José Homero González González

Expediente 933/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
933/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • José Homero González González

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y en los términos en que se solicitan, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, expídanse las copias a que se hace referencia, previa razón de entrega que se asiente en autos para constancia legal. Por otra parte, visto el estado que guarda el juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de tres de enero de dos mil veinte, se recibió el oficio número SF/DJTAIP/3728/2019, suscrito por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el cual informó que esa dependencia programó el pago que le corresponde al quejoso Humberto Jesús Flores Romero, derivado de la interlocutoria de tres de octubre de dos mil diecinueve, para los últimos cinco días hábiles del mes de noviembre de dos mil veinte, sin que hasta este momento se tenga noticia si ese numerario ya se encuentra a disposición del agraviado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, informe si ya se encuentra autorizado el pago que le corresponde al quejoso por la cantidad de 1,243,082.01 (un millón doscientos cuarenta y tres mil ochenta y dos pesos 01 M. N.) derivado de la interlocutoria de tres de octubre de dos mil diecinueve; o bien, informe el impedimento legal que se tenga para ello; apercibido que de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos moneda nacional) equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México. Finalmente, comuníquese este auto al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, dentro del incidente de inejecución de sentencia 3/2020, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por José Homero González González, contra actos de los Agentes del Ministerio Público Orientadores adscritos a la Unidad de Atención Inmediata, con sede en esta ciudad, regístrese en el libro respectivo bajo el número 933/2020-IX. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, pues se advierte una causa manifiesta e indudable de la improcedencia de la misma. En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En la especie, respecto de los actos de reproche consistentes en la omisión de los agentes del Ministerio Público Orientadores adscritos a la Unidad de Atención Inmediata, con sede en esta ciudad, para integrar la carpeta de investigación número RAC 686/2020, en relación a la denuncia presentada por la parte agraviada en contra de Erasmo Ruiz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, los actos reclamados se encuentran relacionados con la etapa de investigación inicial, donde el ministerio público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos, o en su caso, pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal, lo cual debe ser materia de análisis por un juez de control a través de los recursos ordinarios que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del citado ordenamiento legal, cuyo texto es: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces de control tienen una función de carácter cautelar que implica vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta, por lo que, jurídicamente está facultado para controlar los actos y revisar la conducta inactiva asumida por el ente ministerial con la finalidad de evitar actos discrecionales u omisiones prolongadas en la investigación. Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria por contradicción de tesis 233/2017, resolvió que en contra de las omisiones del ministerio público durante la investigación inicial, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendido agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Asimismo, la Primera Sala consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas; y por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, precisó que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; y que tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Destacó que los derechos de la víctima previstos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, de impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, se encontraban salvaguardados, en tanto que, el medio de defensa previsto en el citado artículo 258, resulta idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. En ese contexto, dado que las actuaciones del Ministerio Público, incluyendo las omisiones en que incurra en la etapa de investigación, son revisables ante el juez de control a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues previo a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar ese medio de defensa, el cual, genera un mayor beneficio a la parte quejosa en tanto que se resolverá al tenor de los principios de oralidad, publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación que rigen el Sistema Penal Acusatorio. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Materia Penal, Décima Época, que en su rubro y texto dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De igual manera, tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 28/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, Materia Penal, Décima Época, que en su rubro y texto dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Homero González González. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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