritajes, se indicó que la fuente de información sobre la cual los corredores públicos basaron su dictamen, no era fidedigna en razón de que los estados financieros de la empresa no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. d. Por lo que, se señaló, que el suscrito no podía adherirse ninguna de las conclusiones planteadas por los corredores públicos, sin que ello implicara que el valor de las acciones tuviera que ser el nominal. Así, resulta incuestionable que el suscrito no puede señalar el monto de las acciones embargadas, pues carece de elementos para arribar a dicha conclusión, ello en razón de que los peritajes rendidos en autos fueron desestimados porque se basaron en estados financieros de la empresa que no estaban auditados ni autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que no podía tenerse como cierta la información de estados financieros que no cumplieran con dicho requisito. Lo anterior implica que la parte actora deberá iniciar de nueva cuenta el procedimiento el procedimiento previsto en el artículo 1410 del Código de Comercio, es decir, debe existir avalúo hecho por dos corredores; sin embargo, las partes deberán de vigilar que dichos avalúos se funden en premisas certeras como lo son los estados financieros de la empresa auditados y autorizados por la asamblea general de accionistas, como lo disponen los artículos 19, 23 y 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que así puedan estar en aptitud de determinar el valor de las acciones embargadas. Notifíquese personalmente y cúmplase" Por otra parte, el Registrador Público de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, mediante oficio recibido el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, manifestó lo siguiente: "Que esta oficina registral a mi cargo, se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al fallo protector, consistente en la cancelación de la inscripción de escritura pública número sesenta y siete mil quinientos noventa, pasada ante la fe del Notario Público Número Cinco de la ciudad de Puebla inscrita bajo el folio mercantil número treinta y seis mii noventa y ocho asterisco dos (36098*2), en virtud que del análisis del historial registral, se desprende que con fecha siete de enero de dos mil diez, se llevó a cabo la inscripción del cambio de domicilio de la persona moral denominada 'Procesadora de Residuos Veracruzanos" SA de C.V., la cual trasladó su domicilio a Xalapa, Veracruz, con fecha siete de enero de dos mil diez, motivo por el cual se encuentra fuera de mi competencia para poder dar cumplimiento al fallo protector. Para lo cual adjunto al presente copia certificada del folio mercantil electrónico número 36098*2, en el cual consta lo antes mencionado." En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, se tiene al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, acusando recibo del oficio 1290-VC 2 del índice de este órgano jurisdiccional, con el cual fueron devueltas las copias certificadas en tres anexos que adjuntó al rendir su informe. Notifíquese y personalmente a las partes.

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