José Hipólito Sánchez Hernández

Expediente 912/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • José Hipólito Sánchez Hernández
  • Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Segundo Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio 15/2021, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual, remite el juicio de amparo 912/2019, y copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad 7/2020, de su índice; cuyo punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por José Hipólito Sánchez Hernández, por propio derecho, contra la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo indirecto 912/2019." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en relación al expedientillo que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto.  Se ordena el archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Depurable. Se establece que el expediente, principal y el cuaderno incidental ambos son depurables, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, EL CUADERNO PRINCIPAL POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, y EL CUADERNO INCIDENTAL POR HABERSE CONCEDIDO LA MEDIDA CAUTELAR. Plazo de conservación. Resguárdese los presentes cuadernos, juicio principal e incidental por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrense los cuadernos principal e incidental dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase el duplicado del cuaderno incidental dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de constancias. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 38 a 51), en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Hipólito Sánchez Hernández, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Efectos de ejecutoria de amparo Ahora, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: "IX EFECTOS DEL AMPARO 41. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección solicitados para que la autoridad responsable Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, única y exclusivamente respecto al aquí quejoso José Hipólito Sánchez Hernández; y, 2. Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, declare prescrita la facultad sancionadora para fincar responsabilidad al quejoso José Hipólito Sánchez Hernández, dentro del expediente de responsabilidad administrativa P.R.A./172/2015/DJ/DRA." Se requiere cumplimiento En tales condiciones, requiérase al Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Apercibimiento Lo anterior, bajo el apercibimiento, para el caso de incumplimiento sin causa justificada, con que se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que mediante oficio 33231/2019, de seis de diciembre de dos mil diecinueve, le fue remitida la sentencia de mérito. Se requiere a superior jerárquico Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del precepto transcrito, gírese atento oficio al Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala -como superior jerárquico- para que ordene al Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a cumplir con la ejecutoria de referencia; con el apercibimiento que de no demostrar que emitió dicha orden, dentro del mismo plazo -tres días-, se le impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que se atribuye a la autoridad requerida. Lo anterior, dado que el artículo 193, párrafo primero, de la legislación aplicable, prevé que ante el incumplimiento por parte de la responsable, este Juzgado hará el pronunciamiento respectivo, impondrá la multa que proceda y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el entendido, que no basta que dicho superior jerárquico emita un oficio en el cual gire una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se considere colmada su obligación en la etapa de ejecución de la sentencia de mérito protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de la sentencia protectora, pues de lo contrario, se hace acreedor a las sanciones previstas en la Ley de Amparo, esto es, imposición de multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, para que dentro del referido término -tres días- informen el nombre y apellido del titular que estará encargado de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Copias certificadas constancias En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Anotaciones SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    ÚNICO: La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a José Hipólito Sánchez Hernández, contra el acto reclamado precisado en el considerando IV, en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en los diversos VIII y IX, de esta sentencia.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia constitucional Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Contralor del Ejecutivo mediante acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 37). En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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