José Horacio Moncayo Mendoza

Expediente 804/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
804/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2018

Partes del expediente

  • José Horacio Moncayo Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la **; téngasele acusando recibo de comunicado y anexos al mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de nueve de agosto de la presente anualidad, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de destrucción. Relevancia documental.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Ténganse por recibidos el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con los que informa que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada; acúsese el recibo de estilo a la superioridad y con apoyo en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en mención. Ahora, del examen de la demanda de amparo se advierte que resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En ese sentido, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado precisado al inicio del presente acuerdo, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si el solicitante de la tutela constitucional reclama el proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del juicio mercantil ejecutivo ***, en la que confirmó el diverso proveído en el que se le previno a fin de señalará expresamente la clave de la identificación oficial (IFE o INE) de la parte actora, debiendo anexar copia simple de dicho documento, previo a resolver sobre la admisión de la demanda; lo que se corrobora del análisis integral a las constancias del juicio natural, las cuales se tienen a la vista, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Ello en virtud de que, la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil dieciocho, únicamente, tiene como consecuencia que el quejoso deba cumplir con lo requerido, a fin de que se admita el trámite de origen. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Por otra parte, este juzgado de Distrito advierte la actualización de una diversa causa de improcedencia respecto del acto reclamado, tal como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6° de la Ley de Amparo, establecenentre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Por otro lado, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, conviene recordar que el acto reclamado consiste, en síntesis, en el proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del juicio mercantil ejecutivo ***, en el que confirmó el diverso proveído en el que se le previno a fin de señalará expresamente la clave de la identificación oficial (IFE o INE) de la parte actora, debiendo anexar copia simple de dicho documento, previo a resolver sobre la admisión de la demanda. Bajo esa tesitura, se estima que el acto reclamado no causa algún perjuicio o agravio actual a los ahora quejoso, que les permita la promoción del juicio de amparo, porque de cumplir el quejoso con el requerimiento que se le realizó, existe la posibilidad de que se admita el trámite de origen y obtengan una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclaman. En caso contrario, es decir, de no admitirse a trámite la demanda de origen, sería hasta entonces cuando podría causarle un perjuicio que podrá recurrir en vía constitucional, previa la preparación correspondiente, pues la no admisión del procedimiento de origen se encuentra supeditada a la conducta adoptada por el aquí quejoso, así como a la decisión que tenga a bien tomar el Juez responsable en caso de que se cumpla o no la prevención que se le realizó al quejoso, derivada de la resolución aquí reclamada; por tanto, se estima que el acto reclamado no irroga afectación a la parte promovente del amparo, y consecuentemente, no se actualiza lo dispuesto en el artículo 6° de la ley de la materia. Bajo esa tesitura, se estima que el auto combatido, no causa algún perjuicio o agravio actual a la ahora parte quejosa, que le permita la promoción del juicio de amparo porque la prevención pudiere o no cumplirla; en caso de no ser así y se le hiciera efectivo el apercibimiento, sería hasta entonces cuando podría causarle un perjuicio que podrá recurrir en vía constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable las causas de improcedencia previstas en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6°, aplicadas a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y como se anticipó, con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda, y autorizados. Tomando en consideración que al oficio de cuenta se anexan los autos del expediente ***, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, es por lo cual, de momento, se ordena guardar en la secretaría de este juzgado de Distrito para su debida guarda y custodia, salvo el sobre que contiene un pagaré valioso por la cantidad de *** el cual se ordena entregar al Secretario encargado para su guarda y custodia en la caja de seguridad de este Juzgado de Distrito, así como realizar su registro en el libro correspondiente. Se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.

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