Jose Hilario Ruiz Estrada
Expediente 662/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Hilario Ruiz Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la tercero interesada, mediante el cual solicita se proceda al estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al respecto, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 178), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes hubiera ejercido ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".De lo narrado, se desprenden dos puntos importantes que tornan de inconstitucional la interlocutoria reclamada por el inconforme, el primero, que lo resuelto por la juez responsable se contrapone con la determinación que ésta misma, sostuvo al emitir el proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, en el que al dar respuesta a una solicitud de la ahora tercero interesada, la resolutora natural esencialmente precisó que respecto del punto relativo a requerir al demandado las llaves del bien inmueble en controversia, no era factible acordar favorable su petición, porque el juicio de origen versaba sobre la guarda y custodia derivada de alimentos y convivencias de sus menores hijos, y además, porque ante dicha juzgadora no se pactó la entrega de llaves del referido bien inmueble en los términos que solicitaba la actora, motivo por el cual, esa cuestión la dejó a salvo para que los hiciera valer ante la instancia correspondiente; razón por la cual, este juzgador federal, advierte que lo resuelto por la juez responsable en ese sentido, resulta contradictorio. Se robustece aún más la decisión que antecede, porque las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, se advierte que dicho auto no fue impugnado por la parte a quien en ese momento le afectó -la actora, ahora tercero interesada-, de ahí, que si la determinación que se sustentó en ese proveído -diez de agosto de dos mil diecisiete- no fue modificada, por consecuencia, debe seguir rigiendo, de ahí que si la juez responsable en la resolución interlocutoria reclamada, sostuvo lo contrario sin advertir el aspecto destacado, ello conlleva a establecer que lo resuelto en ese sentido, implica la revocación de una determinación previamente adoptada. El segundo aspecto que se desprende de lo resuelto por la responsable consiste en que si bien, el ahora quejoso se comprometió a ocupar el inmueble en controversia, únicamente por un corto periodo de tiempo -cuatro semanas- y al término de éste -sostuvo la autoridad responsable en la resolución reclamada-, se obligó a entregar dicho bien a la parte actora, lo que obviamente implica la entrega de las llaves que permiten el acceso a la señalada vivienda; lo cierto es que esto último, en modo alguno se convino expresamente en la referida cláusula cuarta del documento multicitado, de ahí que si la consecuencia lógica de desocupar el citado inmueble es la de entregar las llaves de éste -tal y como lo precisó la responsable-, del convenio mencionado no se desprende que las partes hubiesen pactado que al término de dicho plazo se entregaría a la actora Anabel Gallardo Díaz, las llaves del referido inmueble, por tal razón, la consideración que hizo la responsable en el sentido de que al entregar el bien inmueble conlleva de manera obvia la entrega de las llaves, no se actualiza en la especie, máxime, cuando ambos alegan en el juicio de origen tener la posesión y/o propiedad del mismo. Por lo tanto, si bien es cierto del contenido de la resolución reclamada, no se aprecia que la resolutora este constituyendo un derecho de propiedad en favor de la actora, implícitamente, le está otorgando la posesión del mismo, con el hecho de ordenar la entrega de las llaves del mismo, cuando -se insiste- en el convenio de referencia no se pactó expresamente esa circunstancia y de las constancias se aprecia que existe controversia en el sentido de que ambos refieren tener la posesión o propiedad del mismo, por ello, lo incorrecto de la decisión tomada por la jueza en la interlocutoria reclamada. En ese tenor, y al quedar debidamente acreditado, que la resolución que en esta vía se combate resulta incorrecta; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que atendiendo a la forma en que planteó los agravios el quejoso en su recurso de revocación y tomando en cuenta el contenido del convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, así como lo acordado en el diverso auto de diez de agosto del año mencionado, subsane los vicios apuntados en el cuerpo de la presente ejecutoria." Como puede apreciarse de la transcripción anterior, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, consideró que era incorrecta la decisión de la juzgadora responsable de resolver el recurso planteado en el expediente de origen, pues si bien de la resolución reclamada no se desprende que se constituya un derecho de propiedad en favor de la parte actora del juicio de origen, implícitamente le otorga la posesión de un bien inmueble al ordenar la entrega de las llaves del mismo, cuando en el convenio pactado entre las partes no se asentó dicha circunstancia, además de que en autos existe controversia en el sentido de que ambas partes aducen tener la posesión o propiedad de ese inmueble, por lo que concedió el amparo a la parte quejosa para efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emita otra conforme a los lineamientos expuestos en el cuerpo de la ejecutoria transcrita. Inconforme por dicha determinación, la tercero interesada interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 378/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mismo que fue resuelto en sesión de doce de abril de dos mil diecinueve, en la que se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la concesión del amparo. Así, por oficio 1174, de catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 160), remitió copia certificada del auto de trece del mes y año en comento, en la cual dejó sin efectos la resolución reclamada (fojas 163 y 164); y mediante diverso 1270, de catorce del mes y año referido (foja 168), remitió copia certificada de la interlocutoria emitida en el recurso de revocación que hizo valer la parte demandada -aquí quejosa-, en el expediente 370/2010, relativo a la controversia del orden familiar sobre la guarda, custodia y alimentos definitivos, en la cual determinó lo siguiente: (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.)" De la digitalización anterior se aprecia que la responsable en estricto apego a la ejecutoria de amparo, emitió una nueva resolución en la cual atendió los agravios del quejoso vertidos en su recurso de revocación, posteriormente, tomo en consideración el contenido del convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y lo acordado en auto de diez de agosto del mismo año, y al efecto, sostuvo que en el convenio celebrado por las partes no se estableció que a la conclusión de las cuatro semanas en que el padre custodio -aquí quejoso-, ocuparía dicho inmueble, este sería entregado a ANABEL GALLARDO DÍAZ -tercero interesada en el presente juicio de amparo-, por lo que la solicitud de la entrega de las llaves que permiten el acceso a esa vivienda no se encuentra pactada. En ese mismo tenor, refirió que en el proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, recaído al ocurso de ANABEL GALLARDO DÍAZ, se había indicado que no era factible su petición, dada la naturaleza del juicio de origen -controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos-; razón por la cual declaró procedente y fundado el agravio del ahora quejoso hecho valer en contra del auto dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber seguido los lineamientos precisados en ella, tal y como se expuso en los párrafos precedentes. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en la que tomara en cuenta los agravios del aquí quejoso expuestos en su recurso de revocación, el convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y el auto de diez de agosto del mismo año, emitido en el expediente de origen. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que tomo en consideración el contenido de las documentales precisadas. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formaron nueve anexos, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida diez de junio de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la tercero interesada, mediante el cual solicita se proceda al estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al respecto, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 178), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes hubiera ejercido ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".De lo narrado, se desprenden dos puntos importantes que tornan de inconstitucional la interlocutoria reclamada por el inconforme, el primero, que lo resuelto por la juez responsable se contrapone con la determinación que ésta misma, sostuvo al emitir el proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, en el que al dar respuesta a una solicitud de la ahora tercero interesada, la resolutora natural esencialmente precisó que respecto del punto relativo a requerir al demandado las llaves del bien inmueble en controversia, no era factible acordar favorable su petición, porque el juicio de origen versaba sobre la guarda y custodia derivada de alimentos y convivencias de sus menores hijos, y además, porque ante dicha juzgadora no se pactó la entrega de llaves del referido bien inmueble en los términos que solicitaba la actora, motivo por el cual, esa cuestión la dejó a salvo para que los hiciera valer ante la instancia correspondiente; razón por la cual, este juzgador federal, advierte que lo resuelto por la juez responsable en ese sentido, resulta contradictorio. Se robustece aún más la decisión que antecede, porque las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, se advierte que dicho auto no fue impugnado por la parte a quien en ese momento le afectó -la actora, ahora tercero interesada-, de ahí, que si la determinación que se sustentó en ese proveído -diez de agosto de dos mil diecisiete- no fue modificada, por consecuencia, debe seguir rigiendo, de ahí que si la juez responsable en la resolución interlocutoria reclamada, sostuvo lo contrario sin advertir el aspecto destacado, ello conlleva a establecer que lo resuelto en ese sentido, implica la revocación de una determinación previamente adoptada. El segundo aspecto que se desprende de lo resuelto por la responsable consiste en que si bien, el ahora quejoso se comprometió a ocupar el inmueble en controversia, únicamente por un corto periodo de tiempo -cuatro semanas- y al término de éste -sostuvo la autoridad responsable en la resolución reclamada-, se obligó a entregar dicho bien a la parte actora, lo que obviamente implica la entrega de las llaves que permiten el acceso a la señalada vivienda; lo cierto es que esto último, en modo alguno se convino expresamente en la referida cláusula cuarta del documento multicitado, de ahí que si la consecuencia lógica de desocupar el citado inmueble es la de entregar las llaves de éste -tal y como lo precisó la responsable-, del convenio mencionado no se desprende que las partes hubiesen pactado que al término de dicho plazo se entregaría a la actora Anabel Gallardo Díaz, las llaves del referido inmueble, por tal razón, la consideración que hizo la responsable en el sentido de que al entregar el bien inmueble conlleva de manera obvia la entrega de las llaves, no se actualiza en la especie, máxime, cuando ambos alegan en el juicio de origen tener la posesión y/o propiedad del mismo. Por lo tanto, si bien es cierto del contenido de la resolución reclamada, no se aprecia que la resolutora este constituyendo un derecho de propiedad en favor de la actora, implícitamente, le está otorgando la posesión del mismo, con el hecho de ordenar la entrega de las llaves del mismo, cuando -se insiste- en el convenio de referencia no se pactó expresamente esa circunstancia y de las constancias se aprecia que existe controversia en el sentido de que ambos refieren tener la posesión o propiedad del mismo, por ello, lo incorrecto de la decisión tomada por la jueza en la interlocutoria reclamada. En ese tenor, y al quedar debidamente acreditado, que la resolución que en esta vía se combate resulta incorrecta; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que atendiendo a la forma en que planteó los agravios el quejoso en su recurso de revocación y tomando en cuenta el contenido del convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, así como lo acordado en el diverso auto de diez de agosto del año mencionado, subsane los vicios apuntados en el cuerpo de la presente ejecutoria." Como puede apreciarse de la transcripción anterior, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, consideró que era incorrecta la decisión de la juzgadora responsable de resolver el recurso planteado en el expediente de origen, pues si bien de la resolución reclamada no se desprende que se constituya un derecho de propiedad en favor de la parte actora del juicio de origen, implícitamente le otorga la posesión de un bien inmueble al ordenar la entrega de las llaves del mismo, cuando en el convenio pactado entre las partes no se asentó dicha circunstancia, además de que en autos existe controversia en el sentido de que ambas partes aducen tener la posesión o propiedad de ese inmueble, por lo que concedió el amparo a la parte quejosa para efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emita otra conforme a los lineamientos expuestos en el cuerpo de la ejecutoria transcrita. Inconforme por dicha determinación, la tercero interesada interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 378/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mismo que fue resuelto en sesión de doce de abril de dos mil diecinueve, en la que se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la concesión del amparo. Así, por oficio 1174, de catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 160), remitió copia certificada del auto de trece del mes y año en comento, en la cual dejó sin efectos la resolución reclamada (fojas 163 y 164); y mediante diverso 1270, de catorce del mes y año referido (foja 168), remitió copia certificada de la interlocutoria emitida en el recurso de revocación que hizo valer la parte demandada -aquí quejosa-, en el expediente 370/2010, relativo a la controversia del orden familiar sobre la guarda, custodia y alimentos definitivos, en la cual determinó lo siguiente: (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.)" De la digitalización anterior se aprecia que la responsable en estricto apego a la ejecutoria de amparo, emitió una nueva resolución en la cual atendió los agravios del quejoso vertidos en su recurso de revocación, posteriormente, tomo en consideración el contenido del convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y lo acordado en auto de diez de agosto del mismo año, y al efecto, sostuvo que en el convenio celebrado por las partes no se estableció que a la conclusión de las cuatro semanas en que el padre custodio -aquí quejoso-, ocuparía dicho inmueble, este sería entregado a ANABEL GALLARDO DÍAZ -tercero interesada en el presente juicio de amparo-, por lo que la solicitud de la entrega de las llaves que permiten el acceso a esa vivienda no se encuentra pactada. En ese mismo tenor, refirió que en el proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, recaído al ocurso de ANABEL GALLARDO DÍAZ, se había indicado que no era factible su petición, dada la naturaleza del juicio de origen -controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos definitivos-; razón por la cual declaró procedente y fundado el agravio del ahora quejoso hecho valer en contra del auto dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber seguido los lineamientos precisados en ella, tal y como se expuso en los párrafos precedentes. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en la que tomara en cuenta los agravios del aquí quejoso expuestos en su recurso de revocación, el convenio de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y el auto de diez de agosto del mismo año, emitido en el expediente de origen. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que emitió el dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la que tomo en consideración el contenido de las documentales precisadas. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formaron nueve anexos, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios de cuenta y anexos, y con el diverso 1174 y anexos (fojas 160 a 164), dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios de cuenta y anexos, y con el diverso 1174 y anexos (fojas 160 a 164), dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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