José Horacio Regalado Peña
Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Horacio Regalado Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese el oficio de cuenta signado por la Encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó al Juez de Control del órgano de su adscripción el veintiuno de febrero del año en curso, informa lo determinado en la audiencia intermedia celebrada el ocho de los actuales en la causa penal ************* del índice de dicho tribunal; ello, en virtud de que el diez de los actuales, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS AL TERCERO INTERESADO: Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por la Encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó al Juez de Control del órgano de su adscripción el veintiuno de febrero del año en curso, informa lo determinado en la audiencia intermedia celebrada el ocho de los actuales en la causa penal ******************** del índice de dicho tribunal. Ahora bien, de las manifestaciones hechas por la referida autoridad, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del numeral 61 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." De lo antes transcrito se desprende que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Así, que para tener por consentido un acto de autoridad es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del quejoso a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Carta Magna. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la legislación en comento, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la contradicción constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. En segundo término, lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga interés jurídico o legitimo para reclamar su derecho y que éste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se dé el acto concreto de aplicación; por ello, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, entre otras cuestiones, la afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento; en tanto que el acto se consiente de manera tácita o implícita cuando se realizan manifestaciones de voluntad. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene señalar que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca 68/2021-O del índice de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue al aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa. Ahora, de la información proporcionada por la autoridad oficiante a través del comunicado de cuenta, se advierte que: En audiencia intermedia de ocho de los actuales las partes solicitaron el procedimiento abreviado, el cual fue procedente y en él, se determinó que quedó acreditada la comisión del hecho que señala como delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de ******************, así como la plena responsabilidad del aquí quejoso *************** en su comisión. Por tal motivo, se dictó en contra del imputado sentencia condenatoria en la que se le impuso una pena privativa de libertad, el pago de una multa, se declaró que la reparación del daño se encontraba cubierta y se determinó lo procedente en relación con los beneficios que se le otorgaron. Esa determinación quedó firme ante la renuncia de las partes a su derecho a plantear recurso de apelación. En ese sentido, cabe mencionar que el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa, para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. De lo que se concluye que si el imputado solicitó el procedimiento abreviado, y con motivo de ello se emitió en su contra sentencia condenatoria, entonces consintió expresamente la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, la cual constituye el acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquella. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en virtud de lo antes resuelto, se ordena agregar únicamente para que obre en autos el escrito signado por el quejoso José Ignacio Regalado Peña, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por la Encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó al Juez de Control del órgano de su adscripción el veintiuno de febrero del año en curso, informa lo determinado en la audiencia intermedia celebrada el ocho de los actuales en la causa penal ******************** del índice de dicho tribunal. Ahora bien, de las manifestaciones hechas por la referida autoridad, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del numeral 61 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." De lo antes transcrito se desprende que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Así, que para tener por consentido un acto de autoridad es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del quejoso a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Carta Magna. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la legislación en comento, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la contradicción constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. En segundo término, lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga interés jurídico o legitimo para reclamar su derecho y que éste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se dé el acto concreto de aplicación; por ello, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, entre otras cuestiones, la afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento; en tanto que el acto se consiente de manera tácita o implícita cuando se realizan manifestaciones de voluntad. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene señalar que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca 68/2021-O del índice de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue al aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa. Ahora, de la información proporcionada por la autoridad oficiante a través del comunicado de cuenta, se advierte que: En audiencia intermedia de ocho de los actuales las partes solicitaron el procedimiento abreviado, el cual fue procedente y en él, se determinó que quedó acreditada la comisión del hecho que señala como delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de ******************, así como la plena responsabilidad del aquí quejoso *************** en su comisión. Por tal motivo, se dictó en contra del imputado sentencia condenatoria en la que se le impuso una pena privativa de libertad, el pago de una multa, se declaró que la reparación del daño se encontraba cubierta y se determinó lo procedente en relación con los beneficios que se le otorgaron. Esa determinación quedó firme ante la renuncia de las partes a su derecho a plantear recurso de apelación. En ese sentido, cabe mencionar que el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa, para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. De lo que se concluye que si el imputado solicitó el procedimiento abreviado, y con motivo de ello se emitió en su contra sentencia condenatoria, entonces consintió expresamente la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, la cual constituye el acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquella. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en virtud de lo antes resuelto, se ordena agregar únicamente para que obre en autos el escrito signado por el quejoso José Ignacio Regalado Peña, mediante el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo.
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