José Hipolito Aguilar Yañez

Expediente 1625/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1625/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • José Hipolito Aguilar Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el amparo en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha sentencia ha causado estado para los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es destruible pues se concedieron tanto la suspensión provisional como la definitiva (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a los establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa; asimismo, devuélvanse al Juez responsable las constancias que remitió como complemento de su informe justificado. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  2. Incidental

    MESA V ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan los oficios de cuenta, a través de los cuales el Juez y Ejecutor ambos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, rinde informe justificado y remite constancias a manera de complemento a su informe justificado. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que adjuntó la responsable; asimismo, dada su voluminosidad, manténganse por separado para su mejor manejo y resguardo. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta necesario precisar que en este sumario el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el citado expediente 385/2002, por el cual inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular el informe justificado que se acuerda este órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora bien, en el caso, como se indicó, el quejoso reclama el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el citado expediente 385/2002, por el cual inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, del informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, se advierte que mediante oficio 3012070X00/884/2019, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, informó al Juez de origen que las partes firmaron convenio en el cual Candelaria Castruita Limones, se dio por pagada de las pensiones reclamadas en los autos del expediente 385/2002. En esa tesitura, opera la causa de improcedencia indicada, toda vez que aunque subsiste el acto reclamado consistente en la el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el citado expediente 385/2002, por el cual inadmite el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dejó de existir su objeto o materia dado que el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa pretendía combatir la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas adeudadas en la que se condenó al impetrante. Esto es así, pues éste es un medio de control constitucional cuya finalidad es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado; por tanto, jurídicamente se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce del derecho violado, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno; dado que las partes firmaron convenio en el que Candelaria Castruita Limones, se dio por pagada de las pensiones reclamadas en los autos del expediente 385/2002., circunstancia que se corrobora con de la copia certificada del anexo remitido por el Juez responsable, específicamente en la foja 160, de donde se advierte el oficio 3012070X00/884/2019, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, Estado de México, informó al Juez de origen que las partes firmaron el aludido convenio. Así, es evidente que el entorno que existía cuando surgió el acto reclamado se ha modificado, razón por la cual, los efectos de aquél ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, novena época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual forma, resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las catorce horas con veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  4. Incidental

    MESA V INFORME PREVIO. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan los oficios de cuenta, a través de los cuales el Juez y Ejecutor ambos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, rinden informe previo; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental, conforme al diverso 144 del propio cuerpo normativo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

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